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martes, 27 de junio de 2017

Ortega Díaz: 90% del país rechaza la Constituyente porque no va a resolver la crisis @CronicaUno


Por Juan Francisco Alonso


La fiscal general de la República, quien en las últimas semanas ha acaparado la atención nacional e internacional con sus posturas críticas contra el gobierno de Nicolás Maduro, aceptó responderle a Crónica.Uno algunas preguntas en relación con su deslinde del Ejecutivo.

Aunque a muchos les sorprendió su pronunciamiento del 31 de marzo, cuando afirmó que las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia contra la Asamblea Nacional representaban una “ruptura del orden constitucional”, lo cierto es que la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ya tenía tiempo cuestionando algunas decisiones tanto judiciales como del Gobierno. ¿Pero por qué ese cambio? ¿Qué busca? Estas y otras preguntas relacionadas aceptó responderlas la jefa del Ministerio Público a Crónica.Uno, en la primera entrevista que concede a un medio digital venezolano.

¿Qué provocó su pronunciamiento del 31 de marzo?

—Antes de ese 31 de marzo había hecho varios señalamientos, por ejemplo, en 2015 cuestionamos la inconstitucionalidad de la resolución 8610 del Ministerio de la Defensa, que autoriza el uso de armas de fuego para el control de manifestaciones públicas (…) En 2016 también manifesté mis observaciones y repudio a las acciones de la OLP [Operación Liberación del Pueblo] e iniciamos investigaciones por la presunta violación de derechos fundamentales. Estos hechos son un par de antecedentes, entre muchos otros, que evidencian un proceso progresivo de desmontaje del Estado constitucional en Venezuela. Luego vino el cambio de las fuerzas políticas en la Asamblea Nacional y el conflicto entre esta y el Ejecutivo, que terminó instrumentalizando al Poder Judicial, instancia que en vez de servir para aminorar la conflictividad, la ha potenciado. Así, llegamos a las sentencias 155 y 156 del TSJ, ante las cuales no había otra opción que denunciar la ruptura del orden constitucional, situación que aún se mantiene a pesar de ese “barniz” con el que pretendieron enmendar tamaño error.


Usted se ha sumado al coro de voces que rechazan la Constituyente impulsada por el Presidente Maduro, porque a su juicio es “innecesaria”, pues la Constitución es “inmejorable” y porque “lejos de coadyuvar a la ansiada reconciliación nacional, generaría un alto grado de incertidumbre”. ¿Qué escenario vislumbra si se sigue con esa iniciativa?

—Toda obra humana y social es perfectible, mejorable, y obedece a momentos y contextos únicos. Asimilar la Venezuela del año 1998 con la del 2017 es, por decir lo menos, temerario. El proceso Constituyente fue inédito, necesario, profundamente democrático y legítimo. Pero lo que plantea el Ejecutivo es justamente lo inverso. 90 % de la población rechaza esta Constituyente porque sabe que ella no va a resolver la crisis política, económica y social. Dime ¿de qué forma los venezolanos pueden adquirir medicamentos y alimentos con normalidad con la Constituyente? Parece que la calidad de vida que tiene el pueblo no le importa a los gobernantes, pues cuando los escuchas hablar de la Constituyente solo mencionan venganzas, odios, amenazas contra instituciones y sectores políticos, pero nada dicen del calvario que día tras día sufre el pueblo en la calle. El asunto no es cambiar la Constitución actual sino cumplirla (…)

De consolidarse este proyecto, se terminaría de desmontar definitivamente la democracia en nuestro país.

Desde el chavismo la acusan de traidora y dicen que tiene aspiraciones políticas. ¿Usted dio este paso porque quiere hacerse con la Presidencia?

—Mi única aspiración es defender la actual Constitución y los derechos de la ciudadanía. No podemos permitir ningún retroceso en los derechos conquistados. Los venezolanos no podemos seguir viviendo en esta zozobra, en un país donde el futuro cada día es más difuso y donde los jóvenes se van a otros países en busca de mejores oportunidades. Eso es lo más lamentable de todo, estamos perdiendo lo mejor que tiene Venezuela, su juventud preparada y pujante.

La ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, ha dicho que usted ha dado este paso porque alguien “le descubrió algo” en su gestión, poniendo así en duda la transparencia de la misma y como prueba la acusó de apropiarse de un avión. ¿Qué responde?

—¿Tú crees que si tuviesen algo en mi contra ya no lo hubiesen sacado? (…) 

 Sobre el caso del avión que me consultas, el artículo 57 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo establece claramente que cualquier organismo puede administrar bienes incautados, previa autorización del ente rector en la materia: la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Este es el caso de la aeronave con la que han querido generar polémica en los últimos días. El director de ese ente nos asignó esa aeronave en 2015 para facilitar el traslado dentro del país de funcionarios del Ministerio Público (MP). Este procedimiento es muy común entre los entes públicos, diversos organismos administran bienes incautados para el servicio a la ciudadanía, ejemplo de ello es el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Incluso, esa aeronave fue asignada al MP junto con tres pilotos activos de la Aviación Militar, quienes bajo la figura de comisión de servicio eran los únicos autorizados para movilizarla (…) De todas maneras, es bueno aclarar que ese avión solo fue utilizado por fiscales y expertos de la institución para trasladarse a sitios lejanos y remotos del país, a fin de investigar diversos casos, ejemplo de ello fue el caso de la masacre de Tumeremo.

En el uso de ese avión no existe ningún tipo de irregularidad, la devolución de la aeronave fue solicitada el 25 de mayo y nueve días hábiles después ya estábamos entregándola en perfectas condiciones. Es lamentable el espectáculo que algunos sectores están haciendo. Como no tienen argumentos, han salido con esta historia del avión. Esta es una clara señal de que no tienen por donde atacar mi gestión. A mí que me investiguen todo lo que quieran.

La semana pasada el TSJ admitió a trámite un antejuicio de mérito en su contra. ¿Qué va hacer? ¿Cómo va a responder?

—Esa artimaña es un paso más en este proceso de desmontaje del Estado de Derecho y de sus instituciones. En primer lugar, desde lo jurídico, es un planteamiento que se presenta de manera confusa, en el que se me ha negado el acceso a la solicitud, a la decisión de la Sala Plena, además de un conjunto de vicios que oportunamente señalaré. Uno de ellos, por ejemplo, que esa solicitud no le correspondía a un diputado. Ese tipo de errores graves hacen que todo lo que se ha decidido en la Sala Plena del TSJ esté fuera del orden constitucional. Al admitir la solicitud de ese parlamentario, los magistrados vuelven a colocarse al margen de la Constitución (…) Este disparate jurídico abriría una situación impensable, y es que cualquier particular pueda querellarse contra el alto funcionario que considere, Presidente, ministros, generales y representante de los poderes, sin pruebas, sin proceso previo, sin investigación, y esos magistrados estarían en la obligación de tramitarlo con celeridad, a espaldas del mismo, tal como lo hicieron conmigo.

Ahora, si me tocara hacerle frente a esa barbarie, tenga la seguridad de que me defendería con las únicas armas en las que siempre he confiado: la Constitución y las leyes. Soy una mujer respetuosa del derecho, la justicia y la paz.

En una de sus últimas declaraciones cuestionó la “brutal represión” que hay en el país y en los últimos días hemos visto como militares han asesinado a dos manifestantes. ¿Por qué pasa esto? ¿Hay una política de Estado represiva?

—En las investigaciones que hemos emprendido en los últimos 80 días de manifestaciones se han encontrado indicios de violaciones a los Derechos Humanos durante las actuaciones de los funcionarios policiales y militares. Por supuesto que estamos convencidos de que los responsables deben ser sancionados y por eso hemos actuado. Sin embargo, hace falta mayor voluntad política del Ejecutivo y del Poder Judicial. Por ejemplo, hemos solicitado la aprehensión de 46 funcionarios de los cuerpos de seguridad, sin embargo, el Ejecutivo solo ha ejecutado 22.

Por su parte, el Poder Judicial ha tomado decisiones tales como negar la orden de aprehensión contra el sargento de la Guardia Nacional Bolivariana que conducía la tanqueta que arrolló a un joven de 22 años durante una manifestación. Esos mensajes de estas autoridades son muy negativos.

En 2014 se registraron abusos muy similares. ¿Por qué los volvemos a ver? ¿No se aplicaron los correctivos o están respondiendo a órdenes superiores?

—Con las investigaciones actuales se han podido detectar responsabilidades individuales de los funcionarios y de ahí que algunos estén procesados (…) Si de la investigación se desprende que estos abusos, excesos y violaciones flagrantes a los Derechos Humanos respondieran a órdenes superiores se procesará también a los jefes de los mandos militares y policiales. La Constitución de 1999 es clarísima al respecto.

¿Qué nos puede decir de casos como el de Juan Pernalete? ¿Ya identificaron al guardia nacional sospechoso de matarlo? ¿Y de los casos del músico Andrés Cañizales y del estudiante Neomar Lander hay algún avance en la investigación?

—Esas investigaciones penales llevan su curso, se han practicado las experticias y diligencias criminalísticas de rigor. Esperamos ofrecer próximamente informaciones relevantes sobre el particular. Es muy importante mantener la reserva de las distintas diligencias de investigación para contribuir con la imparcialidad y objetividad en cada caso. La opinión pública debe estar consciente de que estos casos no se resuelven en la televisión ni con propaganda, sino con una investigación técnica y científica en el marco de la ley.

En las residencias conocidas como “Los Verdes” de El Paraíso se registraron graves hechos. Allanamientos masivos y sin orden judicial, detenciones arbitrarias y hasta asesinaron mascotas. ¿Qué mensaje le envía a los uniformados a los que les ordenan realizar semejantes acciones?

—Ratifico mi condena a estos hechos violentos contra familias decentes y trabajadoras que habitan en este conjunto residencial. Los funcionarios actuantes debieron tener las respectivas órdenes de allanamiento, acordadas por los tribunales. Por cierto, ningún fiscal solicitó una orden de esta naturaleza, por lo tanto se trata de actuaciones arbitrarias e ilegales. Fue un atropello a todas luces y una violación de los derechos fundamentales de estas personas.

Existen denuncias de otras urbanizaciones y sectores populares, como por ejemplo, las Residencias Victoria, Las Fuentes de El Paraíso, así como otras en el estado Zulia y Carabobo, que estamos investigando (…) Si allí había personas implicadas en delitos, estas deben ser procesadas legal y formalmente. No pueden llegar a una comunidad como un Ejército de ocupación en una guerra, aplicando castigos fácticos a la población civil de manera indiscriminada sin ningún tipo de responsabilidad posterior. Es importante tu pregunta para aprovechar de enviar un mensaje muy claro al país: razones para protestar hay muchas, este derecho debe ejercerse de manera pacífica y sin armas. Yo como fiscal general condeno de manera categórica toda forma de violencia. Los líderes políticos deben ser responsables y cuidadosos con las actividades de calle, canalizar de la mejor manera el descontento. La ciudadanía también debe hacer lo propio y no legitimar hechos violentos.

Un caso repudiable es el de Orlando Figuera [el quemado en Altamira] en el que hemos puesto todo nuestro empeño para su resolución, no podemos permitir como sociedad que un hecho como este vuelva a repetirse nunca más. También hemos conocido de tres funcionarios fallecidos, eso es un indicador de que no todas las manifestaciones han sido pacíficas. Sin embargo, así como condeno la violencia callejera, condeno con más contundencia los excesos de los funcionarios de los cuerpos de seguridad, porque estos tienen una alta responsabilidad en el ejercicio de sus funciones. Hasta la fecha hemos contabilizado 21 personas fallecidas por la intervención de la fuerza pública durante esta coyuntura.

Foto referencial

26-06-17