Por Ramón Guillermo Aveledo
El asesinato de Edmundo
“Pipo” Rada duele en el alma. Tan triste como el abominable crimen es la
sensación de desamparo que sufre el ciudadano venezolano, indefenso ante la
violencia y el abuso. ¿Ante quién quejarse? ¿A dónde buscar justicia? ¿En cuál
rincón del aparato público, tan vasto como destartalado hay esperanza de encontrar
respuesta?
Hoy, en este país de
nosotros, es virtualmente inexistente o, para que no se diga que exageramos,
mínima la confianza en la policía, en los tribunales y en el ministerio
público. La Defensoría del Pueblo, recibida con esperanzas al estrenarse la
Constitución de 1999, con su prolija y extensa carta de Derechos Humanos ha
quedado reducida a una especie de caricatura de la promesa que fue. Son
poquísimos los compatriotas nuestros que creen que de alguno de esos llamados
“despachos competentes” podrán esperar algo en su beneficio.
El crimen de Rada
ameritaría, como tantos otros que ocurren, una investigación que determine
responsabilidades, un proceso judicial serio y decisiones judiciales que
resuelvan el caso de manera satisfactoria para sus familiares y para la
comunidad toda. Tribunales imparciales e idóneos, no sumisos a conveniencia
político-partidista alguna, son el único e insustituible modo de esclarecer
crímenes como éste de manera que la justicia se imponga al dolor y vacune
contra el rencor.
Pero todos sentimos que el
oscuro asunto se irá esfumando entre otras noticas, a cual más escandalosa,
hasta desvanecerse. Y es demasiado grave para resignarse con un “Así es la
vida”. Porque así no es la vida. Así es la muerte. De las personas, de los
valores, de la convivencia.
Nuestro derecho a la vida,
nuestras libertades, nuestra seguridad, nuestro derecho a la propiedad, al
trabajo, a la educación y a la salud, reclaman de una institucionalidad eficaz
que los promueva, los garantice, los defienda y sea capaz de sancionar a quien
los amenace y enderezar cualquier desviación que pueda presentarse, porque no
somos ángeles.
“Moral y luces son nuestras
primeras necesidades” reza la frase bolivariana que escuchamos tantas veces en
la escuela y que adorna muros en muchos planteles educacionales de nuestro
país, de esos que hoy sufren, tanto física como humanamente, los embates de la
interminable crisis, pero la verdad es que hoy, la primera necesidad de nuestra
sociedad es una institucionalidad pública eficaz, consciente de que su razón de
ser es el servicio a todos. Sin ella, la moral y las luces serán gaseosos
anhelos.
Está clarísimo. Mientras
Venezuela no cuente con una institucionalidad respetable, merecedora de
confianza por parte de nuestra ciudadanía y de los países extranjeros, no habrá
seguridad, ni progreso, ni inversiones ni nuevas oportunidades.
29-10-19
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