El Nacional 23 de marzo de 2023
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El alto comisionado, Volker
Türk y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos
sobre Venezuela no dejaron de referirse a las recientes protestas de los
sindicalistas, activistas sociales y trabajadores que exigen mejores
condiciones laborales y calidad de vida
Durante
el 52° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, el 21 de marzo se dio la actualización oral del alto comisionado,
Volker Türk, sobre la situación en Venezuela. El funcionario fue designado en
el cargo en septiembre de 2022, por lo que esta representa su primera
actualización sobre Venezuela en el ejercicio de su mandato.
La
Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre
Venezuela también presentó, el 22 de marzo, su actualización oral a cargo de su
presidenta, Marta Valiñas.
Presos políticos
Entre
otros puntos se destacó que «el sistema judicial venezolano continúa vulnerando
los derechos humanos de las personas detenidas», reseñó el Centro de Justicia y
Paz (Cepaz).
El
alto comisionado expresó que pese a la liberación de al menos 312 personas que
se encontraban detenidas, se siguen documentado otros casos de personas que
permanecen encarceladas incluso después de que se emitieron órdenes de
liberación, mientras que otras se encuentran ilegalmente en prisión preventiva
y otras detenidas arbitrariamente.
La
Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre
Venezuela recordó que, según reportes de la sociedad civil, 282 personas,
civiles y militares, se encuentran detenidas por motivos políticos.
«Además,
las personas detenidas e incluso sus familiares están siendo constantemente
amenazadas, son víctimas de represalias y encuentran dificultades y
restricciones para acceder a alimentos y tratamientos médicos. A juicio de la
misión, las reformas legales e institucionales relacionadas con el sistema de
justicia han sido insuficientes y han tenido una implementación muy limitada»,
señaló Cepaz.
Y en
el mismo sentido, tanto Türk como la misión coincidieron en la continuidad de
constantes violaciones del debido proceso de las personas detenidas en
Venezuela. Y denunciaron restricciones para contactar con abogados y
familiares, y que las audiencias judiciales son pospuestas sistemáticamente.
El espacio cívico y democrático en
Venezuela se encuentra amenazado
Los
representantes de la ONU mostraron preocupación sobre ataques, intimidación y
criminalización de las organizaciones de la sociedad civil venezolana. El alto
comisionado y la misión señalaron que existe un historial de normativas que
entorpecen el libre funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales.
En
febrero, la misión publicó un comunicado en el que señaló: «La ley sobre ONG
puede representar un punto de no retorno en el cierre del espacio cívico y
democrático».
Al
respecto, la misión advirtió en su actualización oral que decidió priorizar
este asunto como parte de las investigaciones bajo su tercer mandato.
Actos de persecución y criminalización
como política de Estado
Otro
de los puntos por los que el alto comisionado y la misión mostraron
preocupación fue el recrudecimiento de los ataques contra los medios de
comunicación, el bloqueo de páginas web y el cierre de emisoras y programas de
radio.
La
misión indicó que existe un profundo temor a manifestar por parte de la
población civil y una desmovilización de la disidencia política.
«Las
graves violaciones de los derechos humanos, la ausencia de investigaciones y la
falta de sanciones a los perpetradores ha producido un efecto inhibidor en los
distintos actores del espacio cívico y actores políticos. Como consecuencia de
ello han disminuido las protestas masivas y la represión se ha enfocado en los
actores de la sociedad civil, que son percibidos como opositores al gobierno»,
indicó Cepaz refiriéndose a la presentación oral de la misión.
El
alto comisionado y la misión no dejaron de referirse a las recientes protestas
de los sindicalistas, activistas sociales y trabajadores que exigen mejores
condiciones laborales y calidad de vida. Resaltaron la detención arbitraria de
dirigentes sindicales que han sido acusados de terrorismo, conspiración y
asociación para delinquir.
«Desde
el Centro de Justicia y Paz, y como parte de nuestro monitoreo continuo sobre
los casos de persecución y criminalización en Venezuela, mostramos nuestra
preocupación por la criminalización de la protesta a través de ataques
generalizados y castigos ejemplarizantes contra las personas que ejercen su
derecho a expresarse, manifestarse y exigir derechos. Solo en enero de este año
documentamos más de 187 casos de persecución y criminalización, de los cuales
71 corresponden a despidos injustificados de trabajadores del sector público
que participaron en protestas, 14 personas fueron detenidas por convocar o ser
parte de las protestas y 5 personas fueron hostigadas o amenazas por las mismas
razones», indicó la ONG.
Y
añadió: «Nos preocupa que en un contexto de protestas por el descontento social
y en un año previo a las elecciones, lo cual puede representar una amenaza de
pérdida del poder a través de la participación masiva y organizada de la
población, se profundice el ejercicio de los patrones y el número de víctimas».
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