Por Carlos Romero Mendoza,
10/03/2017
Cuando la Asamblea Nacional
declaró el 13 de diciembre de 2016 la responsabilidad política del Presidente y
luego el 9 de enero de 2017 el abandono de las funciones del Presidente Nicolás
Maduro, entre sus argumentos estuvo la suspensión de la recolección de firmas
para el 20% necesario para activar el referendo revocatorio y la omisión del
Consejo Nacional Electoral (CNE) en convocar oportunamente a las elecciones
para gobernadores y legisladores estadales.
Durante el año 2016 la Asamblea
Nacional ha aprobado cuatro Acuerdos institucionales a los fines de exhortar al
Poder Electoral a convocar a las elecciones regionales y a respetar la
Constitución en el proceso de solicitud del referendo revocatorio al mandato
del Presidente Maduro.
Un primer Acuerdo fue público el
11 de agosto de 2016 y le siguió otro el 4 de octubre, en el cual la Asamblea
Nacional recordó al CNE que por ser un actor clave en materia electoral era el
principal responsable de la paz y de la estabilidad política del país y agregó,
como alerta, que la paciencia del pueblo se estaba agotando.
Luego, el 15 de diciembre,
denunció en otro Acuerdo la violación de los derechos políticos y expresamente
declaró en crisis al sistema electoral venezolano. En ese Acuerdo la Asamblea
Nacional también cuestionó la participación del Tribunal Supremo de Justicia en
la designación de los dos rectores del CNE. Finalmente, una vez suspendido el
referendo revocatorio, la Asamblea Nacional elevó su reclamo formal a través de
otro Acuerdo aprobado con fecha 19 de enero de 2017.
En cada uno de los Acuerdos, la
Asamblea exhortó a la Fiscalía General de la República y a la Defensoría del
Pueblo para que, en el uso de sus atribuciones constitucionales, velaran por el
respeto a la constitución y al ejercicio efectivo de la soberanía popular. Los
llamados del Poder Legislativo al CNE a través de los diversos Acuerdos
señalados previamente, no fueron atendidos ni por el Poder Ciudadano y menos
aún por el Poder Electoral.
El contenido de esos Acuerdos que
registran la realidad jurídica, política e institucional de estos tiempos.
Tampoco lograron conectar con los electores, para convertirse en instrumento de
debate, insumos para la narrativa política y menos aún fueron útiles como
referencia para el encuentro entre distintos sectores del país en la búsqueda
por conformar ese movimiento nacional en defensa de la democracia, del voto y
de la constitución.
Era obvio que ante la ausencia de
un respaldo efectivo, público y organizado de ese llamado “pueblo” o de esa
llamada “calle” a los Acuerdos de la Asamblea Nacional, el CNE no tendría
ningún problema en mantener como indefinida la situación del revocatorio y no
le generaría ningún costo significativo el omitir la convocatoria a las
elecciones regionales.
La prioridad del gobierno no es
lo electoral y así lo hicieron saber el propio Presidente Maduro y otros
actores del oficialismo en distintos momentos a lo largo del año 2016; por lo
tanto, la omisión del CNE a convocar a las elecciones regionales está en
sintonía con las prioridades del gobierno y ello pone en duda el cumplimiento
del principio de imparcialidad y de despartidización a que está obligado
constitucionalmente el CNE.
Las dudas se hacen mucho más
fuertes cuando, desde el punto de vista constitucional y legal, no hay
impedimento alguno para que el CNE convoque a las elecciones vencidas de
gobernadores y legisladores estadales. Un procedimiento
administrativo como es el de la legalización de los partidos, que la dinámica
lo ha convertido en una especie de evento electoral, no puede justificar la
suspensión de los derechos políticos reconocidos en la Constitución.
La actuación del CNE valida la
declaración que hizo la Asamblea Nacional al calificar en crisis al sistema
electoral venezolano. En este sentido, es oportuno destacar que el
estudio sobre la confianza en América Latina 1995-2015 de Latinobarómetro,
destaca que Honduras, El Salvador y Venezuela son los 3 países con menos
confianza en sus organismos electorales.
El modelo venezolano es
calificado como muy negativo y al respecto señala que el Consejo Nacional Electoral está excesivamente partidizado y
controlado por el Poder Ejecutivo. No tiene autonomía, ni independencia y no
controla debidamente. Y que ello es por la fuerte tendencia autoritaria del
gobierno[1].
Resulta oportuno destacar que 20
años atrás, el profesor José Enrique Molina, de la Universidad del Zulia, en un
evento sobre el Rediseño de los Partidos Políticos, calificó la experiencia de
Venezuela para aquél momento como una “fallida despartidización” del organismo
electoral que era el Consejo Supremo Electoral (CSE)[2].
En esa oportunidad, en 1997,
presentó los resultados de Latinobarómetro, alertando que era necesario revisar
los problemas del sistema electoral, pues el 72% de los electores expresaban
desconfianza con el proceso electoral. Otro estudio posterior,
firmado por la también profesora de la Universidad del Zulia, Janet Hernández,
destacaba que la sustitución del CSE por el CNE en el año 1997 y la actuación
de aquél directorio en el proceso electoral de 1998, sumado a la campaña que le
presentaba como un Consejo despartidizado y autónomo, permitió que un 63% de
los electores expresaran confianza frente a un 37% de desconfianza en aquél
organismo electoral que recién se había aprobado[3].
Pero, según un estudio de la
profesora Hernández, a partir de la Constituyente y de las Megaelecciones del
año 2000 nuevamente la desconfianza en el sistema electoral recupera espacio
significativo entre la población venezolana.
El estudio de Percepciones sobre el Sistema Electoral
Venezolano y Situación del País 2016, advierte que esa desconfianza en el
CNE y en consecuencia en el Sistema Electoral sigue presente entre nuestros
electores, en tal sentido destaca el estudio que el 60,1% de los venezolanos sienten
muy poca o ninguna confianza en el actual Consejo Nacional Electoral[4].
A la fallida despartidización del
organismo electoral se debe agregar entonces el fallido intento por consolidar
al Poder Electoral como garante de los derechos políticos de los ciudadanos.
Pese a la declaración de crisis
del sistema electoral, los partidos políticos asumieron el reto de legalizarse
en los términos indicados por el CNE y por el Tribunal Supremo de Justicia, las
razones para hacerlo son válidas, pero nuevamente, en esa decisión de los
partidos de legalizarse, cuyas consecuencias las viviremos todos para bien o
para mal, la voz del elector, que es el propio ciudadano no tuvo espacio
alguno.
Eso sí, no hay duda alguna que el
derecho político de los ciudadanos está suspendido hasta nuevo aviso, y que el
CNE se convirtió para los partidos políticos en lo que es FUNDACOMUNAL para los
Consejos Comunales.
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[1]Infobae.com Los 10 países de
América Latina con instituciones electorales más confiables. 22 de noviembre
2011. Online en:
[2]Fundación Konrad Adenauer
Venezuela. Transparencia Electoral. Rediseño de Partidos Políticos. P. 105-117.
1997
[3] HERNANDEZ, Janeth.
Organización electoral y credibilidad: Caso Venezuela (1989-2005). Cuestiones
Políticas, Maracaibo, v. 22, n. 37, dez. 2006 . Online
en:
[4]Efecto Cocuyo. 62% de los
evenezolanos quiere cambiar rectores del CNE. 14 de abril de 2016. Online en: http://efectococuyo.com/efecto-cocuyo/62-de-los-venezolanos-quiere-cambiar-a-los-rectores-del-cne
Escrito para @PolitikaUCAB
Carlos Romero M.
@carome31
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