Por Emma Sánchez Álvarez
Gerardo Blyde opina que
"las actuaciones de la Fiscal han sido tan fuertes, que ella ya no tiene
retorno hacia el madurismo". Asegura que con la decisión para Leopoldo
López, el Gobierno busca venderse “no tan represivo” y empuja hacia el diálogo
Para el alcalde del Municipio
Baruta, Gerardo Blyde, la negociación política en democracia es la base
fundamental del ejercicio de las funciones de los poderes. Sobre esta premisa,
considera que el presidente Nicolás Maduro y su gobierno, “tienen que dar una
fe de vida muy grande para que la oposición pague el costo político que
representaría volver a sentarse con ellos y buscar una salida negociada a la
inmensa crisis política, social y económica que tiene el país”, dice al inicio
de esta entrevista con Contrapunto.
Blyde (Caracas, 1964) es un
experimentado abogado en materia constitucional. Precisamente salta a la arena
pública en febrero del 1999, cuando demanda el Decreto presidencial con el que
Hugo Chávez, apenas juramentado en su cargo como presidente, llamó a un referéndum
consultivo para convocar una Asamblea Nacional Constituyente que lo autorizara
además a fijar las bases del proceso electoral. Su recurso, inédito en
Venezuela, fue declarado con lugar por la Sala Político Administrativa de la
Corte Suprema de Justicia, que anuló la segunda pregunta del referendo y ordenó
al CNE a reformular las bases que rigieron todo el proceso.
Y precisamente, ante el fin de
semana que se avecina, Blyde analiza para los lectores
de Contrapunto varios temas, entre otros el del plebiscito convocado
por la oposición para este domingo 16 de julio; la posición adoptada por la
hasta ahora Fiscal General, Luis Ortega Díaz; las amenazas que Maduro le
ha lanzado a los alcaldes opositores por las manifestaciones y el bloqueo de
las vías; también sobre una posible transición de gobierno y el retorno al hilo
constitucional, y por supuesto no dejó de lado su opinión acerca de la medida
de casa por cárcel que el TSJ le otorgó al máximo dirigente de Voluntad
Popular, Leopoldo López, el pasado sábado 9 de julio.
"Sin duda, esa decisión
debe leerse como la necesidad del gobierno de descomprimir un poco el ambiente
político nacional para intentar venderse como “no tan represivo” y empujar a la
oposición hacia el diálogo. En esa mesa faltan muchas patas para que pueda
considerarse que habría alguna negociación. Pero parece también una acción para
ganar tiempo y llegar a su constituyente fraudulenta", dice, y agrega:
"pero esto no le lava la cara al máximo tribunal, porque solo mejoraron
sus condiciones de reclusión porque López sigue preso", opina Blyde.
La espada de Damocles sobre
los alcaldes
–¿Qué opinión le merecen las
amenazas del Presidente a los alcaldes de la oposición que no impidan el bloque
de las vías durante las protestas?
–Nosotros hemos sido muy
claros, apoyamos las manifestaciones pacíficas porque esa acción está
consagrada como derecho constitucional, y es imposible para nosotros no
apoyarlas. No podemos decirle al ciudadano que no proteste porque, ¿quién en su
sano juicio en Venezuela, que no sea enchufado y que no pertenezca a esa cúpula
pequeña, piensa que en el país no hay motivos para protestar? Ahora, esas
manifestaciones tienen que ser pacíficas. En nuestro caso, no hemos permitido
los saqueos o actos delictivos, en los dos únicos casos que sucedieron en
Baruta detuvimos a los responsables y los presentamos a los tribunales. Si
nosotros estamos luchando para la reposición del orden constitucional y la
vigencia plena del Estado de derecho, no podemos ser partícipes, ni cómplices, ni
permitir actos que vayan contra la propiedad privada, por ejemplo, de pequeños
comerciantes a los que se les quiebren sus negocios por actos disfrazados de
protesta. Además, los alcaldes no tenemos competencia de orden público porque
no lo establece la ley de policía. Ni siquiera tenemos equipamientos como
bombas lacrimógenas o perdigones.
–Pero con la decisión del TSJ
contra ocho alcaldes y las amenazas del Presidente Maduro tienen una espada de
Damocles encima...
–La tenemos, sí la tenemos y,
seguramente, si esto se pone peor, la van a usar. No me extraña que vuelvan a
citarnos a algunos alcaldes. Todos esos procesos están introducidos como si las
manifestaciones solo ocurrieran en municipios de oposición. El alcalde Jorge
Rodríguez tiene manifestaciones todas las noches en varios sitios del Municipio
Libertador y no tiene ni una llamadita de atención. Así hay varios, el de
Guarenas o Guatire, que son del chavismo, tampoco tienen este tipo de acciones
del TSJ. Pero sí Maduro y el gobierno cree que van a detener las protestas
porque nos pongan presos y nos destituyan a los alcaldes de oposición están
equivocadísimos. Si a Gerardo Blyde lo destituyen en una audiencia como lo
hicieron en el 2014 con Enzo Scarano y Daniel Ceballos, encarcelándome en un
proceso inconstitucional sin mi juez natural y en solo una instancia, la Cámara
Municipal nombraría otro alcalde y las manifestaciones no van a parar, es más,
se incrementarán porque hay hambre y miseria en el país. Yo tengo derecho,
según la Constitución, a doble instancia. Además, este no es un procedimiento
para juzgar un desacato. Es un mecanismo inventado por la Sala Constitucional
en el 2014 para descabezar a los alcaldes.
"La gran pregunta es cómo
se ve el madurismo dentro de unos meses si logra cristalizar su Constituyente
fraudulenta, si va a tener presos o destituidos a todos los alcaldes y
gobernadores de la oposición, si va a eliminar la inmunidad parlamentaria y
hacer presos a diputados que han dirigido y convocado todo este proceso de
protestar. Una constituyente le otorga todo esto. Además, ni siquiera las
normas constitucionales estarían vigentes y, lo más grave, no se sabe hasta
cuándo estaría funcionando. Esta Constituyente no es un diálogo del país. Es un
'yo con yo' del madurismo. Es un espejo en el que este gobierno se habla a sí
mismo".
La Constituyente: El peor
error político del Gobierno
–Pero el Presidente Maduro
insiste, a pesar de la resistencia de la gente, en la Asamblea Nacional
Constituyente?
–Convocar a una Constituyente
es el peor error político que ha cometido Nicolás Maduro en el ejercicio de sus
funciones. En una reunión en Miraflores, a la que asistimos los alcaldes de
oposición, yo lo único que le dije a Maduro fue que respetara el orden
constitucional y que, por lo tanto, nos respetara como poder público municipal,
autónomo e independiente. En aquel momento le agregué que la Constitución de
1999 la aprobó el pueblo venezolano, aún cuando nosotros no estábamos de
acuerdo pero aceptamos las reglas democráticas. Le recordé que cuando quisieron
cambiarla y reformarla casi un tercio en el 2007, fue la oposición la que
defendió su plena vigencia. En este momento se volvió el Pacto Social de todos
los venezolanos, el contrato que nos une. Un pueblo no puede vivir sin un
contrato de reglas claras. Maduro menosprecia el valor de esto a tantos años de
vigencia de la Carta Magna, sobre todo desde el 2007 para acá. Además, esa
propuesta fracturó al chavismo, y lo mismo debe estar pasando en las Fuerzas
Armadas, porque los militares no son extraterrestres.
–¿Cree usted que el gobierno
quiera realmente sentarse a negociar o dialogar para sacar a Venezuela de esta
crisis?
–La negociación política en
democracia es la base fundamental del ejercicio de las funciones de los
poderes. Si Maduro fuera un demócrata, al perder la mayoría parlamentaria en el
2015 no ha debido arrasar con el TSJ para tomar control de todas las decisiones
que pudiera producir la Asamblea Nacional en contra, sino que hubiese
establecido una negociación política en su condición de fuerza minoritaria
dentro de ese parlamento que eligió soberanamente el pueblo venezolano. Pero
lamentablemente escogieron no negociar y, por el contrario, decidieron arrasar,
no supieron perder ni ser minoría. Cuesta mucho creer en la palabra de quien
así actúa, porque no procede como demócrata y mucho menos como estadista en
ejercicio del poder. Defiende el poder por el poder mismo. Maduro y su gobierno
acabaron con la negociación política en democracia, avalado con su toma
inconstitucional del TSJ.
Es más aun: la oposición tiene
ahora un costo político muy alto que pagar si regresara a una mesa de
negociación, sin que se dieran las garantías mínimas indispensables para
avanzar en un proceso de negociación. Maduro tiene que revertir muchas cosas
que, en violación del ordenamiento constitucional vigente, ha realizado.
Solamente así pudiera pensarse en tener una negociación política exitosa. Si
no, sería un show como el que se vivió el año pasado. Quien no ha dado muestras
de saber negociar en democracia es el propio gobierno. Quien tiene que dar
muestras de que quiere negociar seriamente una salida para cambiar la situación
actual del país es el gobierno. El que no tiene la mayoría del pueblo es el
gobierno. El que perdió la AN en el ejercicio de sus funciones como Presidente,
es el gobierno. Insisto: Maduro y su gobierno tienen que dar una fe de vida muy
grande para que la oposición pague el costo político de volver a sentarse con
ellos a buscar una salida negociada a la inmensa crisis política, social y
económica que tiene el país.
–¿Cuál es entonces la salida a
esta crisis que tiene en su haber más de 100 muertos, muchos heridos, detenidos
y presos políticos?
–Yo no soy futurólogo. Creo
que las salidas pueden ser muchas. Algunas muy costosas y otras menos. El
primer escenario es que estamos en un punto en el que se ha pagado un alto
costo por la subversión del orden constitucional, y podría pagarse un precio
mayor si el gobierno se empeña en mantenerse en ese callejón sin salida de
alterar el orden constitucional, acabar con el estado democrático y llegar a
una Asamblea Nacional Constituyente. Otro escenario, que para mí sería el más
deseable, es que este gobierno revierta sus decisiones violatorias del orden
constitucional y, con observación imparcial aceptada por las partes, pueda
llegarse a una negociación política que determine un proceso electoral nacional
presidencial, e incluso parlamentario si fuere necesario, lo más pronto
posible. Pero es importante que el Gobierno y Maduro desistan con la acción de
usurpar la soberanía del pueblo de Venezuela mediante una Asamblea
Constituyente no consultada. Después hay otras salidas, que son las que nadie
quiere porque puede producir muchos muertos, y que nos podría llevar hasta una
guerra civil en el país por la irresponsabilidad absoluta de quien ejerce el
poder por el poder.
Plebiscito: una decisión
acertada
–¿En todo este esquema que
usted expresa, qué significado tiene el plebiscito convocado por la oposición
para este 16 de julio de 2017?
–Yo no participé en esa toma
de decisión porque yo no pertenezco a ningún partido hoy en día, y no me tienen
por qué invitar a la toma de decisiones de la MUD, que es una Confederación de
los principales partidos políticos. Sin embargo, he estado defendiendo las
líneas estratégicas aunque no todas las tácticas de la MUD. Esta decisión de
hacer un plebiscito me parece una decisión acertada tanto estratégica como
tácticamente. El plebiscito lo está queriendo vender el gobierno como las
consultas de los dictadores, pero con esto demuestra una inmensa ignorancia
sobre lo que es la palabra y el mecanismo. El plebiscito surge en la
República Romana como la posibilidad que le dieron los patricios erigidos en
tribunos a los plebeyos, es decir, los descastados, de participar en las
decisiones de las leyes y las órdenes que involucraban a la plebe. Por eso se
llama “plebiscito”, es decir, se cita a la plebe a Asamblea para consultarle
sobre las reglas que van a regirlos y que determinan los tribunos.
Constituyeron consultas obligatorias para las ideas que los tribunos planteaban
y que la plebe votaba. No es un mecanismo dictatorial, por el contrario, es un
proceso extremadamente democrático. El plebiscito es el nacimiento de la
democracia participativa.
En Venezuela, el plebiscito no
existe como figura constitucional, pero los cuatro tipos de referendos pueden
ser asumidos como plebiscito. Yo entiendo que debe estar enmarcado dentro de
las competencias de la propia Asamblea Nacional para convocar un referéndum, y
eso está determinado en el artículo 71 de texto constitucional en el sentido de
que la AN, con mayoría simple, puede convocar materias de interés nacional.
–¿Cuál es el efecto de esta
consulta porque el plebiscito no es vinculante?
–No es vinculante porque sería
un referéndum consultivo. Pero si bien no tiene los efectos obligantes, tiene
unos efectos políticos devastadores. Al pueblo venezolano se le debió consultar
en un referéndum constitucional, de si quería o no una constituyente. Así lo
definió la sentencia cuando se permitió ir a la Constituyente para 1999. Esto
se lo comió Maduro y obligó a que la AN busque un mecanismo de consulta al
pueblo, que es un referéndum consultivo. Aquí va a venir un choque, de hecho
está llegando, es decir, quién organiza cuánta efectividad jurídica pueda tener
ese referéndum, o lo que han denominado plebiscito. La efectividad es más
política que jurídica: el poder de movilización del ciudadano expresándose ese
día de consulta en múltiples centros electorales del país para decirle al
Presidente que usurpó su poder como soberano, y que no está de acuerdo con la
convocatoria de la Constituyente. Es demostrar fuerza, músculo y, además, puede
unificar a la gente.
La Fiscal no tiene retorno
–¿Qué opina usted sobre el
cambio de actuación de la Fiscal Luisa Ortega Díaz, que ha sorprendido a
muchos? La gente la acusa de encarcelar a varios dirigentes de la oposición, y
esto genera mucha desconfianza en sus actuaciones y posiciones recientes...
–Yo no juzgo su conducta hacia
atrás. El tiempo lo dirá. Yo valoro su conducta como abogado y ciudadana. Uno
de sus deberes, y así se lo reclamamos en varias oportunidades, es la defensa
plena del Estado derecho. Evidentemente, la procesión iba por dentro. Y como
que la punta del iceberg fue la sentencia 155 y 156, parchadas a medias por la
157 y 158 que no subsanaron la ruptura del hilo constitucional que declaró la
Fiscal. De allá para acá ha venido realizando una serie de acciones y
declaraciones que la colocan como un actor importante, menos por lo que dice
más por lo que hace, y por el cargo que desempeña, que es muy importante para
el país. Si lo vemos desde el punto de vista político, creo que si del lado de
la oposición le vamos a caer a palos a cualquiera que se desprenda del “madurismo”,
aún cuando conserve su sentimiento “chavista”, no vamos a lograr nunca nada, ni
unificar al país ni salir de esta catástrofe. Somos los primeros en levantar –a
veces con razón– altísimas sospechas sobre quienes se dividen.
Del lado opositor nato hay mucho
escepticismo por cualquiera de las figuras que fueron prominentes en el
chavismo y que ahora no están con el madurismo. Sin embargo, hay que darle la
oportunidad al tiempo para que el tiempo nos señale cuán sinceras son cada una
de estas acciones. Lo que si pareciera es que las actuaciones de la Fiscal han
sido tan fuertes en las últimas semanas que ella no tienen retorno, por lo
menos no hacia el madurismo. Y es el madurismo el que está usando mecanismos
absolutamente violatorios del orden constitucional para remover a la Fiscal.
–La Fiscal Luisa Ortega Díaz
también ha puesto en entredicho las actuaciones de la Asamblea Nacional en el
caso de la remoción de los magistrados del TSJ…
–Creo que parcialmente es
justa, por cuanto la AN sí produjo un acto parlamentario de anulación de todo
el proceso de nombramiento que se hizo vía “fast track” en diciembre del 2015,
y antes que entregaran en el 2016 a la nueva Asamblea Nacional que se
incorporaría el 5 de enero. Es verdad que se tardó en producir ese acto, porque
debía cumplir con las fases que el chavismo mismo no respeta. Vale recordar que
el chavismo en 15 días violó todos los procedimientos de la Ley Orgánica del
Tribunal Supremo de Justicia en cuanto a los lapsos que deben cumplirse. Y los
lapsos en derecho no están puestos de manera caprichosa, estos son de orden
público porque la gente tiene derecho, por ejemplo, a postularse, también otros
tienen derecho a impugnar esa postulación u oponerse a ella y, luego de la
valoración en cada uno de los sectores que la Constitución da para que se
evalúen esos postulados, ya sea el Consejo Moral Republicano como primer gran
filtro o, en segundo término, en la propia AN cuando llegan los listados que
han sido depurado por el CMR en el caso de los magistrados.
La Asamblea Nacional ha
tardado en convocar ese nuevo procedimiento. La segunda parte ha sido lenta
para el nombramiento de los magistrados. Por eso digo que es parcialmente justo
el llamado de atención. Pero hay momentos en los cuales el deseo choca contra
la realidad política y de lo que puedes ejecutar, y a lo mejor en la evaluación
que hizo la Fiscal, no hizo la valoración política, es decir, de lo que en la
práctica puedes ejecutar o no. Lo que la Fiscal declaró de fondo, más allá que
se pueda ver como un regaño o no a la AN, es una verdad como un templo que
hemos dicho desde el inicio, y es que no existe desacato del poder legislativo.
La AN no ha aceptado el desacato, y ha seguido legislando y produciendo actos
parlamentarios en forma de ley en ambos sentidos. Y el TSJ ha seguido en
innumerables sentencias, anulando la función de legislar de la AN.
La transición, la
incógnita
–Se habla que la fiscal
estaría buscando ser una posible candidata en una eventual transición…
–Eso es más una pregunta para
ella que para mí. Yo no puedo señalar la intencionalidad de una persona. Yo
juzgo a la persona por las acciones no por las intenciones ocultas o no que
pueda tener.
–¿Tiene la Fiscal los
requisitos para llevar adelante una eventual transición?
–¿Vamos a una transición? Esta
es la pregunta. Para que haya candidatos a una transición tendríamos que
dilucidar si nosotros vamos a este proceso en Venezuela o no. Eso depende de
muchos factores. Ella podría tener su aspiración o su intención pero eso yo no
lo conozco. Suenan en las redes y en los medios otros nombres también.
–¿Cómo se hace o se debe
producir una transición del gobierno nacional?
–Tiene que partir de una base,
y me voy otra vez al derecho constitucional. ¿Existe o no existe una ruptura
del orden constitucional? Si la respuesta es afirmativa, quienes están
ejerciendo el poder y se les acusa de ser los actores de esa ruptura, perdieron
la legitimidad en el desempeño, ya no estoy hablando de la legitimidad de
origen. Estos conceptos son novedosos en el derecho constitucional y político
moderno. Lo normal era que el Presidente, aunque se deslegitimara en el
ejercicio del poder, había sido electo y había que dejarlo terminar su mandato.
No obstante, si se asumen las nuevas tesis del derecho público, y sobre todo de
las Ciencias Políticas, de quien está en el poder y en el cargo, cuando la
ruptura del orden constitucional se deslegitimó en el proceso. Por lo tanto,
como han denunciado tanto la Asamblea Nacional, la propia Fiscal y múltiples
voceros, incluso de gente del chavismo que se ha divido, fracturado y
distanciado de lo que significa el madurismo, han denunciado que en Venezuela
ocurrió un Golpe de Estado.
–¿Cuál es la obligación de
todo venezolano investido de nueva autoridad?
–Está claro en la norma 333 de
la Constitución, que indica que todos estamos en la obligación de reponer el
orden constitucional. Esto incluye a civiles sin cargo, a civiles con cargos
públicos, pero también a militares en el ejercicio de sus funciones, y en
cumplimiento del 328 de la Carta Magna que no se puede ver aislado. El 333 no
es una norma programática enunciativa. El 333 es una norma que se tiene que
materializar en la operatividad real de las cosas.
–¿Qué tipo de transición
sería, en caso de que esto ocurra?
–Nos encontramos con varios
tipos de transición: con los que gobiernan, sin los que gobiernan, solo dentro
del chavismo o el chavismo con la oposición que controla la AN. Son muchos los
subescenarios que se pueden abrir. Dentro de todo esto hay un factor que poco
mencionan pero que es fundamental, ¿la fuerza armada regresa al cumplimiento
del 328, es decir, ser apolítica, institucional y hacer cumplir el orden
constitucional? ¿Eso significa para algunos, el llamado para un Golpe de Estado
o es un contragolpe si ya se dio un golpe? O es la solicitud de no acatar
órdenes de quien se deslegitimó en el poder y no ir contra de lo que la mayoría
soberana del pueblo quiere o no. Lo que sí está claro es que lo que no quiere
es lo que no se le consulta, que es la Asamblea Nacional Constituyente, que se
convertiría en un supra gobierno y en una hegemonía aún más compacta de los
pocos resquicios no hegemónicos de poder que tenemos hoy en día.
–¿Cómo se regresa al orden
constitucional?
–En primer término regresa el
orden constitucional quien lo violó y produjo la ruptura. Es una forma. Pero se
llevaría a la práctica revirtiendo todas las decisiones que han tomado, tanto
el TSJ, que le ha dado sustento, y las decisiones adoptadas por el gobierno que
han producido esa ruptura del hilo constitucional, y restableciendo las
competencias plenas del parlamento nacional, etc. Es un escenario, y ahí no
estás en un gobierno de transición. El otro escenario: quien está en el poder
se niega a revertir todas esas actuaciones y decisiones para regresar al orden
constitucional, lo cual significa que continúa deslegitimado y nace el derecho
a la rebelión y a sustentar la posibilidad de ir a una transición.
–¿Usted cree como algunos, que
en Venezuela existe un vacío de poder?
–Yo nunca he creído en la
figura de los vacío de poder. Fui muy crítico de la sentencia del caso Carmona
al señalar que hubo un vacío de poder. Para aquel momento había un poder de
facto actuando, en este caso fue básicamente el de las Fuerzas Armadas, porque
el sector político quedó excluido de lo que se llamó el Carmonazo. Yo no
veo en estos momentos un vacío de poder. Hay poderes actuando. Ahora hay
poderes actuando fuera del orden constitucional, y otros poderes actuando para
reponer el orden constitucional. ¿Cuál va a ganar en este enfrentamiento? Yo no
tengo duda de que al final se impone lo que el pueblo termine queriendo, porque
nuestra fibra democrática está muy impregnada dentro del ciudadano. Si algo yo
puedo decir de este período chavista, desde la gestación de la Constitución de
1999 hasta hoy, es que los venezolanos hemos aprendido mucho de política a un
alto costo, pero también mucho de derechos.
12-07-17
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