Efecto Cocuyo 28 de marzo de 2023
@efectococuyo
Inseguridad
alimentaria, uso de fuerza excesiva durante
la represión a las protestas antigubernamentales y detenciones
arbitrarias son algunos de los señalamientos de informe 2022-2023 de
Amnistía Internacional contra el gobierno de Nicolás Maduro.
El
documento que se presentó este lunes 27 de marzo detalla sobre el uso de
«fuerza excesiva» contra las protestas que el año pasado incrementaron pero en
vez de políticas, han sido para exigir derechos sociales y económicos.
Según Amnistía, las manifestaciones son contrarrestadas con «medidas represivas» como el encarcelamiento de líderes sindicales, la persecución y el hostigamiento contra las organizaciones y activistas defensores de derechos humanos.
«Las
autoridades reaccionaron con tácticas represivas más selectivas (…) y
sistemáticas, como utilizar el sistema judicial para acallar la disidencia y
criminalizar a los defensores de derechos humanos», advirtió la organización
que defiende derechos humanos.
En su
informe anual, destacan que «los servicios de inteligencia y otras fuerzas de
seguridad, con la aquiescencia del sistema judicial, continuaron
deteniendo de forma arbitraria, torturando e infligiendo otros tipos de
malos tratos a las personas consideradas opositoras al Gobierno de Nicolás
Maduro».
Qué dijeron de los dirigentes sindicales
presos
Mencionaron
los casos de los dirigentes sindicales Néstor Astudillo, Reynaldo Cortés, Alcides
Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín y Gabriel Blanco, a quienes apresaron a
inicios de julio de 2022 y aún esperan por juicio.
También
hablaron de los informes de la Misión de la ONU de Determinación de los Hechos
sobre Venezuela.
«La
manipulación de su sistema judicial al objeto de proteger de la justicia a los
agentes de policía y los militares responsables de esos abusos, e identificaron
la cadena demando que vinculaba a los presuntos autores con el gobierno de
Nicolás Maduro. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional abrió una investigación
sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, la
primera de ese tipo que se llevaba a cabo en la región».
Sin acceso al agua
AI
remarcó que la «negligencia y la falta de mantenimiento continuaron reduciendo
el acceso de la población al agua», lo que motivó gran parte de las protestas
comunitarias que se sumaron al total de 7.032 manifestaciones de 2022, «muchas»
de la cuales terminaron con «represión y detenciones arbitrarias».
Citando
investigaciones de ONU y varias ONG locales, la organización reiteró que
existen violaciones de derechos humanos a mujeres, debido a la persistencia de
la penalización del aborto y a que no encuentran un enfoque de género dentro de
las instituciones del Estado cuando acuden a presentar denuncias.
Destacaron
que entre enero y septiembre de 2022, según ONG nacionales, hubo 199
femicidios.
Ejecuciones extrajudiciales, reina la
impunidad
Asimismo,
el escrito denuncia la persistencia de la impunidad en casos de presuntas
ejecuciones extrajudiciales, afectaciones en los derechos de los pueblos
indígenas -debido, entre otras razones, a la explotación minera por parte del
Estado-, así como una persecución contra activistas y defensores de DDHH.
«La
práctica de las detenciones arbitraria seguía siendo generalizada y, con
frecuencia, se infligía tortura u otros malos tratos bajo custodia. Las
autoridades también llevaban a cabo desapariciones forzadas de corta duración
como parte de ese patrón de violaciones de derechos humanos», añadió el
informe.
Mencionaron
que al menos 396 defensores y defensoras de los derechos humanos fueron objeto
de intimidación, estigmatización y amenazas por parte del gobierno.
Sobre
la inseguridad alimentaria destacaron que «en Venezuela, la mayor parte de la
población sufría inseguridad alimentaria y, según el Banco Mundial, el país
presentaba en agosto la tercera mayor tasa de inflación de los alimentos del
mundo».
Cierre de medios
El
documento habla del cierre de medios en países como Nicaragua y Venezuela, que
calificaron como arbitrarios. Mencionaron un total de 78 clausuras de emisoras
de radio hasta diciembre de 2022.
«La
empresa de telecomunicaciones Telefónica admitió haber recibido y cumplido
peticiones del gobierno de bloquear el acceso a varios sitios web e intervenir
líneas telefónicas sin orden judicial», dijeron sobre uno de los proveedores
privados de internet y telefonía móvil que operan en el país.
También
hicieron mención a la minería ilegal en el Arco Minero del Orinoco, que dejó el
año pasado la muerte del líder indígena Virgilio Trujillo Arana.
«No se
tuvo conocimiento de que se hubiera realizado ningún avance durante el año en
la investigación de su muerte», aseguró Amnistía.
Si
desea leer el informe completo haga click aquí
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