Por Sammy Paola Martínez
La falta de políticas
económicas que eliminen la hiperinflación que vive Venezuela desde finales de
2017 y la promesa incumplida de resolver los principales problemas de las
comunidades han provocado un gran descontento en los sectores populares,
afirman líderes sociales de La Vega, Catia y Artigas.
En el barrio Los Mangos, parte
alta de La Vega, hay una base de misión socialista que defendió al presidente
Nicolás Maduro y amenazó a quienes no lo apoyaban, sin embargo, la ausencia de
respuesta a las ayudas que han solicitado por la desnutrición en el sector ha
causado decepción en el liderazgo de base del PSUV.
Uno de sus integrantes admitió
que, pese a la lealtad que han tenido, nunca han sido atendidos por el Estado.
“Hemos ido a presentar propuestas, como lo ha pedido el presidente. Nos reciben
en los ministerios y nos dicen que debemos hacer un censo en la comunidad y
cuando lo entregamos, la respuesta es ‘no tenemos recursos’. Entonces cuándo es
que el pueblo contará con ellos. Ya hemos dado todo por la revolución”,
aseveró.
Uno de los vecinos de Los
Mangos, que prefirió resguardar su identidad por seguridad, contó que hasta
hace meses eran amedrentados por estas personas afectas al chavismo “pero la
miseria también tocó sus puertas y abrieron los ojos”.
Asegura que la fuerza
oficialista ha disminuido notablemente: “Antes nos prohibían hacer eventos que
no se pareciesen a su proyecto político. Han entendido que si no trabajamos en
conjunto, no encontraremos soluciones para nuestra comunidad, esas que no da ni
dará Maduro”.
En Artigas ocurre algo
similar. Los simpatizantes del presidente y su gabinete están opacados y
desilusionados. “Los afectos a Maduro ya no tienen el mismo ímpetu que antes,
cuando amenazaban con la bolsa o con quitar la pensión si apoyabas otra opción.
Eso se acabó”, expresó un líder comunitario. Aseguró que el comportamiento
pacífico de los oficialistas se comenzó a notar después de las elecciones del
20 de mayo.
Desde ese momento, el carnet
de la patria pasó a un segundo plano y el control político que ejercían a
través de ese mecanismo se redujo en La Vega, Catia y Artigas.
Cuando Maduro implementó el
carnet de la patria el año pasado, los voceros obligaron a los ciudadanos a
presentarlo como requisito fundamental para venderles la caja de comida.
También les exigieron votar en las adyacencias de su lugar de residencia para
que los comités locales los chequearan con una lista y escanearan sus carnets
el día de los comicios.
“El gobierno utilizó a sus
bases para que amenazaran a las comunidades con el carnet de la patria. Pero
ahora que Maduro se reeligió y se dan cuenta de que los problemas se han
agudizado y no hay intención de mejorar el país, dejaron de exigir el carnet
para comprar el CLAP. Dejaron de creer”, dijo Manuel Hernández, líder de La
Vega y vocero de un consejo comunal.
Indicó que en las últimas
semanas se han reunido con sectores chavistas para trabajar en conjunto en
favor de la comunidad y la respuesta ha sido positiva.
A pesar de ello, alertó que
hay un grupo radical minoritario del PSUV que quiere continuar la política de
persecución e instalar comunas con el propósito de controlar y recuperar el
poder que han perdido.
Un dirigente comunitario de
Catia aseguró que el carnet solo se utiliza cuando Maduro decreta los bonos.
Resaltó que los que poseen este documento no asisten a las reuniones para
hablar sobre los problemas de la comunidad sino en el momento que les ofrecen
un beneficio económico, porque es el que les permite satisfacer un poco las
necesidades de su núcleo familiar: “Sabemos que es una migaja y una política
que no promueve el trabajo, sino que la gente se acostumbre a recibir sin hacer
nada. El gobierno perfeccionó una política que le llevó años. Primero acabó con
las empresas de alimentos, fábricas y laboratorios. Después dejó de importar.
Es decir, nos cortaron un pie y nos dieron unas muletas, que son los CLAP y el
0800SaludYa, y luego dijeron que caminábamos por las muletas”, argumentó.
Andrea Rondón, directora del
Comité de Derechos de Propiedad de Cedice, asegura que, independientemente de
que ahora no coaccionen como hasta hace dos meses, el mecanismo de control
continúa siendo peligroso y ayuda a que su uso arbitrario se afiance.
Recordó que el carnet de la
patria no tiene ningún tipo de asidero legal y fue diseñado para ejercer
control sobre dos elementos relacionados con el derecho a la vida: la salud y
la alimentación.
Rondón sostuvo que es muy
difícil cuestionar a quien utilice los bonos para comprar los productos más
necesarios porque las medidas políticas de expropiación y destrucción del
aparato productivo y la propiedad privada que se han aplicado desde 2007 han
conducido a que la sociedad dependa del Estado.
“No le puedes decir a la gente
que escoja entre inscribirse o morirse de hambre o de la enfermedad que padece.
No son mercantilistas por aceptar el bono. El modelo que se instauró en
Venezuela acabó con el mercado y el sector privado”, aseveró.
Conatel promueve bonos de
Maduro
Antes de las elecciones
presidenciales del 20 de mayo, los organismos del Estado se convirtieron en una
especie de comando de campaña del PSUV. Una vez que Maduro resultó reelegido se
han encargado de divulgar mediante sus portales la política de bonos que
implementó el gobierno. A inicios de junio, la página de Conatel publicó “la
entrega de un bono especial de 2,5 millones para beneficiar a los afectados por
la guerra económica”.
En la publicación se detalla
cuántos bonos ha otorgado Maduro y la cantidad de beneficiados. “Estos bonos
forman parte de la políticas de protección social implementadas por el gobierno
bolivariano en apoyo al pueblo venezolano”, dice el portal.
El Instituto Prensa y Sociedad
recuerda que estos mensajes están orientados a beneficiar una tendencia
política específica, y no respeta la independencia de las instituciones
públicas. De acuerdo con el seguimiento que han hecho, Conatel ha sido el
organismo más consecuente con la gestión de Maduro.
09-07-18
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