Los hombres y mujeres detrás del gobierno interino, por @EfectoCocuyo

Efecto Cocuyo 21 de diciembre de 2020

@EfectoCocuyo

La mayoría de las personas que integran el “gabinete” de Juan Guaidó lo hace ad honorem, desde el exilio y con bajo perfil, por la persecución sistemática del gobierno de Nicolás Maduro en su contra.

Un cuerpo diplomático repartido en 42 países trata de operar articuladamente como un taladro para horadar el régimen.

La cárcel o el exilio son dos destinos probables de los hombres y mujeres que se han atrevido a cerrar filas con Juan Guaidó.

La desaparición forzada del periodista y dirigente del partido Voluntad Popular Roland Carreño, el 26 de octubre de 2020, así como su posterior imputación fiscal y detención judicial por los delitos de conspiración, tráfico de arma de guerra y financiamiento al terrorismo, constituyen un último episodio de la persecución sistemática desarrollada por el gobierno de Nicolás Maduro, a cuyos efectos operan orquestadamente cuerpos de seguridad, fiscales y jueces.

Según informó el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, Carreño usó 8,5 millones de dólares provenientes de la Fundación Simón Bolívar de Citgo, la principal empresa de Petróleos de Venezuela en el exterior del país, para financiar a los partidos de oposición Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo.

Además de las acciones policiales, fiscales y judiciales, voceros del gobierno de Maduro, como el exministro de Información y Comunicación y ahora diputado electo de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se encargaron de destacar que Carreño malversó los recursos inicialmente destinados a ayudar “a los niños con cáncer”, entre otras labores desarrolladas por la Fundación Simón Bolívar de Citgo.

Dos semanas antes, el 12 de octubre, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), arremetieron contra David José Natera, integrante del recién creado Consejo Nacional de Defensa Judicial, el cual tiene como propósito dirigir las acciones jurídicas para la recuperación de activos en el exterior. 

El ataque contra el nuevo funcionario del Gobierno interino se hizo a través del allanamiento de la sede del diario Correo del Caroní, cuyo director es su padre, David Natera Febres. Fueron detenidas dos trabajadoras del medio de comunicación y la residencia de Natera Febres también fue allanada.

El Consejo Nacional de Defensa Judicial está integrado además por Arghemar Pérez Sanguineti, Romer Rubio, Jonathan López, Gabriel Gallo y Freddy Orlando. Y ese mismo 12 de octubre, también se allanaron las residencias de los padres de Rubio y de Gallo, así como la del embajador de Guaidó ante Bahamas, Rafael Domínguez.

Persecución y exilio

La persecución contra los integrantes del equipo gubernamental de Guaidó ha sido sostenida. El 21 de marzo de 2019, apenas dos meses después de la juramentación de Guaidó como presidente de la República encargado, la policía política encarceló a Roberto Marrero, quien se desempeñaba como jefe de su despacho.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas puso en contexto el caso de Marrero: “El Grupo de Trabajo está convencido de que la detención del Sr. Marrero se encuadra en la práctica de detenciones llevadas a cabo por las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, en contra de personas que pertenecen a partidos de la oposición política, incluido el partido Voluntad Popular”.

Marrero permaneció detenido 520 días hasta el 31 de agosto de 2020, cuando Maduro lo indultó junto con otros 109 presos políticos. Ahora Marrero está en el exilio, específicamente en Estados Unidos. 

Leopoldo López, el líder fundador de Voluntad Popular y jefe del Centro de Gobierno (el cargo más importante del interinato, después de la presidencia) también huyó al exterior, el 23 de octubre de 2020. Después de más de seis  años de reclusión (primero en la cárcel militar de Ramo Verde, luego en su residencia y después en la Embajada de España), el preso político más icónico de Venezuela, el que nunca sería indultado por Maduro, ahora está en España.

La represión selectiva de la administración de Maduro ha sido profusamente documentada por organismos nacionales e internacionales y ello ha repercutido en la administración de fondos públicos por parte del equipo en torno a Guaidó.

“La opacidad no es por culpa nuestra. La opacidad, si hay alguna, es porque no se puede con el gobierno que tenemos, con el grado de persecución nadie se atreve a decir nada. Los que tenemos familia y activos en Venezuela tenemos que cuidarnos”, argumenta uno de los integrantes del Gobierno interino involucrado en la recuperación de activos en el exterior.

Los más visibles 

Sin embargo, Juan Guaidó no está solo. Luego de que el líder de la Asamblea Nacional (AN) se juramentara como presidente interino de Venezuela, el 23 de enero de 2019, comenzó a crear un equipo con unos personajes más visibles que otros.

Al 14 de septiembre de 2020, el Gobierno interino tenía al menos 112 integrantes, según precisó Efecto Cocuyo tras la revisión de las gacetas legislativas y los anuncios oficiales del mandatario, ya que no existe un organigrama oficial o una sola fuente que concentre toda la información sobre los funcionarios.

Al realizar las designaciones, hubo casos en los que Guaidó aportó —brevemente— información sobre la misión de quienes ejercerían estos cargos; sin embargo, no ofreció detalles sobre la estructura y funcionamiento de cada una de las instancias del gobierno interino; por ejemplo, si estos funcionarios tienen personal a su cargo (excepto por un par de casos) o si se fijaron plazos y se asignaron fondos públicos para desarrollar esas tareas.

Una instancia de Contraloría Especial, creada por la Asamblea Nacional, aún no reporta resultados de sus auditorías al Gobierno interino.

Existen 12 Comisionados Presidenciales en distintas áreas, como la economía, los derechos humanos y las relaciones internacionales. En teoría, todas los comisionados presidenciales deben actuar bajo la coordinación de Leopoldo López, Comisionado Presidencial para el Centro de Gobierno. 

Solo el Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y Atención de las Víctimas, Humberto Prado, está en Venezuela. El resto ejerce sus cargos desde el exterior, en muchos casos como consecuencia de la persecución política en su contra por parte del gobierno de Maduro

Además, existe un Comisionado Especial de Seguridad e Inteligencia, dos Comisionados Especiales para la Ayuda Humanitaria y un Director del Centro de Comunicación Nacional.

Los que se fueron

En esta categoría estaban J.J Rendón (Juan José Rendón), exasesor de comunicaciones, y Sergio Vergara, excomisionado presidencial de Estrategia para la Crisis. 

Ambos se vieron salpicados por el escándalo de la llamada Operación Gedeón, en mayo de 2020, un intento fallido de disidentes opositores junto a exboinas verdes estadounidenses de desembarcar en Venezuela  para atacar al gobierno de Nicolás Maduro. 

Rendón, psicólogo y estratega político, renunció a su cargo el 11 de mayo. El presidente encargado agradeció su dedicación y compromiso con Venezuela. 

Sergio Vergara, también abandonó su cargo ese mismo día. “Centrado en el logro de la Libertad de Venezuela como único norte de nuestra lucha he presentado mi renuncia esta mañana al Presidente  @jguaido  al cargo de Comisionado Presidencial”, escribió en esa ocasión.

Defensa, vigilancia y juntas ad hoc

El Gobierno interino también creó los cargos de Procurador Especial y Contralor Especial. Así como un Consejo de Administración del Gasto con cinco integrantes: Yon Goicoechea Lara, Gustavo Marcano, Alejandro Plaz Castillo, Eva Ana Hurtado Ubeda y Fernando Javier Blasi Blanchard.

El 5 de febrero de 2019, José Ignacio Hernández fue designado Procurador Especial. De acuerdo con la Gaceta Legislativa, la misión del Procurador Especial es “la defensa y representación de los derechos e intereses de la República, de las empresas del Estado y de los demás entes descentralizados de la Administración Pública en el exterior”. 

Tras un año y cuatro meses, el 18 de junio de 2020, Hernández renunció a su cargo. Divulgó su renuncia pocas horas después de que la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, lo acusara de entregar Citgo, la filial de Pdvsa en EEUU, a la petrolera norteamericana ConocoPhillips. En su lugar fue nombrado, el 23 de junio de 2020, el abogado y profesor universitario Enrique Sánchez. 

Transcurrido un año de la proclamación de Guaidó, el Gobierno interino nombró al abogado Juan Pablo Soteldo para ejercer funciones como Contralor Especial. Su misión: resguardar los recursos del Estado y hacer seguimiento a los fondos públicos.

Hasta ahora, se han designado juntas directivas Ad-Hoc de ocho empresas del Estado venezolano: Petróleos de Venezuela S.A, Citgo Petroleum Corporation, Citgo Holding Inc, PDV Holding Inc, Corporación Venezolana de Petróleo,  Monómeros Colombo venezolanos S.A, Petroquímica de Venezuela (Pequiven) y Corporación Venezolana de Guayana. Además, se designaron juntas directivas Ad-Hoc para el Banco Central de Venezuela y el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes).

Algunos funcionarios pasaron a formar parte de más de una junta directiva, como el caso de la doctora en Economía Luisa Palacios, quien fue nombrada presidenta de Citgo Petroleum Corporation y miembro de la directiva de Citgo Holding Inc y PDV Holding Inc.

Sin embargo, estas estructuras han sufrido varios movimientos y no se ha dejado registro formal de todos los cambios en las gacetas legislativas.

El segundo taladro 

Uno de los mayores avales del Gobierno interino de Juan Guaidó es el respaldo de la comunidad internacional. Apenas el joven político se juramentó como Presidente encargado de Venezuela, el 23 de enero de 2019, Estados Unidos le dio el espaldarazo y de ahí vino una reacción en cadena. En total, 62 países declararon su apoyo al también presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Además, fue reconocido por organismos intergubernamentales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Grupo de Lima.

El Gobierno interino tiene activos 35 embajadores o jefes diplomáticos reconocidos en 42 países.

El cuerpo diplomático del Gobierno interino ha sufrido bajas. Quien fuera embajador en Colombia, Humberto Calderón Berti, fue destituido por el presidente encargado; y Winston Flores, quien fue nombrado el 18 de febrero de 2020 embajador en Bolivia, se separó del cargo el 23 de junio “para asumir responsabilidades en la reincorporación de Venezuela en la Comunidad Andina (CAN)”.

La lista prosigue con las renuncias de René De Sola Quintero (Ecuador), Gloria Notario (Países Bajos), Guarequena Gutiérrez (Chile), Tamara Suju (República Checa), María Alejandra Aristiguieta de Álvarez (Suiza). En estos dos últimos países, el Gobierno interino no informó de nuevas designaciones de representantes diplomáticos. 

La representación diplomática del Gobierno interno en Reino Unido ha pasado por las manos de Paola Romero y Vanessa Neumann. Ambas también renunciaron al cargo.

Todos los jefes de las misiones diplomáticas del Gobierno interino responden al Comisionado Presidencial para las Relaciones Exteriores, Julio Borges, un cargo equivalente al de ministro de Relaciones Exteriores o canciller. La embajadora en Francia, Isadora Suárez de Zubillaga y el embajador en España, Antonio Ecarri, operan con el rango de vicecancilleres.

El 27 de agosto de 2020, al rendir cuentas ante la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Borges dijo que el equipo internacional funciona o debe funcionar como el segundo “taladro” para destruir al régimen de Maduro. El primer y más importante  taladro, en su opinión, es el que se ha procurado activar dentro de Venezuela y para el cual es imprescindible la movilización de todos los que permanecen en el país y repudian el chavismo-madurismo.

“El equipo internacional tiene más de año y medio trabajando absolutamente ad honorem (…) es un equipo que trabaja con las uñas, sin ningún apoyo material para su trabajo, mucho menos para lo que  significa su propia manutención (…) poniendo dinero propio para organizar encuentros, reuniones, para viajar (…) para atender a los venezolanos que están en todas partes del mundo llenos de necesidades (…)  son verdaderos héroes”, insistió Borges.

Desde hoteles y con apoyo de amigos

Algunos representantes diplomáticos del gobierno interino relataron sus vicisitudes a Efecto Cocuyo.

María Teresa Romero es embajadora en Guatemala, pero reside en Estados Unidos. Mientras le expedían  sus credenciales iba y venía con apoyos de amigos para costear los boletos de avión y el hospedaje. Romero es, sobre todo, una migrante que trabaja freelance. “El haber aceptado el cargo me limitado más en eso”, dice.

“Donde duermo, trabajo”, explica María Teresa Belandria, embajadora en Brasil. Para ese momento ya había pasado por tres hoteles, en cada uno de los cuales había instalado una especie de oficina itinerante, apenas con una computadora y una impresora.

La Comisión Presidencial para las Relaciones Exteriores se creó formalmente el 28 de agosto de 2019. Tiene un Directorio integrado por los vicecancilleres y los coordinadores de los siguientes equipos de trabajo:

Coordinación del Despacho, Fernando López 

Equipo de embajadores, Edmundo González Urrutia

Equipo de registro consular, Isabel Gallegos y Gustavo Marcano

Parlamentarios en el exilio, Mariela Magallanes

Organización de la diáspora, Óscar López

Investigación, Fernando Dos Reis

Comunicaciones, Alejandro Hernández y Thaís Martínez

Áreas temáticas

Hay grupos de trabajo por áreas temáticas: sanciones contra personeros del gobierno de Maduro, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar), explotación y tráfico ilegal de oro, justicia penal internacional, Principio de Responsabilidad de Proteger (R2P), Caribe, Guyana, África, Asia, organismos multilaterales, gobiernos cercanos al régimen de Maduro (Cuba, Rusia, China e Irán), fondos para la reconstrucción y ayuda humanitaria, especificó Borges.

Según informó el canciller del Gobierno interino, la estructura y funcionamiento de la Comisión Presidencial para Relaciones Exteriores se diseñó con el apoyo de un grupo de expertos en análisis internacional y resolución de conflictos, encabezado por el diplomático británico Jonathan Powell y el ex comandante guerrillero salvadoreño Joaquín Villalobos.

Se realizaron jornadas  de discusión entre todos los integrantes de la Comisión. En una primera etapa se hizo un diagnóstico de las relaciones exteriores de Venezuela en general, así como con cada uno de los países, tanto de la mayoría que apoya al gobierno interino como de los que apoyan al gobierno de Nicolás Maduro. A partir de ese diagnóstico y los consensos alcanzados, se definieron las  primeras líneas de acción.

Hubo una segunda fase, de carácter formativo, en la cual se realizaron sesiones de trabajo con expertos: Moisés Naím (diplomacia en tiempos de COVID-19), Carlos Paparoni (narcoterrorismo), Francisco Monaldi (política petrolera), Carlos Ayala Corao (transición, garantías y derechos humanos) y Joaquín Villalobos (influencia regional de gobiernos como Cuba y Nicaragua y el Foro de Sao Paulo).

Borges dijo que las líneas de trabajo se han ido afinando en función de los siguientes objetivos:

• -Avanzar en la ruta internacional establecida por el Presidente interino Juan Guaidó.
• -Desarrollar una narrativa y una estrategia para afrontar la pandemia por la COVID-19.
• -Atención a la migración venezolana.
• -Promoción del Plan País.
• -Judicialización de la mayor cantidad de casos de corrupción, narcotráfico, terrorismo y violación de derechos humanos en los que estarían involucrado Nicolás Maduro y sus colaboradores.

La comunicación a distancia, que se afianzó por las dificultades de movilización derivadas de la pandemia por la COVID-19, sería una práctica habitual de los integrantes del cuerpo diplomático del gobierno interino.

Qué ha hecho el comisionado de Exteriores

Borges describió una rutina… Todos los lunes se realizan reuniones con los embajadores, en la mañana con los de Europa y en la tarde con los de América. Se han realizado más de 90 reuniones de este tipo, aseguró el comisionado presidencial para Relaciones Exteriores. Además, se hace una reunión a mitad de semana con el Directorio, y todos los viernes otras reuniones sobre temas específicos, ya sean asuntos de coyuntura o actividades formativas.

Como resultados de la labor de la Comisión Presidencial para Relaciones Exteriores Borges mencionó:

-Once reuniones del Grupo de Lima.

-Reuniones de alto nivel con participación de Juan Guaidó: Gira de enero, Cumbre contra el Terrorismo en Bogotá, Reunión de la CAN para el reingreso de Venezuela.

-72 trabajos de investigación con el propósito de construir y difundir data fuerte” sobre la situación de Venezuela y sus relaciones internacionales.

-Activación del Tiar.

-Medidas contra 32 personas vinculadas al gobierno de Nicolás Maduro y más de 2.000 bajo investigación.

-16 personas sancionadas por la Unión Europea en 2020, con énfasis en casos de tortura y represión.

-36 personas sancionadas por Estados Unidos durante 2020 por narcotráfico, terrorismo, corrupción y violación de derechos humanos-

-Detención de Álex Saab en Cabo Verde.

-Judicialización de 13 funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro en distintos países.

-30 movilizaciones de la diáspora en distintas ciudades del mundo.

-Procesamiento de datos de aproximadamente 500.000 personas venezolanas en el exterior.

-Trámites consulares en favor de 90.000 personas venezolanas en el exterior.

-Ayudas (vía cooperación internacional) a personas venezolanas en el exterior afectadas por la pandemia de COVID-19. Perú, 13.000 familias; Colombia, 10.000 mercados; Argentina, 4.000 personas; Panamá, 4.500 familias.

¿Gubernamental o no gubernamental?

Humberto Prado siempre ha estado en la acera de enfrente, como una de las figuras más representativas de las organizaciones no gubernamentales venezolanas. Aunque ahora forma parte del Gobierno interino, su labor como Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos, designado por Guaidó a finales de 2019,  está muy lejos de la que pudiera realizar cualquier burócrata provisto de recursos suficientes.

Es el único comisionado presidencial que permanece en el país y el único dispuesto a dar una entrevista on the record sobre el uso de fondos públicos, que, en su caso, provienen de la cooperación internacional… Como si la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos del Gobierno interino fuera una ONG.

“Lo primero que hay que aclarar es que los comisionados no tenemos sueldo. Me mantiene mi esposa. Y hago esto porque creo que constituye una oportunidad para el país”, comienza por aclarar.

La comisión que dirige no tiene una oficina propia y funciona en la sede de la ONG que fundó en 2002: el Observatorio Venezolano de Prisiones. En marzo de 2020, cuando concedió esta entrevista a Efecto Cocuyo, su equipo estaba integrado por 14 personas, que se distribuyen por derechos humanos y personas que requieren atención prioritaria.

“Los fondos de la comisión provienen de la cooperación internacional y están sometidos a mecanismos de contraloría y de rendición de cuentas establecidos por el cooperante. No puedo precisar quién es el cooperante; solo puedo decir que no es la Usaid y que ni Juan Guaidó ni Leopoldo López me han dado medio”, dice Prado.

Doble fiscalización

Explica que está sometido a una doble fiscalización: “Le rendimos cuentas al cooperante, pero también le rendimos cuentas al contralor especial. Debemos informarle de todos los recursos que recibimos y cómo los invertimos, aunque no sean fondos propios del gobierno interino”.

En todo caso, Prado dice ser consciente de los límites del trabajo que realiza: “¿Cómo resarcir el daño causado a las víctimas de violaciones de derechos humanos si somos un gobierno interino y no tenemos las instancias necesarias para ofrecerles protección? Solo alcanzamos a brindar asesoría, más no podemos asumir la representación legal de cada una de las víctimas a efectos de litigio”.

Sin embargo, el activista está dispuesto a hacer más.  Tiene en mente conseguir más recursos, como siempre lo ha hecho, a través de la cooperación internacional, para pagar las indemnizaciones pecuniarias a las víctimas,  establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos por los cuales el Estado venezolano ha sido condenado.  “Son muchas y muy viejas las deudas”, recuerda.

Tomado de: https://efectococuyo.com/especial/hombres-mujeres-gobierno-interino/