Luke Taylor 31 de enero de 2023
@LukeStTaylor
La
legislación obligaría a las organizaciones a proporcionar registros financieros
al gobierno con la amenaza de prohibiciones por razones políticas o de
seguridad.
La
nueva legislación propuesta por el gobierno venezolano para regular a los
grupos de la sociedad civil mataría al último remanente funcional de la
democracia del país y lo acercaría un paso más a un estado policial,
advirtieron las principales ONG.
El proyecto de ley pasó su primera lectura en la legislatura del país el martes y, si se aprueba en una segunda lectura, obligará a las ONG a proporcionar al gobierno todos sus registros financieros para que sus agendas políticas y financiamiento puedan ser examinados.
Aquellos
que se consideren involucrados en actividades políticas o que pongan en peligro
la seguridad nacional serían prohibidos.
“Si
eres genuino y te dedicas al trabajo social y humanitario, ¿tienes algo que
temer?” dijo Diosdado Cabello, mano derecha del presidente y autor del
proyecto de ley, en una transmisión de la televisión estatal.
Pero
grupos humanitarios y de derechos humanos criticaron el proyecto, diciendo que
es un pretexto para tomar más control del país después de décadas de erosión
democrática bajo los regímenes de Nicolás Maduro y
su predecesor, Hugo Chávez.
“Si
esto fuera un estado normal con libertad de expresión, esta propuesta no nos
preocuparía”, dijo Rodrigo Diamanti, presidente de un Mundo Sin Mordaza (Sin
Mordazas), un grupo venezolano de derechos humanos. “Pero esto es Venezuela,
donde no hay libertad de expresión y somos perseguidos por nuestro propio
gobierno. Esta es simplemente otra fachada de legalidad para que impidan
que quien quiera exponga la verdad”.
Maduro
ha usado la represión estatal para aferrarse al poder mientras la economía del
país colapsaba y más de 7
millones de venezolanos huían de la hiperinflación rampante, el hambre y los
abusos a los derechos humanos .
Diamanti
dijo que la nueva ley era el último intento de intimidar a la sociedad civil
para que se callara, y muchas organizaciones temen seguir a Javier Tarazona,
director de la ONG Fundaredes, encarcelado desde
julio de 2021.
Al
proponer el proyecto de ley, Cabello destacó públicamente al principal grupo de
derechos humanos Provea y dijo que el gobierno tenía una lista de 62 ONG bajo
vigilancia.
Provea
le dijo a The Guardian que no podía comentar sobre el anuncio por temor a
represalias.
“La
libertad de expresión y tomar
el control de la TV y la radio fue la primera prioridad del régimen,
luego vino la persecución política, impidiendo
que los candidatos se presentaran a los cargos . Lo que queda por
tomar el control absoluto es la sociedad civil”, dijo Diamanti.
El
trabajo de la sociedad civil se ha vuelto más importante a medida que el
gobierno venezolano ha tomado medidas enérgicas contra la libertad de
prensa. Su trabajo a menudo forma la base de informes de organizaciones
internacionales como la ONU, que
concluyó el año pasado que el gobierno venezolano estaba usando su
ejército para sofocar sistemáticamente la disidencia a través de abusos contra
los derechos humanos.
Su
investigación también es utilizada por la corte penal internacional (CPI),
que investiga
al gobierno venezolano por presuntos crímenes de lesa humanidad .
“El
régimen está convirtiendo a Venezuela en otra Corea del Norte donde es
imposible sacar nuestra información fuera del país y la realidad de los
millones que están sufriendo”, dijo Diamanti.
La ley
también podría usarse para evitar que grupos humanitarios operen para que el
control de alimentos y medicinas pueda usarse con fines políticos, advirtió.
Hace
cuatro años, el gobierno de Maduro parecía inestable cuando más de 50 países,
incluido EE. UU., reconocieron al líder opositor Juan Guaidó como presidente
interino después de que la victoria electoral de Maduro fuera ampliamente
condenada como una farsa.
Pero
tras aferrarse al poder el dictador volvió a la esfera internacional en 2022,
cuando la necesidad de una alternativa al petróleo ruso tras la guerra en
Ucrania hizo más atractivo el crudo venezolano.
Con la
oposición venezolana en desorden, la mejor estrategia política del gobierno fue
permanecer callado, dijo Geoff Ramsey, director para Venezuela de la Oficina en
Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola).
Pero
las protestas latentes durante mucho tiempo estallaron nuevamente la semana
pasada cuando los trabajadores del sector público expresaron su descontento por
la hiperinflación de más del 200%.
“El
momento del proyecto de ley no es una coincidencia”, dice Ramsey. “Con
nuevas protestas, el gobierno está tomando medidas enérgicas contra la
disidencia”.
El
proyecto de ley también llegó pocos días antes de que el alto comisionado de la
ONU para los derechos humanos, Volker Türk, visitara Venezuela.
Türk
dijo a los periodistas en una conferencia de prensa en Bogotá que discutiría
temas clave de derechos humanos, incluida la nueva legislación, con el gobierno
venezolano, las ONG y la oposición.
“Es mi
deber plantear las cuestiones de derechos humanos al gobierno… y también
asegurarme de que la perspectiva de los derechos humanos sea fuerte y clara
cuando se trata de cualquier medida que tomen los gobiernos, particularmente
cuando se trata del espacio cívico”, dijo Türk.
El
gobierno no ha fijado una fecha para la segunda discusión del proyecto de ley,
pero los proyectos de ley similares generalmente se aprueban dentro de un mes
de la discusión inicial, dijo Provea a The Guardian.
Incluso
si no se aprueba, es probable que la amenaza de la nueva ley obligue a los
grupos de derechos humanos a guardar silencio, dijo Diamanti, quien huyó del
país luego de ser detenido por los servicios de inteligencia del país.
“Mi
temor es que ya tengan bajo vigilancia a todas estas ONG y hagan precisamente
lo que nos han hecho a nosotros”, dijo.
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