Infobae 07 de noviembre de 2021
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La ONG
Provea informó que, tras el anuncio del inicio de una investigación por la
presunta comisión de delitos de lesa humanidad en el país, se ha desprestigio y
criminalizado a quienes cooperaron con el organismo
Un
total de 111 organizaciones sociales y de derechos humanos venezolanas
denunciaron este viernes que los miembros de la dictadura chavista
emprendieron una campaña de “desprestigio y criminalización” en contra
de quienes han cooperado con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI)
en el examen preliminar que se abrió sobre Venezuela.
En un comunicado, publicado por la ONG Provea, se indicó que la presencia del fiscal de la CPI, Karim Khan, esta semana en Venezuela, ha motivado una “intensa estrategia” de propaganda a través de los medios estatales.
“Como
lo refleja el documento oficial ‘Venezuela Garante de DDHH’ uno de los
componentes de la campaña es la criminalización y desprestigio de quienes han
remitido denuncias, incluyendo a defensores de derechos humanos”,
señalaron.
Las
organizaciones recordaron que en febrero de 2018, la CPI decidió
empezar un examen preliminar para investigar posibles crímenes de lesa
humanidad cometidos en Venezuela desde abril de 2017.
“A
partir del inicio del examen preliminar, diferentes personalidades políticas y
sociales han suministrado información a la Fiscalía de la CPI para que
cuente con los insumos necesarios para decidir o no el inicio de una
investigación formal sobre crímenes contra la humanidad ocurridos en
Venezuela”, explicaron las ONG.
A
juicio de las organizaciones, la “política sistemática” del Estado de
“restringir el espacio cívico en el país”, incluyendo a quienes colaboran con
los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos, “ratifica
que no existe voluntad genuina para detener las causas que permitieron que
ocurrieran crímenes contra la humanidad en Venezuela”.
“Además,
reitera las conclusiones del reciente informe de la Misión Independiente de la
Determinación de Hechos (de Naciones Unidas) sobre las profundas
irregularidades en el sistema de administración de justicia, el cual
es utilizado como un instrumento de persecución a la disidencia”, añadieron.
Las
ONG sostuvieron que esta campaña busca “atemorizar a las víctimas para
inhibirlas (a) que continúen suministrando sus testimonios”.
“Instamos
al equipo de trabajo de la Fiscalía de la CPI que haga un seguimiento
de las amenazas y retaliaciones contra quienes han colaborado con su labor, lo
que refleja el incumplimiento de las obligaciones emanadas del Estatuto de
Roma”, agregaron.
El
miércoles, Khan anunció que abrirá formalmente una investigación por la
presunta comisión de delitos de lesa humanidad en la nación caribeña,
si bien aclaró que, por ahora, “no se ha identificado a ningún sospechoso ni a
ningún objetivo”.
El
anuncio llegó luego de tres días de visita a Venezuela del fiscal de la CPI,
Karim Khan, quien compareció ante los medios junto al dictador Nicolás Maduro
para firmar un memorándum en el que se explica que la entidad que
dirige “ha concluido el examen preliminar de la situación en Venezuela”.
“(La
Fiscalía) ha determinado que procede abrir una investigación para
establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma”, destacó.
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