La corrupción la pagan los pobres, por @Rafaelvelozg

Rafael Veloz García 23 de marzo de 2023

@Rafaelvelozg

Cuando no existen instituciones fuertes que ejerzan vigilancia, la impunidad se convierte en la base sobre la que crecen los sistemas de corrupción. Y si la impunidad no es demolida, todos los esfuerzos por acabar la corrupción son en vano”, dijo en una ocasión Rigoberta Menchú, la líder indígena guatemalteca, Premio Nobel de La Paz y embajadora de buena voluntad de la Unesco. Esta lapidaria frase emerge como el espejo por el cual se mira el régimen de Nicolás Maduro, el cual se encuentra fracturado desde la semana pasada, por el fuerte impacto de una escandalosa y multimillonaria trama de corrupción en Petróleos de Venezuela (Pdvsa), cuyas raíces han quedado expuestas ante los venezolanos, quienes se encuentran indignados por sus gigantescas proporciones y por los jerarcas de la cúpula madurista involucrados en el hecho.

En suelo venezolano, con excepción de la legítima Asamblea Nacional electa en 2015, no existen instituciones. Los Poderes Públicos solo responden a las órdenes del Miraflores usurpado, incluyendo el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Fiscalía General de la República, por lo que la impunidad está garantizada ante hechos de corrupción que provienen del régimen. Lo antes expuesto puede sonar contradictorio, porque Maduro y sus funcionarios a través de su enorme y también corrupto aparato comunicacional quieren hacer ver que la detención de varias personas del entorno más cercano de Tareck El Aissami, el recunciante ministro de Petróleo, forma parte de una “lucha contra la corrupción”, lo cual no es cierto. La realidad es que nos encontramos en un escenario de corruptos en guerra por el botín de lo robado en Pdvsa.

Comencemos por lo primero. No ha existido hasta ahora una voz oficial que en forma veraz y oportuna se pronuncie sobre lo que sucede y no podemos esperar que esto suceda. Maduro, los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, así como Diosdado Cabello, no van a hablar sobre ello con la verdad ni tampoco van a poder endosar este caso a las sanciones de los Estados Unidos o a dirigentes de la oposición venezolana, como acostumbran, porque ahora sí estamos en medio de una guerra económica, pero en este caso entre ellos, entre delincuentes.

Por otro lado, son ellos mismos, a través de sus medios de propaganda, los que han revelado a los venezolanos que las detenciones y la persecución que ha desatado la Policía Nacional Anticorrupción en los ultimos días contra personas del más alto nivel del régimen, se debe a que se robaron hasta 3.000 millones de dólares procedentes de la venta del petróleo, dinero que no aparece por ningún lado en las arcas del Estado.
La explicación que han ofrecido medios maduristas, señalan que entre octubre y noviembre de 2022 Pdvsa vendió 120 millones de barriles de petróleo valorados entre 3.000 y 5.000 millones de dólares y que fue ahora cuando se percataron que ese dineral ni siquiera se había registrado. ¿Cómo se entiende eso?

Pero igual de grave es que este escándalo explota sencillamente porque esos 3.000 millones de dólares estaban destinados a la campaña electoral presidencial de Maduro, pero se esfumaron. Que quede claro, no eran 3.000 millones de dólares para paliar la grave crisis económica que asfixia a los ciudadanos del país.

Sin embargo, esa fue la primera versión que se ofreció, pero todo apunta a que lo saqueado es mucho más. La agencia informativa británica Reuters informó ayer que las cuentas por pagar a Pdvsa ascienden a 21mil millones de dólares. Reuters afirma que de US$ 25.270 millones de dólares en exportaciones de petróleo entre enero de 2020 y marzo de este año, Pdvsa solo pudo confirmar el pago de 4.080 millones de dólares en pagos, excluyendo los oscuros canjes con Cuba, por lo que con éxito solo cobró en ese lapso 16% de las exportaciones realizadas.

¿Y quiénes serían los corruptos? Voy a nombrar a algunos, para que se sepa bien que no son los chavistas de a pie, sino integrantes de su cúpula corrupta:

En primer término, Joselit Trinidad Ramírez, quien estaba al frente de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) y estrecho colaborador de El Aissami. Por la captura de ese sujeto, por cierto, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ofreció una recompensa de cinco millones de dólares, por considerar que está vinculado al narcotráfico. Dos jueces: el presidente del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Cristóbal Cornieles Perret y el juez Cuarto de Control, José Mascimino Márquez García, este último mano ejecutoria de la persecución política durante los últimos años en el país. En esta lista negra de bandidos aparecen dos militares vinculados a Pdvsa, que también ya fueron arrestados. Se trata del coronel Antonio Pérez Suárez y el teniente coronel José Agustín Ramos Chirinos. Igualmente el alcalde chavista de Las Tejerías en el estado Aragua, Pedro Hernández, que ha sido señalado como protector de bandas criminales que azotan a la ciudadanía, como la del Koki, y el abogado Jorwis Bracho Gómez de 41 años, quien fungía como juez Primero de Control del estado Falcón. El diputado y exministro Educación Universitaria, Hugbel Roa, otro cercano a la camarilla corrupta de El Aissami, también fue detenido. A este grupo hay que agregar a otros nueve que de manera extraoficial están siendo solicitados y cuyos nombres me reservo por ese motivo.

Como se aprecia, hay jueces, militares, alcaldes, un diputado, etc., en toda una red nacional de depredadores del erario publico nacional. Como dijo Juan Guaidó: “Ni en una serie de narcos hubo tanto descaro”

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En un país normal por este caso, la Asamblea Nacional ya debería estar en el proceso de abrirle un antejuicio de mérito a Maduro, porque hay que recordar que por mandato constitucional le corresponde administrar la Hacienda Pública, por lo que tiene responsabilidad política en la trama de corrupción de Pdvsa. Pero Venezuela no es un país normal, porque no hay forma de que se ejecute un proceso de esta naturaleza y que sea aprobado por el parlamento electo en 2015. De hecho, ya sucedió en 2018, cuando la legítima AN aprobó un antejuicio de mérito contra Maduro, por los hechos de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. Lo que tenemos es una Asamblea Nacional espuría, tras surgir de manera fraudulenta el 6 de diciembre de 2020, la cual no investiga nada por estar arrodillada a Maduro.

En un país normal, incluso un presidente con moral que se viera envuelto en semejante caso de corrupción, habría reunuciado, pero Maduro no lo hará. Lo que ha hecho, para distraer en vano la atención de los ciudadanos de la corrupción en Pdvsa, es atacar y arremeter contra Juan Guaidó y otros diputados de la AN 2015, lo que rechazó la Plataforma Unitaria Democrática en el día de ayer.

Frente a todo esto, ¿qué hacer? Actuar, con todos los mecanismos que podamos tener. En este momento se impone que nosotros como diputados electos por el pueblo, busquemos los medios para investigar cuál es la cantidad de lo robado en esta oportunidad en Pdvsa. Y digo en esta oportunidad, porque según un informe de Transparencia Venezuela esta ONG logró registrar 127 casos de corrupción en la estatal petrolera venezolana, que comprometieron 42 mil millones de dólares del patrimonio público del país. Y de esos casos, menos de la mitad no fue sujeta a investigación alguna.

Nos corresponde conectarnos con los organismos internacionales y países democráticos del mundo que luchan contra la corrupción, para que nos ayuden a detectar a dónde fueron a parar esos recursos y protegerlos, como hizo Juan Guaidó con los activos en el exterior durante su presidencia encargada. Ese dinero hay que rescatarlo, porque es del pueblo venezolano, que hoy sufre y pasa penurias con un salario mímimo mensual que no llega a los 6 dólares, lo que lo ubica como el peor de América Latina. Y es precisamente la corrupción la que ha generado la profunda crisis por la que atraviesa Venezuela, que golpea a los venezolanos por la pobre capacidad que tienen de adquirir alimentos y medicinas.

Leopoldo López, en ese trabajo tan importante de visibilizar lo que sucede en Venezuela, dio un paso al frente esta semana, al presentarse ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para denunciar las atrocidades cometidas por Maduro.

Para finalizar hay que destacar de nuevo que lo que hemos presenciado no es un acto del régimen por la justicia y por luchar contra la corrupción. Se trata, repetimos, de la lucha entre bandas criminales, de corruptos en guerra, ante un país saqueado y con su pueblo golpeado por el bajísimo poder adquisitivo que tiene. Bien lo dijo el papa Francisco: “La corrupción la pagan los pobres”, frase que hoy empleamos como título de este artículo.

Rafael Veloz García

@Rafaelvelozg

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