Sabela Bello 13 de noviembre de 2021
@bellosabela
Desde
que el pasado 3 de noviembre el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI),
Karim Khan, anunciara la apertura de una investigación formal a Venezuela,
defensores de esta decisión repiten, como si de un mantra se tratase, que el
presidente Nicolás Maduro y altos funcionarios están en el punto de mira del
alto tribunal. Pero es falso, al menos, de momento.
Khan lo dejó claro antes de irse de Venezuela, tras una visita de tres días, y lo reiteró a su regreso a La Haya (Holanda), donde se encuentra la sede de la CPI: «No se ha identificado a ningún sospechoso». Las pesquisas se centrarán en confirmar, o no, si se produjeron delitos sobre los que el alto tribunal tiene competencia.
Así lo
recoge un memorando de entendimiento suscrito en Caracas por las partes, cuyos
signatarios fueron Maduro, en representación de Venezuela, y Khan, en nombre de
la Fiscalía de la CPI.
«En
esta fase no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo»,
señala el documento, que explica que «la investigación tiene por objeto
determinar la verdad y si existen, o no, motivos para formular cargos contra
alguna persona».
La CPI
deja abiertas todas las opciones hasta que la investigación, que se realizará
en estrecha colaboración con el Estado venezolano -con prioridad para hacer
averiguaciones desde el propio país-, arroje frutos, ya sea en positivo o en
negativo.
Rol
opositor: tergiversar el mensaje
«Es
determinante la decisión del fiscal de la CPI de abrir una investigación formal
sobre crímenes de lesa humanidad y violación sistemática de los derechos
humanos a Nicolás Maduro y su cadena de mando», escribió el sector opositor de
Juan Guaidó en su cuenta de Twitter.
Sin
embargo, tal y como reza el memorando de entendimiento, apegado al Estatuto de
Roma -del que Venezuela es Estado parte desde el año 2000-, la CPI otorga a las
instituciones nacionales la potestad de investigar los hechos denunciados, por
los que el alto tribunal mantiene abierto el proceso.
Los
resultados de la investigación en el país serán comunicados a la Fiscalía de la
CPI, conforme al principio de complementariedad, que significa que, en ningún
caso, la justicia internacional desplazará ni obviará a la nacional, sino que
deben complementarse y prestarse apoyo mutuo.
Las
instituciones venezolanas se comprometieron a investigar, analizar todos los
casos y facilitar al tribunal de La Haya cualquier dato nuevo o que sea
requerido, un requisito que debe ser recíproco, por lo que el país caribeño
espera que la CPI facilite la información con la que cuenta y que, hasta el
momento, «no ha sido aportada», pese a haberse solicitado «en reiteradas
ocasiones».
Sin
embargo, la oposición afirma, de manera rotunda, que «se han cometido crímenes
de lesa humanidad», por lo que -considera- se debe buscar «una sentencia
condenatoria», palabras que desacreditan las del propio Khan, quien se limitó a
decir que «procede abrir una investigación para establecer la verdad»,
ignorando acusaciones no probadas y respetando los principios establecidos.
Postura
del Estado venezolano
Tanto
el Gobierno como el resto de instituciones estatales lo dejaron claro desde el
momento en que se dio a conocer la continuidad del proceso: respetan la
decisión pero no la comparten.
«El
fiscal (de la CPI) ha decidido pasar a la siguiente fase. No compartimos la
decisión, pero la respetamos», dijo Maduro en su calidad de jefe de Estado,
durante el acto en el Palacio Presidencial de Miraflores, en el que también
participó Khan.
Por su
parte, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, mostró, durante una
entrevista con Efe, su desacuerdo, al considerar que «no se cumplen los
requisitos del Estatuto de Roma» para la apertura de la investigación.
Sin
embargo, manifestó el «firme compromiso» de colaborar con el alto tribunal para
esclarecer cualquier hecho que se considere para ser evaluado, y agradeció a
Khan la oportunidad brindada a Venezuela para que sean las instituciones
nacionales las que tengan prioridad en avanzar con la investigación y
demostrar.
Recordó
la necesidad de que cualquier denunciante o afectado recurra a la Justicia
nacional, en primera instancia, para que esta pueda actuar frente a cualquier
delito que se produzca en el país, ya que, de lo contrario, «no se da la
oportunidad de aplicar las leyes» contempladas en la legislación venezolana.
La CPI
abrió el examen preliminar en febrero de 2018 y, siete meses después, recibió
la solicitud de un grupo de Estados parte del Estatuto de Roma para que se
investigaran presuntos crímenes de lesa humanidad, algunos de los cuales
estaban siendo investigados en Venezuela y otros sobre los que no se han podido
aportar pruebas o no fueron puestos en conocimiento de la Justicia
nacional.
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