La Ley de desarme

Editorial de El Nacional
Lunes 20 de Septiembre de 2010

Otra mentira más, veamos esta histórica perla bolivariana: en la Gaceta Oficial del lejano 20 de agosto de 2002, número 37509, se decretó la Ley para el Desarme. En el texto se especificaba claramente que ese instrumento legal tenía como objetivo "...el desarme de las personas que porten, detenten o oculten armas de fuego de forma ilegal...". Más adelante, en el artículo 2, se dice que la Fuerza Armada es la institución competente para reglamentar y controlar el desarme de las armas de fuego ilegales. Se incluyen, por si acaso, los cuerpos de seguridad en todos sus niveles para que colaboren en esta labor.

Además, se capacita al ineficiente Ministerio de Interior a pagar por las armas ilegales entregadas voluntariamente, un incentivo económico que decretaría el Presidente de la República, según el artículo 8 de la misma ley, con cargo al presupuesto de ese despacho. Todo muy bello y rojito.

Pero pasaron ocho bolivarianos años y esta ley nunca se aplicó. La Fuerza Armada no reglamentó ninguna política de desarme de la población, el Presidente no decretó ningún incentivo económico para los que entregaran las armas voluntariamente y el ministerio no pagó un céntimo en consecuencia. Resultado: cero desarme, ni un arma ilegal entregada desde que esta ley entró en vigencia.

Ahora, como se aproximan las elecciones parlamentarias y una nueva Asamblea Nacional va a poner orden, las focas bolivarianas quieren quedar bien con el país y se preocupan por la seguridad ciudadana. Lo que pasa es que luego de la contienda electoral del 26 de septiembre muchos de ellos serán parlamentarios desempleados. De allí la prisa en discutir en el corto plazo leyes como la del desarme. ¡Qué casualidad que la promoción de esta ley es una de las banderas electorales de la oposición! La proliferación de armas que circulan legal e ilegalmente en manos de la población es la manifestación más clara de que el Estado no garantiza el derecho a la vida, tal como se consagra en el artículo 43 de la Constitución. En un país en el que son asesinadas cerca de 20.000 personas cada año, este derecho es violado constantemente por la vorágine delincuencial que el Gobierno ha dejado avanzar a paso de vencedores. No es casualidad que en los estudios sobre victimización y percepción de seguridad, cerca de 30% de los encuestados considera muy en serio tener un arma para defenderse.

Los venezolanos se sienten frustrados, no por la falta de leyes, sino porque las que existen brillan por la ausencia en su aplicación. No importa si se tienen los mejores instrumentos legales del mundo si las instituciones y las personas que están al frente de ellas carecen de la capacidad suficiente para ejecutarlas.

El desarme no se logrará si no se desarma el discurso del odio y la guerra. No puede haber medias tintas: o respetamos la vida o adoramos la muerte.