INÉS SANTAEULALIA 26 de abril de 2023
@isantaeulalia
La reunión entre 20 países concluye que
debería fijarse la fecha de las elecciones de 2024 y que los acuerdos entre el
chavismo y la oposición se acompañen con el levantamiento de sanciones
Si es difícil que 20 países se pongan de acuerdo en algo, que lo hagan sobre Venezuela, y en unas tres horas, parece misión imposible. La cumbre internacional organizada por Gustavo Petro se celebró este martes en Bogotá con más expectativas que resultados. Las conclusiones se limitan a tres puntos, que no suenan a novedad. La necesidad de que se establezca un cronograma electoral en Venezuela, que los acuerdos entre el chavismo y la oposición se acompañen por el levantamiento de sanciones y que la reanudación del proceso de diálogo en México vaya en paralelo a la creación de un fondo para inversión social en país, como se acordó en noviembre, pero sobre el que aún no hay noticias.
La
reunión dejó más bien frío un ambiente que venía caldeado. El Gobierno
colombiano había logrado el día anterior solucionar la
que se puede bautizar como crisis Guaidó. El líder opositor venezolano
anunció por sorpresa su presencia en Colombia este lunes, a donde entró de
forma ilegal desde Venezuela. Nadie lo esperaba, y en todos los sectores
interpelados por la cumbre, incluido el mayoritario de la oposición, se
percibió como un intento de boicotear la reunión. Guaidó fue acompañado por el
Gobierno colombiano al aeropuerto de El Dorado esa misma noche para tomar un
vuelo a Miami (Estados Unidos). “Obviamente un sector político quería perturbar
el libre desarrollo de la conferencia internacional sobre Venezuela”, dijo este
martes Petro.
El
problema al final no fue el político inesperado. El problema es la enorme
complejidad de la propia crisis venezolana. La reunión contaba con todos los
elementos para ser un éxito. El
Gobierno de Nicolás Maduro, aunque sin entusiasmo, había dado su aval a la cita.
Representantes de la oposición viajaron a Bogotá para reunirse el sábado con el
presidente colombiano, en una especie de antesala a la cumbre. Estados Unidos
había animado a Colombia a dar el paso de celebrarla y envió a un representante.
Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores,
participó como invitado. Las conclusiones, sin embargo, leídas por el canciller
colombiano, Álvaro Leyva, sonaron descafeinadas. Para mayor desconcierto, desde
algunos países participantes se deslizó que no se acordó un documento final
conjunto, sino que esos tres puntos fueron decisión unilateral de Colombia.
Petro
se ha ido dando cuenta mes a mes que es mejor rebajar cualquier expectativa
sobre el país vecino. Desde que llegó al poder el pasado mes de agosto ha
dedicado parte de sus energías a Venezuela. Primero, para restablecer las
relaciones entre los dos países, rotas por su antecesor conservador Iván Duque.
Y segundo, para asumir un liderazgo regional que contribuya a desatascar la
crisis del país petrolero. En cualquiera de los dos frentes, todo ha sido más
difícil de lo que parecía de entrada. Las relaciones se han restablecido, pero
Maduro actúa como un especialista en dilatar cualquier asunto. Frente al resto del
mundo, y al propio Petro, que cuenta con cuatro años para cumplir sus promesas,
el chavismo nunca tiene prisa por nada.
La
reunión estaba destinada a promover la vuelta de las partes a la mesa de
diálogo en México. Un proceso que arbitra Noruega y que tuvo su última reunión
el pasado noviembre. El tiempo corre en contra del propio objetivo de esa
negociación, que sería la celebración de unas elecciones con garantías
democráticas en 2024. El chavismo no tiene intención de dejar de arrastrar los
pies. A su alrededor el país vive sumido en una crisis económica cada vez más
grave, pero la celebración de unas presidenciales justas y libres, como pide la
oposición, le podría llevar a perder el poder, en el que Maduro lleva ya 10
años.
El
presidente chavista alega en su defensa que en noviembre se acordó descongelar
fondos venezolanos en el extranjero para invertir en acciones sociales en el
país y que Estados Unidos bloquea esos activos. El acuerdo no supone, en ningún
caso, entregarle ningún dinero directamente al Gobierno de Maduro, sino que
establece que la ONU cree un fondo social de unos 3.000 millones de dólares con
cantidades congeladas en numerosos países y que Naciones Unidas dirija
directamente las inversiones en Venezuela -escuelas, hospitales, red eléctrica,
etc.-, acordadas al detalle por las delegaciones del Gobierno y la oposición.
Las
trabas a su creación en la ONU parten de una carta del Departamento de Estado
que deslizó la posibilidad de que los acreedores de Venezuela exigieran el pago
de sus deudas una vez liberados los fondos. Fuentes diplomáticas aseguran que
Washington ya está trabajando sobre el asunto para agilizar el proceso,
solucionar los posibles problemas derivados y que pronto habrá resultados. Los
miembros de la delegación opositora que viajaron a Bogotá tenían la esperanza
de que este martes en la cumbre se anunciara la creación de ese fondo social,
pero no ha sucedido.
Leyva
ha anunciado que ahora se enviarán las conclusiones a las partes que, según lo
que ha leído públicamente al terminar la reunión, se resumen en 258 palabras.
Próximamente, ha dicho, se convocará a una segunda cumbre para comprobar el
desarrollo de los acuerdos con los mismos invitados. Esa cita ya no se llamará
“reunión de cancilleres”, como se refirió a ella Petro en numerosas ocasiones,
ya que este martes solo asistieron cuatro, incluido el colombiano. La mayoría
de los representantes eran cargos diplomáticos.
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