Por Piero Trepiccione
Desde que la Fiscal
General de la República anunciara una “ruptura del orden constitucional”,
a propósito de dos polémicas sentencias del Tribunal Supremo de
Justicia apenas comenzando el mes de abril de este año, las protestas
resurgieron con mucha fuerza no solo en la gran Caracas sino en muchas ciudades
del país que se sumaron inmediatamente a las mismas. Aun cuando desde finales
del 2016 hubo un enfriamiento considerable de este fenómeno, en virtud de la
enorme decepción que sintieron los sectores opositores y descontentos en
general por el proceso de diálogo llevado a cabo en el último trimestre, que no
arrojó los resultados esperados, el país había observado que su opinión pública
se había deslizado considerablemente en sus variables. La Mesa de la Unidad
Democrática (Mud), que había capitalizado el apoyo popular de los venezolanos
por amplia mayoría desde finales del 2015, y que le permitió obtener un éxito
rotundo en las elecciones parlamentarias de diciembre de ese año, se debilitó
dándole paso nuevamente a un crecimiento exponencial de las filas de lo no
alineados y a una recuperación de unos diez puntos porcentuales aproximadamente
al presidente Nicolás Maduro y al propio Partido Socialista
Unido de Venezuela (Psuv). En paralelo, el avance de la crisis
económica y el crecimiento sostenido de la inflación, crearon durante
el primer trimestre de 2017 una desmovilización de las protestas enfocadas
hacia el tema político. Sin embargo, en ese clima de desesperanza de la
población, bastaron las declaraciones de Luisa Ortega Díaz para que
se desataran las protestas y el país nuevamente se viera sacudido por las
movilizaciones.
La actitud de la fiscal general.
Con sus declaraciones le ha devuelto la esperanza al país de un “re-equilibrio”
de los Poderes Públicos
Abril y mayo han sido meses en
los que se han juntado algunas variables importantes. La primera de ellas
es la actitud de la fiscal general. Con sus declaraciones le ha devuelto
la esperanza al país de un “re-equilibrio” de los Poderes
Públicos enfocados hacia un funcionamiento más autónomo y menos
dependiente del Ejecutivo Nacional. Segundo, el liderazgo de la protesta
ha estado concentrado en los jóvenes y los diputados de la Asamblea
Nacional, que han dado la cara reconectándose con la opinión pública al
enfrentar la dura represión a la cual han sido sometidos. Tercero, y no menos
importante, ha sido el manejo unitario y estratégico que los líderes de la Mud
y los partidos de la oposición en general le han incorporado a sus posiciones
para recuperar un espacio que se había debilitado sobremanera. Por último, la
agudización de la crisis económica, sin que el país perciba un cambio de timón
en el modelo para eventualmente contrarrestarla; han creado una ola
de descontento, concentrado en la figura del primer mandatario, cuyas
consecuencias hoy en día las estamos viendo en plena ejecución.
Alrededor del ochenta por
ciento y un poco más de la población no está de acuerdo y la considera
“absolutamente innecesaria” en este momento-cumbre del país.
Frente a ello, el primer
mandatario nacional lanza la propuesta de una nueva Asamblea Nacional
Constituyente, algo que había sido bandera de algunos sectores opositores
que desde hacía meses venían haciendo el planteamiento para poder viabilizar
una salida política al conflicto venezolano. Repentinamente cambia de promotor
pero, para sorpresa de muchos, con un esquema absolutamente novedoso. Una
Constituyente sectorial y territorial que incorpora al llamado poder popular en
elecciones de segundo grado para iniciar “una transformación del Estado” y la
mejor manera de “conseguir la paz” en palabras de Nicolás Maduro Moros. Pero,
más allá del cuestionamiento que la sociedad entera se esté haciendo sobre las
bases comiciales, el debate ronda sobre la inutilidad de este mecanismo frente
a la coyuntura política y económica actual. Las primeras mediciones que han
aparecido luego de la propuesta dan cuenta de un rechazo generalizado a la
misma. Alrededor del ochenta por ciento y un poco más de la población no
está de acuerdo y la considera “absolutamente innecesaria” en este
momento-cumbre del país.
Es una forma de instaurar una
especie de “apartheid político” donde alrededor del veinte por ciento
de la población fijaría las bases de un nuevo Estado
Tenemos entonces un escenario
donde la propuesta Constituyente va por un lado y la realidad cotidiana de la
gente va por el otro. No existe ninguna conexión entre ambas. Esto, en lugar de
ser una “herramienta para la paz” es prácticamente lo contrario. Es una
forma de instaurar una especie de “apartheid político” donde
alrededor del veinte por ciento de la población fijaría las bases de
un nuevo Estado dejando de lado la opinión del resto ampliamente
mayoritario de la población. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias para un país
donde la violencia política, aun cuando ha sido minoritaria, ha
venido creciendo sostenidamente en las últimas semanas? Indudablemente que el
escenario más probable en este marco propositivo oficial tenderá hacia estadios
de mayor conflictividad, vista la negativa de quienes ostentan actualmente
el poder, de aferrarse irrespetando olímpicamente el deseo mayoritario de
acudir a elecciones universales, directas y secretas para viabilizar
el cambio político necesario.
03-06-17
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