Por Froilán Barrios
Definitivamente, el liderazgo
opositor no da pie con bola ante la cruenta dictadura. Luego de las regionales
del 15/10/2017 se produjo en su seno un estallido que ha determinado a cada
quien a salir del closet y dar a conocer su verdadero y taimado comportamiento
político, que no es otro que “sálvese quien pueda” o “el último que salga
apague la luz”, sin preocuparse de plantearle al país una propuesta unitaria y
factible ante tanto desconcierto. Y es que la población mayoritariamente
rechazó la abominable subordinación de cuatro gobernadores militantes de AD,
ante la calificada por su secretario general como “prostituyente”.
Por tanto, plantearse
inscribir candidato a la Gobernación del Estado Zulia significa una traición y
una violación del voto emitido, a pesar de todo el género de trampas
gubernamentales, por el pueblo zuliano por el gobernador Juan Pablo Guanipa,
electo constitucionalmente, ya que esta elección convocada por la montonera del
PSUV no tiene ninguna validez ni ante Dios ni ante los hombres, por decir del
tamaño de la tropelía cometida. El que resulte electo el próximo 10/12/2017,
sea oficialista u opositor, será tan usurpador e impostor como lo es la
“gobernadora encargada” Magdelis Valbuena.
Por cierto, presidenta de un
consejo legislativo cuyo periodo prescribió en diciembre 2016, que debía
renovarse el 15/10/ 2017 y fue dejado intacto por las argucias del CNE, que al
conocer que el oficialismo gozaba de mayoría en casi la totalidad de los
parlamentos regionales, los dejó como preservativo ante cualquier resultado
adverso. Pues bien, acorde con lo sucedido ese domingo de octubre, hoy la
citada funcionaria no sería presidente de ese organismo ni hubiera podido
cometer la fechoría ejecutada contra la decisión soberana del pueblo zuliano.
En segundo lugar, el disparate
de la dirección opositora es mayor al decidir abstenerse de participar en las
elecciones de alcaldías y de paso expulsar de sus partidos (VP, PJ, AD) a
quienes osen presentarse como candidatos a alcaldes. Ignorando que tanto las
elecciones de alcaldes como las de gobernadores son un mandato constitucional,
por tanto no pueden ser ratificados ni emanados de la montonera del PSUV, así
lo declare Maduro y la mal llamada ANC.
Por tanto, esas elecciones a
alcaldes son un espacio para denunciar el fraude del CNE, demostrarlo con la
participación, como se hizo con la de gobernadores, cuando quedó evidenciado
ante la comunidad internacional el robo descomunal de votos y el fraude
integral al proceso no solo el día del voto, sino desde el inicio, desde la
convocatoria hasta el acto electoral.
Ahora bien, tener estrategia
es retar y provocar a la dictadura en el contexto constitucional, es elegir
alcaldes opositores; los que sean electos deben juramentarse como lo establece
la vigente Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en el artículo 97: “El
alcalde o alcaldesa electo o electa tomará posesión del cargo mediante
juramento ante el concejo municipal, en la primera sesión de cada año del
periodo municipal, o en la primera sesión del mes siguiente a su elección”.
Esta posición debe ser firme y unitaria, diferente a la colaboracionista
asumida por los gobernadores, y colocar así a la dictadura ante el mundo y
frente a la disyuntiva de destituir a decenas de alcaldes. De cometer de nuevo
esa tropelía acortará cada vez más su estancia en el poder. Si se subordinan a
la montonera del PSUV, como los gallináceos gobernadores, la tragedia popular
se profundizará aún más ante tanto desconcierto opositor.
Finalmente, los haraquiris y
kamikazes se los dejamos a los japoneses y a los yihadistas talibanes, ya que
lo inmediato para los venezolanos es dotarnos de una dirección política
victoriosa como otrora, con conceptos, sensatez, destreza y malicia para
derrotar al malandro régimen.
08-11-17
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