El Bolivarense 21 de abril de 2023
@el_bolivarense
«Nunca
convencerás a un ratón de que un gato negro trae buena suerte». La frase
atribuida al escritor británico Graham Greene ilustra el ambiente que hay en la
Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) respecto a los crímenes de lesa
humanidad ocurridos en Venezuela, pues a medida que el Estado presenta más
documentos e informes con el propósito de frenar el proceso, lejos de conseguir
este objetivo parece estarlo reforzando.
Al
menos este es el sabor de boca que dejó el informe de 22 páginas que el fiscal
Karim Khan presentó el pasado 30 de marzo a la Sala de Cuestiones Preliminares
del juzgado internacional y en el cual respondió a las «observaciones» que las
autoridades venezolanas consignaron respecto a su actuación.
El Estado venezolano aseguró que la CPI carece de competencia para analizar lo ocurrido en Venezuela, entre otras razones porque no se produjeron crímenes de lesa humanidad «ni siquiera superficialmente», sino algunos «hechos individuales y aislados de abuso policial», y que los mismos ya están siendo conocidos por los tribunales nacionales. Por último, acusó a la Fiscalía de esa instancia no garantizarle el debido proceso.
Khan
refutó las afirmaciones de las autoridades venezolanas; para ello empleó las
afirmaciones e informaciones que ellas suministraron al juzgado.
«LAS
ALEGACIONES DEL GOBIERNO DE VENEZUELA DE QUE “NO SE COMETIERON
CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD […], NI SIQUIERA SUPERFICIALMENTE” Y QUE “NO SE
CUMPLE EL CRITERIO DE GRAVEDAD” PORQUE “SOLO SE REGISTRARON INCIDENTES
INDIVIDUALES Y AISLADOS DE ABUSO POLICIAL” RESPALDAN LA CONCLUSIÓN DE QUE LAS
AUTORIDADES DE HECHO NO ESTÁN INVESTIGANDO NI ENJUICIANDO LOS PRESUNTOS
DELITOS».
En
noviembre de 2021 la Fiscalía de la CPI consideró tener una «base razonable»
para creer que desde 2017 en Venezuela se cometieron «de manera sistemática y
generalizada» crímenes de lesa humanidad castigados en el Estatuto de Roma,
tales como detenciones ilegales y arbitrarias, torturas y malos tratos,
violaciones y persecución por motivos políticos. Dichos crímenes dejaron miles
de víctimas.
Puras palabras, pocas pruebas
Otro
de los motivos por los cuales Khan considera infundados los señalamientos de
las autoridades venezolanas es que estas han sido incapaces de probar que en
realidad están castigando a los responsables de los hechos.
Khan
denunció lo siguiente:
«LA
FISCALÍA SOSTIENE RESPETUOSAMENTE QUE EL GOBIERNO DE VENEZUELA NO HA SATISFECHO
ESTA CARGA YA QUE LA TOTALIDAD DEL MATERIAL PROPORCIONADO NO CORROBORA LA
EXISTENCIA DE INVESTIGACIONES O ENJUICIAMIENTOS NACIONALES QUE REFLEJEN
SUFICIENTEMENTE EL ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN PREVISTA POR LA FISCALÍA».
Además,
puntualizó:
«LOS
PATRONES Y POLÍTICAS QUE SUBRAYAN LOS ELEMENTOS CONTEXTUALES DE LOS CRÍMENES DE
LESA HUMANIDAD NO ESTÁN SIENDO INVESTIGADOS, LOS PROCESOS INTERNOS SE
CONCENTRAN EXCLUSIVAMENTE EN MIEMBROS DE BAJO RANGO DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD
DEL ESTADO (APARENTEMENTE AUTORES MATERIALES O DIRECTOS), Y UNA PARTE
SUSTANCIAL DE LA CRIMINALIDAD RELEVANTE NO ESTÁ SIENDO INVESTIGADA EN
ABSOLUTO».
El
Estatuto de Roma deja en claro que las investigaciones por graves violaciones a
los derechos humanos no deben limitarse a los autores materiales,
sino que han de incluir las presuntas responsabilidades en las que han podido
incurrir altos mandos y superiores jerárquicos.
Sin
embargo, en el caso venezolano esto no ha ocurrido hasta ahora, a pesar de que
instancias como la Misión Internacional Independiente de Determinación de los
Hechos (MDH) sobre Venezuela recabó información que apunta a que altas autoridades
ordenaron o permitieron la comisión de los crímenes constatados por la
Fiscalía.
Si lo
anterior no fuera suficiente, Khan denunció que los datos aportados por las
autoridades no aportan información contrastable y verificable.
«LA
FISCALÍA NO PUEDE EVALUAR ADECUADAMENTE SI HA HABIDO UN CAMBIO PROCESAL
RELEVANTE EN LOS CASOS INDIVIDUALES PORQUE LA TERMINOLOGÍA EMPLEADA POR EL
GOBIERNO DE VENEZUELA PARA REFERIRSE A SU ESTADO ES AMBIGUA E INCONSISTENTE.
POR EJEMPLO, EL GOBIERNO EMPLEA TÉRMINOS TALES COMO CASOS QUE ESTÁN SIENDO
“ENJUICIADOS” O PROCEDIMIENTOS “INSTITUIDOS” SIN MÁS ESPECIFICACIÓN DE LA
ACCIÓN INVESTIGATIVA O PROCESAL PRECISA QUE IMPLICAN ESTOS TÉRMINOS BAJO LA LEY
APLICABLE. EN OTROS CASOS, LOS TÉRMINOS SE USAN INDISTINTAMENTE, AUNQUE NO
NECESARIAMENTE SON SINÓNIMOS, COMO “ACUSACIÓN” Y “CARGOS” O “CONDENA” Y
“CONDENADO”».
Asimismo,
consideró que el número de casos abiertos no reflejan la gravedad de la
situación.
«LA
FISCALÍA ENCONTRÓ QUE HABÍA UNA BASE RAZONABLE PARA CREER QUE, AL MENOS, MILES
DE OPOSITORES PERCIBIDOS O REALES FUERON ARRESTADOS Y DETENIDOS SIN BASE LEGAL;
VARIOS CIENTOS FUERON SOMETIDOS A ACTOS DE TORTURA; MÁS DE UN CENTENAR
FUERON OBJETO DE DIFERENTES FORMAS DE VIOLENCIA SEXUAL Y DE GÉNERO, Y
QUE DICHAS VÍCTIMAS TAMBIÉN FUERON PERSEGUIDAS POR MOTIVOS POLÍTICOS».
Las
autoridades han informado que tienen 893 investigaciones abiertas por hechos
ocurridos desde 2017. No obstante, la Sección para la Participación de las
Víctimas y las Reparaciones de la CPI recibió más de 2.000 documentos y videos de presuntas
víctimas y sus familiares.
Guerra de dimes y diretes
Khan
también defendió la actuación de su despacho y negó que haya incurrido en
alguna violación al debido proceso, tal y como lo sostiene el
Gobierno venezolano. Recordó que ha mantenido constante contacto con distintos
funcionarios, lo cual «involucró extensas comunicaciones escritas y
personales».
De la
misma manera, explicó que su decisión de abrir una investigación sobre lo
ocurrido en Venezuela no solo fue producto de la denuncia de un grupo
de países que remitieron el caso en 2018, sino de un «extenso y exhaustivo»
estudio de casi tres años y para el cual se revisaron cientos de informaciones
y documentos remitidos por gobiernos, organismos internacionales y
organizaciones de derechos humanos.
La
respuesta no sentó bien al Gobierno, que a través de la Cancillería
emitió un comunicado el 3 de abril pasado, en el que acusó a
Khan de «instrumentalizar el tema de la justicia y los derechos
humanos con fines políticos».
Aunque,
por un lado, el Estado fustigó la actuación de la Fiscalía, por el otro le
solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares tiempo para contrarreplicar el
informe de Khan. La instancia aceptó la solicitud y le dio hasta el 20 de abril
para presentar sus nuevas observaciones en un documento que no debe
superar las 10 páginas. Se trata de la misma fecha en la que la
Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones de la CPI debe
presentar su informe sobre lo presentado por las presuntas víctimas en relación
a si consideran que el caso debe continuar o no ante la Fiscalía de la CPI.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
La
respuesta del fiscal de la CPI muestra por un lado que los intentos del Estado
venezolano por desvirtuar la gravedad de los crímenes ocurridos en el país en
los últimos años, al pretender rebajarlos a «casos aislados», no han rendido
los frutos deseados; y, por el otro, ratifica la insuficiencia de las medidas
adoptadas para investigar dichos hechos y, sobre todo, para evitar que se
repitan.
Ello
en buena medida es atribuible a la valentía de las víctimas, que no han dejado
de luchar por la justicia, y a la labor de documentación realizada por las
organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.
Además,
la respuesta de las autoridades venezolanas al jurista británico
revela que no hay aún una voluntad genuina de investigar lo ocurrido hasta sus
últimas consecuencias; su postura es más bien la de retardar el proceso ante la
CPI. Con esto, al final, le dan la razón al fiscal Khan.
Tomado
de: https://elbolivarense.net/archivos/24422
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