Gustavo Ocando Alex 17 de marzo de 2023
@gusocandoalex
La
Sala Constitucional del poder judicial venezolano en el exilio advierte que actuará
para defender su decisión de este viernes en caso de “omisión” del Parlamento
de 2015.
El
Tribunal Supremo de Justicia venezolano designado por la mayoría opositora del
Parlamento y cuyos magistrados están hoy en el exilio decidió anular este
viernes la disolución del gobierno interino del líder
político Juan Guaidó.
La Sala Constitucional de ese poder judicial, instalado en 2017, declaró “con lugar” una acción de amparo constitucional presentada por particulares contra el acto administrativo votado en diciembre pasado y con el cual la mayoría de los diputados electos en 2015 decidió ponerle fin al interinato de Guaidó y nombrar luego una nueva junta directiva.
Según
los magistrados, los parlamentarios violentaron hasta seis artículos de la
Constitución y los llamaron a procurar “el restablecimiento de la vigencia” de
esa norma.
“Tal
acto transgredió la obligación del presidente de la Asamblea Nacional [Guaidó]
de asumir el cargo de presidente de la República en condición de encargado (…)
mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente o presidenta luego de
cumplida una nueva elección universal, directa y secreta” en Venezuela,
consideraron en el fallo del viernes.
Hasta
72 diputados, muchos miembros de tres de los cuatro principales partidos de la
oposición, aprobaron en diciembre la disolución del interinato de Guaidó, quien había
sido reconocido desde 2019 como presidente encargado por medio centenar de
gobiernos.
Guaidó
consideró entonces que la decisión era “un salto al vacío” en las estrategias
de la oposición, la protección de activos en el extranjero y la continuidad de
representantes diplomáticos del gobierno interino en decenas de países, como
Estados Unidos.
La
decisión de este viernes también dejó “sin efecto jurídico alguno” todos los
actos y nombramientos de representantes del poder ejecutivo venezolano que haya
decidido la Asamblea Nacional, presidida desde enero pasado por la diputada
Dinorah Figuera.
El
fallo establece un plazo de 30 días a ese Parlamento y a su nueva junta
directiva para que cumplan con “el restablecimiento de la efectiva vigencia de
la Constitución nacional”, bajo la advertencia de que la Sala Constitucional en
el exilio hará cumplir esa sentencia.
“Esta
Sala se reserva la capacidad de ejecutar la presente decisión en caso de
omisión del cumplimiento del deber constitucional de la Asamblea Nacional”,
reza la decisión.
Diferencias internas
Voluntad
Popular, donde militó Guaidó y el único gran partido opositor que defendió la
continuidad de su gobierno interino, anunció la semana pasada que lo apoyará
como candidato a la presidencia del país en las primarias opositoras de octubre
próximo.
En julio
de 2017, los diputados opositores de la Asamblea Nacional designaron y
juramentaron a 33 magistrados para conformar un nuevo Tribunal Supremo de
Justicia. El oficialismo, bajo el control del chavismo, consideró nulos esos
nombramientos y libró órdenes de detención contra los juristas. La mayoría de
ellos optó por exilarse.
Desde
diversos países, ese poder judicial mantiene su funcionamiento en cada una de
sus salas con sesiones virtuales y presenciales en Washington. Sus autoridades,
sin embargo, denuncian que ni siquiera la misma oposición y aquellos que los
designaron los toman en cuenta para acatar sus decisiones, ni siquiera para
garantizar sus operaciones.
En
diciembre pasado, antes de la decisión de anular el interinato de Guaidó, la
directiva del TSJ en el exilio advirtió públicamente que “pretender sustituir
la figura presidencial por una forma de gobierno parlamentario violenta lo
establecido en el artículo 233 de la Constitución”, que habla sobre las faltas
absolutas en la Presidencia venezolana.
La
oposición argumentó en enero de 2019 que Nicolás Maduro “usurpó” la primera
magistratura del país al mantenerse en el poder por seis años más tras haber
ganado una elección que consideran fraudulenta e ilegítima, en 2018. Ese basamento
legal fue el piso político de Guaidó para asumir la presidencia encargada y
crear el gobierno interino.
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