Hasta los días de su detención el pasado 5 de abril, la mayoría de los venezolanos desconocía quién era Juan Almeida y qué papel había jugado en el espionaje y hostigamiento a periodistas y figuras opositoras contando con la protección del régimen venezolano.
En predios del chavismo, Almeida era ampliamente conocido por las altas esferas del poder por su alias de N33. Las evidencias fotográficas indican que se codeaba con lo más encumbrado del régimen madurista, como vicepresidentes, parlamentarios, gobernadores y operadores propagandísticos cuyos programas alimentaba de contenidos.
Incluso se ha informado que al momento de su detención trató de utilizar esas fotografías con personeros como demostración de sus estrechos vínculos con el poder revolucionario. Caído en desgracia, esta vez no le alcanzó el escudo de impunidad que lo cubrió por muchos años.
Tras ser impuesto de su auto de detención por ser pieza clave en el esquema de corrupción dirigido desde Pdvsa por Tareck El Aissami, recibió el beneficio de casa por cárcel, debido a una aguda cirrosis hepática que le ocasionó la muerte a los pocos días, cuando apenas superaba los cuarenta años de edad.
Un beneficio humanitario, por cierto, que se le negó, pese al clamor de sus familiares, a otros privados de libertad: un prominente perseguido político como el general Raúl Baduel, y al ex presidente de Pdvsa Nelson Martínez, acusado de presunta corrupción, muertos ambos en prisión por graves dolencias físicas.
Es llamativo cómo Almeida no ocultaba su condición de ciberexperto al servicio del régimen y tras intervenir correos electrónicos y plataformas informativas de emblemáticos periodistas venezolanos se los hacía saber o los presionaba directamente para que eliminaran contenidos incómodos para figuras del gobierno.
Hoy lo señalan como el «hacker oficial» del régimen, pero bien cabe la precisión que no todo profundo conocedor de la informática es considerado un hacker. Este último es su versión positiva, mientras que a quien utiliza su talento cibernético para hacer el mal se le denomina cracker.
A raíz de su deceso, ha circulado la conversación que él mismo grabó con la fallecida periodista Berenice Gómez, en la cual la acusaba de tener contenidos «de inteligencia» en su correo electrónico, le espetaba «sé quiénes te informan» y «eres una mentirosa». Llamativo el tono de superioridad desde el cual podía burlarse, amenazar o anunciar que haría una concesión graciosa: «Esto está tan feo que te la voy a devolver (la cuenta)» o ante una protesta de la periodista: «Ahora no te voy a devolver».
La periodista de investigación judicial Maibor Petit ha referido como en el año 2017 Almeida la llamó para amenazarla con despojarla del dominio de su blog maiborpetit.com si no retiraba un contenido que vinculaba al actual fiscal general, William Tarek Saab, con la empresa Constructora Concorde S. A. Doce horas después, Petit perdió definitivamente su página, y allí colocaron información según la cual ella vendía casas en Singapur. A los años recibió una llamada de alguien que le ofrecía devolvérsela a cambio de 20 mil dólares.
También fue notoria la intervención de los correos del periodista Nelson Bocaranda cuando se convirtió en la fuente más oportuna y confiable sobre el desarrollo de la enfermedad final de Hugo Chávez.
Es más que evidente que Almeida actuaba en estas prácticas bajo el amparo del poder y que por esa misma senda, al servicio directo de Tareck El Aissamí, vendió su talento para que se perpetraran los gravísimos hechos de corrupción en Pdvsa a través de la utilización del sistema de criptomonedas.
Después de años y años sin la vigencia del Estado de Derecho, los venezolanos parecemos haber perdido la perspectiva de la gravedad de estas prácticas que están prohibidas por la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y por la propia Constitución Nacional.
El artículo 11 de la Convención Americana establece que «nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias abusivas en su vida, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques a su honra o reputación».
Los artículos 13 y 14 de la misma convención amparan la búsqueda de información, la libertad de información y pensamiento y establece que no se puede restringir la libertad de expresión «por vías o medios indirectos», lo que aquí se ha vuelto parte del paisaje.
El artículo 60 de la Constitución señala que «la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y ciudadanas y el pleno ejercicio de sus derechos».
Estamos en un país donde las intervenciones telefónicas y cibernéticas han alimentado la estridencia, el hostigamiento, la sorna, la amenaza desembozada desde los programas propagandísticos en los canales del Estado.
El modelaje de estos días se remonta a los mismos tiempos del Chávez de su primera candidatura, cuando diestro en jugar con venta proclamaba «los tengo infiltrados hasta los tuétanos». Algo así pensaría en su momento Richard Nixon antes de su hundimiento.
Los casos de corrupción recientemente develados son la lógica consecuencia de prácticas ilegales, corruptas, inconstitucionales que se estimularon y ejecutaron con impunidad bajo la fatal creencia de que si el fin último es mantener atenazado el poder para siempre y por cualquier medio «todo se vale».
https://talcualdigital.com/el-triste-final-de-n33-por-gregorio-salazar/
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