El Tiempo 23 de abril de 2023
@ELTIEMPO
Oposición a Maduro teme que
iniciativa termine dándole oxígeno político y económico al régimen
En la
hacienda presidencial de Hatogrande, al norte de Bogotá, empezó a
escribirse en la noche de este sábado el prólogo de la llamada ‘Cumbre de
Venezuela’, que a instancias del gobierno del presidente Gustavo
Petro y con la bendición de Washington se realizará este martes con la
participación de cancilleres de una veintena de países y de la Unión Europea.
En Hatogrande, Petro tenía programada su primera reunión con los opositores del régimen que, aunque no lo ven neutral frente a Maduro —le ha hecho ya cuatro visitas desde agosto, cuando asumió la Presidencia— también consideran, en su mayoría, que de Bogotá saldría una oportunidad de retomar los suspendidos diálogos de México y, sobre todo, de volver a posicionar el tema de la democracia en Venezuela en la parte alta de la agenda internacional.
Las
expectativas y la lectura de la realización de la Cumbre no son las mismas en
Caracas, Bogotá y Washington. Así, en Casa de Nariño la
presentan como una reafirmación de lo que el presidente Petro calificó, tras su
visita de esta semana a su homólogo Joe Biden, como la llegada de Colombia “al
centro, en un papel de liderazgo frente a los grandes problemas de la humanidad”.
Como
estaba cantado y como él mismo lo reiteró en campaña, Petro posicionó a Maduro
en el eje de su política internacional. En ese sentido, buena parte del
discurso internacional del Colombia ha estado centrado en ‘vender’ al régimen
con otra imagen, y eso pasa no solo por buscar el levantamiento de las
sanciones sino por lograr que parte de los centenares de millones de dólares
que cada año destina la comunidad internacional para la ayuda a los migrantes
que huyen de Venezuela, incluso, sean manejados por Caracas.
La
narrativa del régimen dice que la diáspora de más de 5 millones de venezolanos
se debe no a la crisis política, social y humanitaria y a la represión desatada
por el chavismo, sino a los efectos del bloqueo impuesto por Estados Unidos y
la Unión Europea. Colombia ha comprado esa historia y por eso en varios foros
internacionales el canciller Álvaro Leyva ha fustigado a los que llama
“enemigos de Venezuela”.
Hasta
ahora, el restablecimiento de las relaciones Bogotá-Caracas ha pasado por una
aún muy tibia reactivación de las relaciones comerciales y por el silencio
total frente a temas críticos como la protección de Maduro al Eln y las
disidencias de las Farc y, también, los nexos de fichas de ese Gobierno con los
narcos colombianos y la nula cooperación judicial para combatir las bandas de
delincuencia común y del narcotráfico que se mueven entre los dos países.
Ahora
bien, el gobierno Petro pretende tender puentes con una
oposición que, como lo destaca Catalina Lobo-Guerrero —autora del
libro Los restos de la revolución: Crónica desde las entrañas de una Venezuela
herida— lo ve con desconfianza, sobre todo por las “declaraciones y la actitud
del embajador en Caracas, Armando Benedetti”.
Con el
alto riesgo de que al final, como lo señala el internacionalista Rafael Piñeros,
se termine solo en una jugada para “subirle el perfil a un régimen dictatorial
para que sea admitido de nuevo en el escenario latinoamericano”, Estados Unidos
y los líderes de la oposición se han decidido por apostarle al pragmatismo y
por eso han apoyado la Cumbre.
¿Cómo
evitar que, como ya pasó, Maduro termine recibiendo oxígeno político —y esta
vez económico, de entrada más de 3.000 millones de dólares— a cambio de unas
nuevas elecciones amañadas, como las de 2018? Es la pregunta
que se hacen los representantes de los países que han aceptado la invitación.
La bendición de Biden
Aunque
la participación estadounidense se daba por descontada, la decisión de
Biden de enviar a varios de los hombres fuertes de su política hemisférica a
Bogotá puso de relieve el interés que le pone este gobierno demócrata a la
resolución de la crisis en el vecino país, al igual que las coincidencias con
el nuevo mandatario colombiano.
La
delegación estará integrada por Jon Finer, asesor adjunto en el Consejo de
Seguridad Nacional; Juan González, el asesor de Seguridad Nacional para el
Hemisferio Occidental, y el exsenador Chris Dodd, quien fue nombrado por Biden
como asesor especial para las Américas. Si bien no vendrá el secretario de
Estado, Anthony Blinken, sí es una delegación muy robusta y que le habla al
oído al Presidente estadounidense.
De
acuerdo con González, su gobierno está muy interesado en que la iniciativa
prospere, pues de allí podrían surgir impactos positivos para evitar que cada
día miles de venezolanos tengan que salir de su país, muchos de ellos en una
larga y peligrosa travesía por tierra hacia la frontera de México con Estados
Unidos.
Pero
en el fondo hay mucho más en juego, y la suma incluye cálculos políticos y
estratégicos. La administración Biden concluyó —y desde hace rato— que la
política de máxima presión y sanciones que se adelantó contra el régimen de
Nicolás Maduro durante el gobierno de Donald Trump no condujo a su salida del
poder y un retorno de la democracia.
Un
concepto en el que no estaban en sintonía con el gobierno del expresidente Iván
Duque y que, por el contrario, ha sido defendido por Petro en múltiples
escenarios.
En
entrevista con El Tiempo, González dejó claro que el levantamiento
de sanciones está sobre la mesa, aunque también advirtió que su eliminación no
será unilateral y depende de progresos concretos: el establecimiento de un
calendario electoral definitivo, un registro de votantes confiable,
verificación internacional al más alto nivel y garantías de participación para
todos los partidos. “Si estas bases se dan, entonces esa es una
conversación en la que queremos estar”, dijo.
Por
supuesto, ayudó el hecho de que el presidente Petro cambió de tono en su
aproximación: de exigir “cero sanciones” a cambio de “más democracia” pasó a
hablar de un proceso de dos vías en el que las sanciones se podrían levantar en
la medida que se vayan cumpliendo las exigencias de Estados Unidos.
Eso,
en gran medida, es lo que se va a discutir en la conferencia. Para la
administración Biden, además, sería un gran triunfo convertirse en el gobierno
que condujo a un proceso electoral reconocido por las partes y amparado por la
comunidad internacional.
Aunque
saben que los republicanos, especialmente los de origen cubano americano, están
en contra de levantar sanciones a Maduro, también creen que el impacto
político y electoral en Florida es casi un costo ya asumido, dados los
resultados de las votaciones de los últimos años.
Para
Eric Langer, profesor de la Universidad de Georgetown, también hay otro
elemento en juego. “Biden está siendo pragmático. Saben que con el embargo al
gas y el petróleo de Rusia (que va para largo) necesita el petróleo de
Venezuela. Se vuelve un tema se seguridad nacional energético. Y es parte de
una estrategia de más alcance que incluye hacerle contrapeso a China en la
región y asegurar los recursos de Latinoamérica”, señala.
Pero
que sea una jugada pragmática, dice Langer, no significa que sea la adecuada.
Asegura que Estados Unidos estaría legitimando un proceso que nunca será
transparente, pues Maduro ha dado muestras suficientes de cómo se aferra al
poder.
Kevin
Whitaker, ex embajador de Estados Unidos en Colombia, ahora miembro senior del
Atlantic Council, cree que la administración Biden está llegando a este punto
porque sus opciones estaban agotadas.
“Los
diálogos estaban estancados ante la insistencia de Maduro de levantar las
sanciones como precondición, algo que no podían hacer. Ese vacío lo llena el
presidente Petro, que tiene credibilidad con el régimen, y de repente comienza
a tomar forma un proceso que se ajusta a lo que Washington siempre ha dicho,
que es levantamos sanciones pero con cuando se vean avances verificables”,
afirma.
Washington,
por supuesto, está entrando con cautela. De hecho, fuentes diplomáticas le
dijeron a este diario que la administración estuvo reacia a enviar una
delegación de buen nivel a Bogotá, pues temía que la conferencia condujera a
otro fracaso. Y solo se decidieron esta semana a respaldarla cuando el gobierno
Petro modificó el planteamiento de “cero sanciones”.
Aún
así, la expectativa a corto y mediano plazo es moderada. De acuerdo con
las fuentes, tienen muy claro que Maduro ha utilizado este tipo de iniciativas
en el pasado para dilatar y ganar terreno. Y tampoco quieren ser parte de un
proceso que termine legitimando a un régimen dictatorial y violador de derechos
humanos. Aunque siempre tienen el poder de volver a imponer sanciones en caso
de que los resultados de las elecciones no sean transparentes, el costo
político sería alto.
Y si
bien le están apostando a la mediación de Petro, saben que el mandatario
colombiano tiene su propia agenda e ideológicamente es más cercano a Caracas
que a Washington.
¿Y qué pasa en Caracas?
En
Venezuela, la oposición tradicional no es el único actor contra el oficialismo.
Hay al menos tres grupos: la Plataforma Unitaria –presente en el diálogo en
México–, la oposición radical y la llamada Alianza Democrática.
Retomar
el proceso de diálogo en México es uno de los intereses de la Plataforma,
integrada por los principales partidos opositores como Acción Democrática,
Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo. Por su parte la
Alianza, con partidos judicializados y arrebatados por el gobierno de Nicolás
Maduro a sus integrantes originales, insiste en que sean incluidos en cualquier
iniciativa de negociación al considerarse los “opositores reales”.
En
otra esquina están las organizaciones más radicales, como Vente Venezuela,
encabezada por la opositora María Corina Machado, quien ha cuestionado no ser
invitada a la conferencia. Estas diferencias de criterios muestran la
fragmentación de la oposición frente a un oficialismo liderado por Maduro, que
ante la opinión pública se representa sólido.
Víctor
Mijares, profesor de estudios globales de la Universidad de Los Andes de
Colombia, resalta que esta iniciativa le da un aire a Maduro, quien “ha visto
en la Colombia de Gustavo Petro una puerta de entrada o reingreso a la
comunidad internacional”.
Para
el profesor de la Universidad Central de Venezuela, Jesús Rafael González, este
proceso de diálogo es bastante complejo pero “cualquier ayuda en favor de
Venezuela es bien recibida y por eso es importante la iniciativa”.
Maduro
se ha mostrado favorable al encuentro del 25 de abril. “Todo el apoyo de
Venezuela para que la Cumbre Internacional convocada por el presidente Gustavo
Petro tenga un éxito rotundo”, aseguró esta semana. Pero a su vez mantiene su
verbo amenazante contra Estados Unidos, país que además de las sanciones ofrece
recompensas por el mismo presidente venezolano y varios de sus alfiles.
En la
calle la gente poco sabe del encuentro. La despolitización ha hecho que el
interés de los ciudadanos en el proceso de diálogo se haya perdido.
Los
que tienen conocimiento del encuentro consideran que “es más de lo mismo”, sin
posibilidad de reales cambios.
Y lo
que muchos se preguntan es si de Bogotá saldría alguna novedad frente al caso
de Álex Saab, el principal testaferro de Maduro que está preso en EE.UU. y cuya
liberación exige el régimen antes de cualquier nuevo acercamiento.
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