Revista SIC 796
Julio 2017
La constitución de 1999
retrata un Estado que busca salvaguardar los derechos humanos, las libertades y
democracia incorporando un énfasis especial en lo que se refiere a la justicia
social. Estos serían los valores fundamentales que configuran el pacto político
social que nos dimos los venezolanos. Un elemento vital del mismo ha sido el
buscar desarrollar la noción de democracia participativa. Por la misma se
entiende que las decisiones más trascendentales de la sociedad venezolana, las
toma el mismo pueblo venezolano usando especialmente el mecanismo referendario.
Así, en particular, cualquier convocatoria al poder constituyente, su
configuración y cualquier modificación al marco constitucional requiere de la
aprobación de la mayoría de la población en un referendo.
Esto es lo que ha sostenido la
fiscal general de la República en los diversos escritos y demandas que ha
introducido ante el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional y
Electoral. El camino emprendido por la fiscal general desde que denunció la
ruptura del orden constitucional mediante las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional,
ha significado desnudar al régimen dictatorial.
Pero su acción no se quedó en
aquella escena, sino que luego denunció la sentencia 378 que avaló las bases
comiciales y la convocatoria a la ANC sin referendo aprobatorio alguno,
introdujo recursos tanto contra el decreto presidencial como contra las
decisiones del CNE y también ha revelado el uso desproporcionado de la fuerza
por parte de la GN y la PNB contra manifestantes civiles, lo que en algunos
casos ha implicado homicidios, lesiones y detenciones arbitrarias. Todos ellos
delitos que califican como violaciones a los derechos humanos.
Más allá de las intenciones
personales que se le quieran atribuir a la ciudadana fiscal general de la
República como motivaciones para actuar en esta dirección, el punto central
está en que sus actuaciones han supuesto un retorno de una parte de la
institucionalidad venezolana hacia la moralidad republicana y la vigencia del
Estado de Derecho. Por otro lado, han evidenciado la desviación de poder en la
que han incurrido otros poderes públicos.
Pero la dimensión más
prometedora es que se ha constituido en una suerte de portaaviones para un
grupo muy importante del chavismo que no encontraba caminos propios para
expresar su rechazo a la deriva dictatorial que ha implicado el madurismo.
El chavismo es una realidad
que llegó para quedarse en Venezuela con lo que eso pueda significar. Así como
el peronismo en Argentina ha dejado una marca indeleble y permanente en la
política de aquel país, así también ocurre con el chavismo. La fiscal se ha
dirigido a este sector y lo ha llamado a respaldar el legado que Chávez dejó.
Este legado se identifica fundamentalmente, a juicio de la fiscal, con la
Constitución de 1999 y con el conjunto de valores que hemos señalado anteriormente.
Todo proceso de transición en
Venezuela pasa por la inclusión del chavismo como un sujeto llamado a dirigir
(junto con otros) ese proceso. No se logrará una acertada salida de esta
situación si no se puede sumar en este proceso a importantes sectores políticos
y militares que se identifican con los postulados de Hugo Chávez Frías. A la
vez no puede ser la MUD el salvavidas de este movimiento chavista, pues han
sido sus antagonistas históricos. Pero lo importante es que hoy hay puntos de
coincidencia importantes que, sin negar la diversidad de identidades políticas,
permitirían un nuevo acuerdo nacional que nos llevaría a superar esta malhadada
situación.
En ese acuerdo es claro la
defensa del régimen democrático, la preeminencia de los derechos humanos en su
integralidad, la democracia participativa como una dimensión irrenunciable de
la democracia donde la consulta popular es nuclear y la Constitución de 1999
como base común de coexistencia. Estos serían los puntos de un acuerdo que
permitiría sumar grupos que hasta el presente se han visto como antagonistas y
excluir a grupos que pretenden imponerse por vía de las bayonetas. Esto supone
también articular caminos de reconciliación complejos pero necesarios para
generar posibilidades de convivencia que nos permitan superar la actual
coyuntura.
Venezuela requiere
efectivamente un proceso de diálogo y negociación como bien ha señalado
múltiples veces el papa Francisco, teniendo presente los cuatro puntos
señalados por la carta del cardenal Parolín y en el marco del respeto a las
normas constitucionales de 1999.
En el fondo la fiscal está
promoviendo este proceso de diálogo y reconciliación desde el respeto al Estado
de Derecho, denunciando aquello que ha violado normas constitucionales
(incluyendo el nombramiento de magistrados al TSJ), buscando aunar fuerzas en
torno a la defensa de la Constitución frente a un Gobierno que ha decidido
violentarla para imponer su voluntad.
La revista SIC como
órgano del Centro Gumilla se une a las medidas implementadas por la ciudadana
fiscal general y, junto con otros, hace un llamado a la creación de un frente
común de defensa de la Constitución. Este frente común, respetando la
diversidad de criterios políticos, permitiría la unidad de los distintos
factores de la sociedad en defensa de nuestro sistema siguiendo lo dispuesto en
el artículo 333 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela y, de ser el caso, lo dispuesto en el artículo 350 de esa
Constitución.
11-07-17
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