Anaisa Rodríguez 28 de abril de 2023
Luego
de que este jueves, el Gobierno de Nicolás Maduro pidió un plazo mayor a 30
días a la Sala de Cuestiones Preliminares para responder al informe de víctimas
del pasado 20 de abril, la Corte Penal Internacional (CPI) aclaró que Maduro no
tendrá acceso a los datos de las más de 8.900 víctimas que enviaron sus
testimonios al organismo, para evitar riesgos a su seguridad.
La Corte de La Haya explicó que gestiona sus contactos con las víctimas “de manera que, en medida de los posible, se limiten los riesgos para ellas u otras personas”.
“La
Corte maneja la información recibida con estricta confidencialidad. Esto
significa, por ejemplo, que en los procedimientos relacionados al Artículo
18(2), la VPRS registra la información (solicitudes, vídeos, correos
electrónicos, etc.) presentada por las víctimas en una base de datos segura a
la que sólo tiene acceso el personal autorizado de la Secretaría», sostuvo
según Monitoreamos.
“Esta
información sólo se transmite a la Sala; ninguna otra entidad tendrá acceso a
ella. La Fiscalía y el Gobierno de Venezuela no tendrán acceso a los
formularios, vídeos y otros documentos presentados por las víctimas o en su
nombre”.
Al
tiempo que precisó que la versión pública del Informe de la VPRS no contiene
ningún dato con el que se pueda identificar a las víctimas «ni tampoco incluye
información de ninguna otra persona u organización que haya participado en el
proceso”.
La ONG
Acceso a la Justicia informó este jueves que el Gobierno de Nicolás Maduro
solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI un plazo más de 30 días
para «responder» al informe enviado por 8.900 víctimas de presuntos crímenes de
lesa humanidad cometidos por el Estado.
«Como
era previsible en su estrategia dilatoria ante la CPI, el Gobierno solicitó a
la Sala de Cuestiones Preliminares que le permita responder el informe de
víctimasd del pasado 20 de abril y le dé hasta el 30 de mayo», posteó en Twitter.
A su
juicio, esta solicitud por parte de Venezuela «no tiene sentido» dado que el
informe es confidencial tanto para el Gobierno como para el fiscal Karim Khan
en atención a la protección de las víctimas.
«Pero
evidentemente hay que esperar la decisión de la Sala al respecto».
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