Por Vanessa Davies
Los ciudadanos pueden
presionar a los alcaldes para exigir que sus ciudades sean competitivas, afirma
el experto del Grupo Orinoco
Cuesta creer que alguna ciudad
venezolana -sin agua, sin luz, sin transporte- pueda ser competitiva y pararse
al lado de otras latinoamericanas para conquistar proyectos y recursos. Pero
para Carlos Romero Mendoza, del programa de competitividad de ciudades y
regiones del Grupo Orinoco, no es misión imposible, y así lo hizo saber durante
el I Foro de Competitividad de Ciudades y Regiones celebrado en el IESA en mayo
pasado.
Todo depende de los alcaldes y
los ciudadanos, que son más poderosos de lo que creen. Romero Mendoza va más
allá: asegura que los municipios tienen potestad para, incluso, tomar medidas
de emergencia ante la crisis de la falta de agua.
—¿Hay alguna ciudad en
Venezuela que en este momento sea competitiva, atractiva para que la gente
quiera invertir allí?
—Yo diría que podríamos tener
ciudades competitivas si los ciudadanos se organizan y empiezan a exigirles a
los nuevos alcaldes que planifiquen hacia dónde quieren ir. Hay alcaldes tanto
del oficialismo como de la oposición, y a ambos grupos les conviene tener una
buena gestión y tienen la obligación legal de planificar el desarrollo
económico. En la Constitución hay una figura que se llama Consejo Local de
Planificación Pública (CLPP). Si los ciudadanos entendieran para qué sirve, ahí
tendríamos un camino.
—¿El camino podría ser el de
los consejos comunales?
—Sí, pero habría que reformar
la ley del sistema nacional de planificación del poder popular, porque por
ejemplo hoy, en Baruta, la Universidad Simón Bolívar no se puede sentar en el
CLPP, porque quedó solo el modelo comunal, pero eso no impide que los
concejales -haciendo uso de la autonomía municipal- no puedan incorporar las
universidades al desarrollo económico con una reforma de la ordenanza local, en
función de la economía local y de la dinámica propia de la ciudad.
Pero, más que eso, “si los
ciudadanos hicieran esa tarea de ser irreverentes o de fastidiar al gobierno
local, podrían convocar un cabildo abierto y decir ‘yo quiero una ciudad
competitiva en estos términos’. Pueden usar alguno de los 17 objetivos del
desarrollo sostenible; por ejemplo, el agua, el sistema eléctrico, el tema de
la ciudad competitiva, el tema de género como igualdad de condiciones en todas
las áreas de la sociedad civil, el tema del deporte, el del empleo, el de
salud”.
Es decir, añade, “si alguien
se ocupara de hacer que los objetivos del desarrollo sostenible bajaran de las
nubes y aterrizaran a términos concretos, pudiera ser un ejercicio interesante
de construir la agenda ciudadana para el desarrollo. En Baruta lo hicimos”.
—No hay ninguna ciudad que sea
competitiva, no hay ni agua…
—No, no la hay, pero podría
ser. Por ejemplo, en Baruta tratamos de construir una agenda para enfrentar el
problema del agua. Lo hicimos hace tres años y ahora podemos sentarnos con las
autoridades y podemos hacer un cabildo abierto, estamos en discusiones. Lo que
pasa es que estos procesos políticos son lentos. Yo creo que en la
participación ciudadana el potencial para el desarrollo sería extraordinario.
—¿En cuánto tiempo podríamos
tener una ciudad competitiva?
—Yo lo haría a mediano plazo,
pero ¿quién es el principal actor? Los alcaldes y los concejales. Si los
concejales interpretaran el concepto de vida local, que lo dice la
constitución; el concepto de desarrollo económico y le exigieran a su alcalde
que hiciera un plan de desarrollo, ese alcalde, le aseguro, ganaría más
indulgencias de lo que uno pueda pensar.
—¿En este momento que las
ciudades sean competitivas depende de los alcaldes y no de Maduro o el gobierno
nacional?
—Exactamente. La autonomía
municipal, que tiene que ser como una herramienta, sería el martillo, y la
Constitución el clavo. Si la Constitución me dice que el martillo tiene un
clavo que se llama justicia de paz y esta no existe porque se la tomó el
Tribunal Supremo de Justicia, yo puedo como municipio crear un mecanismo de
justicia de paz, porque si no dejo a nuestros vecinos, y en sectores populares
más aún. Si la Constitución me habla de preescolar, de tercera edad, de agua,
de electricidad, ¿qué hago? ¿Me quedo cruzado de brazos esperando a ver si la
centralización me da algo o, al contrario, me pongo a investigar y a hacer
interpretación de vida local?
—¿Usted está culpando a los
alcaldes de la situación?
—No culpándolos. Lo que estoy
diciendo es que son responsables del desarrollo económico y que tienen que
entender su responsabilidad, porque mañana serán culpables de no haber
cumplido.
—¿Son más que conserjes, son
promotores de inversión?
—Si ellos se ponen a pensar y
a soñar en el desarrollo, tienen las herramientas constitucionales para
hacerlo.
—¿Por ejemplo, en un municipio
cualquiera quién vendría a invertir en el desarrollo?
—Es que una cosa es la
inversión y otra cosa el desarrollo. El desarrollo va más allá de la inversión,
primero tienen que ocuparse de que la gente entienda la importancia de para qué
una inversión extranjera; y segundo, crear las condiciones para que todo el
mundo se sienta contento de vivir en la ciudad. Hoy mucha gente se quiere ir
porque está obstinada de la ciudad. Con la red de Baruta nos pusimos a estudiar
e identificamos que la ley orgánica de prestación del servicio del agua vigente
dice que el municipio puede dictar una ordenanza de prestación de servicio del
agua. Por ejemplo, si en mi casa tengo 25 días sin agua, la pregunta es: ¿El
municipio tiene algo que ver con eso? Yo digo que sí, porque si hay una
ordenanza para prestar el servicio del agua, y el agua es un tema de vida local
que aparece en la Constitución y además no hay el vital líquido y puede
presentarse una enfermedad que cause una epidemia en la ciudad, el municipio
puede crear una política de emergencia para resolver la situación y regular el
servicio. Esto no quiere decir enfrentar, sino que tenemos que trabajar juntos
para resolver esto, porque si no todos quedamos mal y la sociedad civil empieza
a deteriorarse.
—¿La base para cualquier
captación de inversión es mejorar los servicios y resolver los problemas?
—En parte sí, pero toda inversión
requiere de estabilidad y confianza en el Estado de derecho.
—¿Y eso no depende del
gobierno nacional?
—Esa parte del estado de
derecho, en parte sí y en parte no, porque de nada sirve que exista en la
Constitución la figura del plan de desarrollo si no se usa para competir con el
Estado y decirle: usted puede decir misa, pero yo también.
—¿Ante quién se dirime el
conflicto?
—Ante el Consejo Federal de
gobierno, ante la Sala Político-Administrativa. (TSJ). Hay que empujar a que el
Estado actúe, que responda ante el ciudadano. A mí se me dio un poder popular,
se me dice que yo soy protagonista y solo lo puedo ser a través de un municipio
competitivo. ¿Usted se eligió como alcalde? Pues bien, el alcalde, según la
Constitución, tiene que abordar el desarrollo económico y social. Así que no
divague, no invente: es usted responsable.
—¿Puede ser una fuente de
captación de divisas en esta situación del país?
—Yo insisto, no soñemos con
divisas e inversión, primero construyamos ciudadanos y después sí.
—¿Eso pasa por resolver
también lo de los servicios?
—Claro, porque si usted tiene
ciudadanos es porque está en una ciudad que a usted le gusta, pero si tiene
habitantes es porque no se pudo ir de aquí.
—¿Hay alguna ciudad por dónde
se podría empezar? Volviendo a la pregunta inicial.
—Hoy en Venezuela, yo creo que
Caracas está en mejor condición que todas las demás ciudades. Creo, no lo puedo
asegurar. Todas tienen problemas. Todos nosotros gateamos y luego caminamos.
Bueno, hay que empezar gateando.
—¿Caracas está gateando?
—Todas están gateando.
—¿Se puede tomar la
experiencia de Bogotá?
—La experiencia de Bogotá se
puede montar mañana mismo, si el gobierno reconociera a la Asamblea Nacional y
ésta reformara el sistema nacional de planificación y lo pusiera a disposición
del desarrollo económico. Tan pronto los funcionarios y las autoridades se
sienten para llegar a acuerdos sobre la necesidad de reconstruir la sociedad en
servicios públicos, en educación, etc., avanzamos
—Pero volvemos al diálogo para
el reconocimiento institucional.
—Exactamente.
09-07-18
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