María de los Ángeles Graterol 22 de abril de 2023
Esta estrategia policial de
Estados Unidos es una respuesta política «anticipada» de la administración de
Joe Biden para controlar lo que el vencimiento del Título 42 podría significar
para las aspiraciones reeleccionistas del Partido Demócrata, de cara a las
presidenciales del 2024. Para activistas defensoras de los derechos de los
migrantes, el planteamiento estadounidense apunta a frenar la migración no en
la frontera EEUU-México, sino en el tapón del Darién y en otras regiones de
América Latina
La
migración es un fenómeno histórico; existe desde que existen las guerras, las
crisis económicas y los desastres naturales que obligan a la gente a huir de
sus países de origen; existe desde siempre. Detenerla, cuando 3,6% de la
población mundial es migrante, es decir, 281 millones de personas según la
Organización Internacional de las Migraciones (OIM), es imposible. Sobre todo cuando hacerlo implica
estrategias de contención con componentes policiales que más bien aumentan los
riesgos de abusos y violación de derechos humanos de estos grupos.
A mediados de abril, los gobiernos de Estados Unidos, Colombia y Panamá anunciaron que lanzarán una campaña de dos meses con «esfuerzos policiales» para acabar con el tráfico de migrantes por la peligrosa selva del Darién y reducir el flujo migratorio irregular. Katie Tobin, directora de Asuntos Transfronterizos de EE.UU no dio detalles porque no habían sido definidos. En conferencia de prensa telemática, solo dejó claro que «el enfoque va a ser en los actores criminales transnacionales, en los cárteles» que «son los mismos actores que mueven las drogas hacia corredores», pero ahora «están moviendo migrantes».
Maureen
Meyer, vicepresidenta para Programas de la Oficina en Washington para Asuntos
Latinoamericanos (WOLA), dijo a TalCual que lo
preocupante del anuncio trinacional es que los migrantes terminen más expuestos
a abusos por parte de las autoridades.
Si
bien los Estados tienen derecho a ejercer jurisdicción en sus fronteras
internacionales, también tienen la obligación de que la gobernanza en esas
fronteras se base en los derechos humanos.
«Dada
la criminalidad que existe en en el Darién, no está de más tener una presencia
mayor de elementos de seguridad. Existe una gran cantidad de delitos en la zona
que se tendrían que investigar. En eso sí sería bienvenido tener más presencia
de agentes de seguridad, pero preocupa que muchas de esas políticas lo que
hacen en realidad es impedir el paso de personas, frenando en muchos casos su
posibilidad de buscar protección en otro país,», explicó Meyer que, durante 14
años, dirigió una instancia de WOLA en México dedicada al análisis de políticas
de seguridad mexicanas y de Estados Unidos sobre seguridad fronteriza y
violencia por crimen organizado.
Un
informe binacional desarrollado por autoridades panameñas y colombianas en
coordinación con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur)
ubicó más de 13 puntos donde hay riesgo de reclutamiento forzado,
peligro por redes de trata de personas y tráfico ilegal y presencia de grupos
armados en las rutas que llevan desde diferentes regiones de Colombia hacia la
peligrosa selva.
Las
tres principales (Capurganá–Canaán Membrillo;
Capurganá–Carreto/Caledonia/Mamimulo; y Acandí–Bajo Chiquito) tienen una
duración de entre tres a siete días. Si se viaja con niños o ancianos la
travesía se puede extender de 10 a 15 días.
Un
monitoreo de protección fronteriza realizado por Acnur en Panamá señaló que 3
de cada 10 migrantes que cruzan por el Darién han experimentado algún tipo de
maltrato o abuso durante su viaje por la selva. Las formas más comunes
de agresión han sido el robo (37%), las estafas (38%); el abuso o maltrato
(36%) y amenazas físicas (18%).
«Se
estima un subregistro de los casos de violencia sexual, ligado al estigma
asociado a esta forma de violencia y los obstáculos que existen para reportar
el abuso a las autoridades», se lee en el documento. Médicos Sin
Fronteras le puso número a este último indicador: entre abril de 2021
y julio de 2022 se registraron más de 400 casos de abuso sexuales contra
migrantes en ese cruce migratorio. 120 ocurrieron solo en el primer semestre
del año pasado.
Rachel Schmidtke, abogada
para América Latina en la ONG Refugees International, explicó a TalCual que
debido a que las operaciones de los paramilitares y traficantes de personas en
esas rutas que conducen al Darién están «muy bien financiadas» y se han
convertido en «estructuras con mucho poder», sería muy difícil ir en contra de
esas organizaciones ilícitas que han evitado la justicia por años. La solución
debe ser otra, apuntó.
«Aunque
haya quizás la intención de reducir la cantidad de traficantes, de coyotes en
esta migración irregular, lo que sucederá no es solamente que la migración
continuará sino que se va a ir a rutas desconocidas. Cuando hay más
presencia militar o policial generalmente lo que sucede es que las rutas
conocidas se bloquean, lo que empuja a la gente a tomar otras más insegura y
aumenta el riesgo para los migrantes«, señaló la experta jurídica, quien
actualmente está trabajando en estrategias de incidencia en respuesta a las
crisis migratoria centroamericana y venezolana.
Anticipación
al vencimiento del Título 42
Con el
Título 42 —una normativa sanitaria aprobada por el expresidente estadounidense
Donald Trump— se autorizó la expulsión inmediata a México de migrantes de
varias nacionalidades, entre esos los venezolanos, que llegaban por la frontera
sur de forma ilegal. Desde el 2020 se les negó el derecho de solicitar asilo,
pero esa jurisprudencia llegará a su fin el 11 de mayo.
Schmidtke
consideró que la campaña policial es una respuesta «anticipada» de la
administración de Joe Biden para controlar lo que el término de esa norma
podría significar; sobre todo porque el próximo año se viene una campaña
presidencial de cara a las elecciones del 2024.
«Creo
que esto es una estrategia desde el gobierno estadounidense (…) para, en vez de
frenar la migración en la frontera EE.UU-México, frenarla en el tapón del
Darién o en otros lugares en América Latina y trabajar con los países de la
región para reducir o limitar las rutas por donde se puede migrar. Entonces,
considero que la idea es disminuir los números de personas que están llegando
por esa frontera porque políticamente para Biden se vería mal (ser tan
permisivo con los migrantes)», indicó.
Por su
parte, Maureen Meyer, quien ha trabajado estrechamente con varias
organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes en Latinoamérica,
consideró «curioso» que la duración de la campaña policial sea de 60 días, pues
es «justamente el período en el que se va a vencer el Título 42». Cree que hay
que verla como parte de todos los esfuerzos y negociaciones de la
administración del Partido Demócrata por reducir la migración irregular en el
continente.
«Es
importante resaltar, por ejemplo, que el papel de México va a ser fundamental
al cierre de Título 42. Hasta el momento, México también ha aceptado recibir a
personas de muchas más nacionalidades diferentes a la mexicana, expulsadas a su
frontera, y lo que está buscando y negociando EE.UU con ellos es
justamente cómo seguir devolviendo a personas no mexicanas a México. Esto
con el fin de poder remover o no tener en Estados Unido a personas de
países como Venezuela, donde EE.UU no tiene relaciones diplomáticas y a los
cuales sería muy difícil para ellos retornarlos», aseguró Meyer.
Entre
marzo de 2020 y enero de 2023, 2 millones 470 mil 821 migrantes de las
nacionalidades sujetas a la aplicación del Título 42 (Venezuela, Cuba, Haití,
Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras) fueron expulsadas a México. 78%
de ellos eran de Venezuela, de acuerdo con un análisis realizado por WOLA, a partir de datos registrados
por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP,
por sus siglas en inglés).
¿Cómo
darle solución a los migrantes con estatus irregular?
Los
problemas que causan la migración irregular son multifactoriales, por tanto,
para lograr soluciones, debe dársele un abordaje multidimensional. La
ampliación de las vías de acceso legal para esta población está entre
ellas, coinciden Meyer y Schmidtke. Para ello deben superarse los desafíos de
capacidad de atención a las solicitudes de asilo con más personal y más
financiamiento.
«Desde
Estados Unidos están hablando de mayores vías legales de migración, sin
especificar cuáles son, y lo que hemos visto en el caso del programa de parole
humanitario para gente de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití es que no es
suficiente para la gran cantidad de personas en necesidad. Tampoco muchas de
ellas califican para esa visa por las restricciones que tienen en cuanto a
documentación y por la necesidad de tener a alguien que les pueda apoyar en
EE.UU», cuestionó la integrante de WOLA.
Para
Meyer, debe haber también capacitación para agentes fronterizos respecto a cómo
entrevistar a personas y asegurarse de sus necesidades de protección para,
posteriormente, saber cómo referirlas a las agencias pertinentes.
Además
de una mejora en los servicios de protección en las zonas fronterizas —que
implica el fortalecimiento de la presencia estatal en zonas remotas del
Darién—, en paralelo debe haber intercambio y recopilación de
información de inteligencia entre los países involucrados para identificar en
qué partes hay mayor peligro, lo cual pasa, por ejemplo, por entrevistar a
migrantes que ya hayan hecho la ruta por la selva. Pero la parte comunicacional
tiene otras aristas.
Un
informe binacional de Panamá y Colombia sugirió hacer campañas masivas de
información con datos contundentes,»utilizando las redes sociales seguidas por
la población objetivo de los traficantes y otros medios
para alcanzar a las personas antes de que tomen su decisión y caigan en redes
de explotación». Esas campañas, se estableció, deberían empezar en los países
de salida, como Venezuela, Perú, Ecuador, etc.
En el
documento se resaltó como necesario ampliar los esfuerzos para que los
refugiados y migrantes puedan tener información práctica y útil acerca de
sistemas de asilo y otros mecanismos de protección existente en los países en
tránsito.
También en el
boletín «La protección de los refugiados y la migración mixta: Plan de
los 10 puntos en acción» se recomienda a los Estados animar a los transportistas
a adoptar códigos de conducta internos para tratar de forma diferencial a las
personas que, dentro de grupos de pasajeros no autorizados y sin documentación,
estén en búsqueda de protección internacional.
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