Agencias 19 de abril de 2023
Claudia Patricia Díaz Guillén,
enfermera del expresidente Hugo Chávez, y su esposo, Adrián José Velásquez
Figueroa, jefe de seguridad del líder de la revolución bolivariana, fueron
condenados este miércoles 19 de abril, en Estados Unidos (EEUU), a 15 años de
cárcel, por lavado de dinero. También deberán restituir 136 millones de dólares
y pagar una multa de 75.000 dólares cada uno, según anuncio el juez William P.
Dimitrouleas en Miami. Los abogados defensores de la pareja anticiparon que
apelarán la condena
La enfermera y tesorera del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, Claudia Patricia Díaz Guillén, y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, jefe de seguridad del líder de la revolución bolivariana fueron condenados este miércoles 19 de abril, en Estados Unidos (EEUU), a 15 años de cárcel y tres años de libertad vigilada; cada uno por lavado de dinero.
El
juez federal William Dimitrouleas reveló la sentencia de la pareja en una
audiencia realizada en los tribunales federales del centro de Miami (EEUU),
cuatro meses después de que un jurado la encontró culpable a Díaz
Guillén y a su esposo de cinco de las seis acusaciones que enfrentaban desde
2020 por haber recibido millones de dólares en sobornos.
La
Fiscalía había pedido una condena más de 23 años de cárcel para Díaz y de más
de 19 para Velásquez. La defensa de la enfermera buscaba una condena similar a
la que habría recibido en Venezuela, de hasta cuatro años de prisión.
Además,
deberán restituir 136 millones de dólares y pagar una multa de 75.000
dólares cada uno, según anuncio el juez William P. Dimitrouleas en Miami.
«Estoy
de acuerdo con el Gobierno en que los acusados cambiaron drásticamente su vida»
de clase media a otra acomodada con múltiples jets privados, yates y lujosos
viajes. «Hicieron mucho dinero», dijo Dimitrouleas durante la audiencia que
duró una hora.
Esposados
y con grilletes
De
acuerdo con reportes de la agencia AFP, ambos llegaron a la sala serios,
vestidos con uniforme beige de presos y escucharon al juez en completo
silencio, con auriculares que les permitían oír la traducción en vivo del
inglés al español. Díaz lucía su larga cabellera negra suelta. Su esposo estaba
prolijamente peinado y llevaba una barba entrecana. Ninguno de los dos hizo
declaraciones, salvo para responder un par de veces al magistrado con un «sí» o
«no», cuando les preguntaba si estaban entendiendo o si querían hacer algún
comentario.
Estaban
esposados y con grilletes y se retiraron de la sala mirando al piso. Sus
abogados defensores anticiparon que apelarán la condena.
«Nunca
imaginé una sentencia tan alta. Es demasiado», dijo la abogada defensora
Marissel Descalzo a periodistas al salir de la audiencia. La letrada le había
pedido al juez compasión y que considerara que el matrimonio tiene dos hijos de
14 y 2 años que viven con la abuela paterna en Madrid y a los que no podrán ver
durante el tiempo que estén encarcelados.
Al
revelar su sentencia, el magistrado dijo que había leído nueve cartas enviadas
por familiares y amigos de la pareja.
Previo
a la sentencia
En el
documento previo a la sentencia, firmado, entre otros, por Glenn S.
Leon Markenzy Lapointe, jefe de la sección de fraudes de la Fiscalía General de
EEUU, se exponían las razones por las que, a su juicio, Díaz Guillén y Velásquez Figueroa
deberían ser castigados con una sentencia severa por el juez William P.
Dimitrouleas.
«La
naturaleza y las circunstancias de su participación en un inmenso esquema de
lavado y soborno que involucra más de mil millones de dólares en bonos y más de
cien millones de dólares en pagos de sobornos merecen una sentencia
significativa», dice el documento de 23 páginas.
Díaz,
Velásquez y Chávez
Claudia Díaz y Adrián Velásquez fueron personas de confianza
del expresidente Chávez —son conocidos como la «enfermera» y el
«guardaespaldas» del líder de la revolución bolivariana, fallecido en 2013—.
Díaz
formó parte del equipo de salud del presidente Chávez antes de ser nombrada
tesorera nacional, cargo que ejerció de 2011 a 2013, mientras que Velásquez fue
el jefe de seguridad de quien fue jefe de Estado de Venezuela desde 1999 hasta
su muerte.
La
pareja se estableció en España en 2016, porque eran «perseguidos por el actual
mandatario venezolano, Nicolás Maduro», alegaron en su momento. Ambos tienen
doble nacionalidad: venezolano-española.
Años
más tarde, fueron reclamados por Estados Unidos para responder sobre
acusaciones por blanqueo de capitales resultantes de hechos de corrupción en
Venezuela relacionados con el sistema de control de cambio. Fueron extraditados al país norteamericano desde España en
2022 y juzgados ese mismo año en los tribunales de Fort Lauderdale (sur de
Florida, EEUU).
La
Fiscalía calcula que obtuvieron al menos 136 millones de beneficio como
resultado de su participación en el plan de corrupción basado en el sistema de
control de cambios de Venezuela.
Los
abogados del matrimonio trataron sin éxito de que el juez Dimitrouleas aceptara
el argumento de que el Gobierno estadounidense carecía de «jurisdicción
extraterritorial» en este caso.
De
acuerdo con la acusación formal, Díaz y su esposo recibieron pagos de compañías
controladas por Raúl Gorrín, empresario venezolano Raúl Gorrín, dueño y
presidente del canal venezolano Globovisión, buscado por la
justicia estadounidense por lavado de dinero.
El
gobierno asegura que el rol de la exenfermera fue clave para la trama de
negocios corruptos en los que participó Gorrín. Según los fiscales, a cambio de
favorecer al empresario Díaz recibió pagos por unos 136 millones de dólares que
su esposo ocultaba a través de la creación de compañías fantasma y cuentas
bancarias en el extranjero. Parte de ese dinero llegó a Miami.
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