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miércoles, 12 de julio de 2017

La AN suspende una sesión al impedir la policía el acceso de la prensa, por ABC



ABC 11 de julio de 2017

La Junta de Directiva de la Asamblea Nacional de Venezuela ha suspendido la sesión que se disponía a celebrar este martes ante las restricciones de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) para que acceda la prensa a la sede del Legislativo.

Según se ha denunciado en la cuenta de Twitter de la propia Asamblea, la Junta Directiva informa de que la sesión «queda suspendida por las restricciones que GNB impuso al mando del coronel Lugo a periodistas».

«¿Qué oculta la GNB, impidiendo el acceso al Palacio a los medios? La AN es un poder autónomo que sólo responde al mandato del pueblo», señala en otro mensaje.

Otros diputados se están haciendo eco de la situación que se está viviendo en la Asamblea. La parlamentaria Mariela Magallanes hace responsable al coronel Lugo, al mando de la fuerza de la Guardia Nacional en la sede del Parlamento, «de lo que ocurra» y de la «integridad física» de los diputados que se encuentran en el hemiciclo.

Minutos antes, la también diputada antichavista Delsa Solórzano había relatado cómo los propios parlamentarios lograron entrar al recinto «con dificultades» y entre «gritos, insultos» y objetos que le lanzaba un grupo de chavistas concentrados en el exterior.

Para este martes la Asamblea tenía prevista una sesión «en defensa de la inviolabilidad» de la sede del legislativo y un debate sobre «la inconstitucional pretensión» del presidente Nicolás Maduro de remover a la fiscal general, Luisa Ortega, de su cargoy la potestad de la Cámara «para defender la institucionalidad» de la Fiscalía.

El Parlamento aprobó la semana pasada la realización de un referéndum para el próximo domingo en el que preguntará a los ciudadanos si rechazan o aprueban la elección de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) impulsada por Maduro para elaborar una nueva Carta Magna.

Esta iniciativa es vista por la oposición como un intento del presidente de «consolidar la dictadura».

La convocatoria al plebiscito fue aprobada por el Legislativo minutos después del asalto a la sede del Parlamento del grupo de chavistas, un ataque que según los líderes de la oposición fue responsabilidad de Maduro.

El Gobierno -que no reconoce la legitimidad de esta consulta opositora- ha llamado a los venezolanos a las urnas el próximo 30 de julio para elegir a quienes deben redactar la nueva Constitución, una jornada electoral que los partidos antichavistas han llamado a sabotear.