Voz de América 07 de abril de 2024
@VozdeAmerica
La
normativa contempla penas de 12 años de cárcel a quienes se involucren o
promuevan actos asociados al fascismo. Los expertos advierten sobre la
imprecisión de sus conceptos. Temen que sea un nuevo instrumento para censurar
y castigar a la disidencia.
La Ley
contra el Fascismo promovida por el gobierno de Nicolás Maduro y que está a punto
de ser aprobada por el parlamento es una ley de corte “penal” que puede usarse
para censurar y sancionar a la disidencia política, de acuerdo con expertos en
derechos humanos.
Esta
semana, la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, recibió de manos de la
vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez el borrador de ley contra el fascismo
y lo aprobó en primera discusión. En cuanto se apruebe en una siguiente fase,
Maduro la sancionará.
La norma consta de 30 artículos y define el fascismo y el neofascismo como “métodos de violencia de acción política”, explicó Rodríguez a los parlamentarios, citando como ejemplos de ello a las protestas de calle contra el chavismo en 2014 y 2017.
La
mano derecha de Maduro mencionó las expresiones “abiertamente fascistas” de
algunos partidos políticos que defienden las sanciones económicas y usan
eslóganes como “hasta el final”, en clara referencia al leit
motiv de la ganadora de la primaria presidencial opositora, María
Corina Machado, y su movimiento político Vente Venezuela.
Especialistas
advierten que el proyecto de ley aprobado en una primera versión aún no ha sido
publicado por el poder legislativo venezolano ni por el gobierno de Maduro.
Apenas
se han conocido algunos aspectos, como una sanción de entre 8 y 12 años de
cárcel e inhabilitación para cargos públicos para todo aquel que “solicite,
invoque, promueva o ejecute acciones violentas” como parte del ejercicio de sus
derechos políticos.
Se
revocará la concesión de toda emisora de radio o canal de televisión que
divulgue “mensajes prohibidos” que puedan considerarse fascistas o “de similar
naturaleza”.
También,
se prevén multas de hasta 100.000 dólares para “medios electrónicos o impresos”
donde se divulguen ese tipo de mensajes. No podrán reunirse ni manifestar los
movimientos políticos que, se considere, hagan “apología” del fascismo.
Conceptos
difusos y de interpretación amplia
La
abundancia de “conceptos vagos” que pueden aplicarse a discreción es una de las
principales preocupaciones, como ocurre con la Ley contra el Odio, aprobada en
2017, explicó a la Voz de América el abogado y profesor
investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés
Bello, Carlos Lusverti.
La
norma incluye una mención a las críticas, a las instituciones como parte de lo
sancionable, destacó. “La crítica de decisiones reprochables es parte natural
del ejercicio democrático. La ley castiga con penas muy altas” a quien se le
aplique, advirtió.
Lusverti
comparó su formulación con la de otras leyes penales aprobadas por el
oficialismo venezolano, como la norma contra el odio y la reciente para
defender el Esequibo, con conceptos imprecisos que “criminalizan” y se usan
“para reprimir a la disidencia”.
Provea,
Foro Penal, Acceso a la Justicia y Laboratorio de Paz son algunas de las ONG
venezolanas que ya han expresado su preocupación por la ley.
Gonzalo
Himiob, abogado y vicepresidente de Foro Penal, dijo notar similitudes en las
descripciones de corte penal del proyecto antifascista, “difusas y
extremadamente amplias”, como las observadas en su momento en la Ley contra el
Odio, con base en la cual al menos 79 personas han sido “criminalizadas” en los
últimos 6 años, según sus registros.
“Puede
dar pie a arbitrariedades muy graves (…) Se les está dando un golpe muy fuerte
a la libertad de expresión, a la libertad de conciencia”, dijo este jueves a la
prensa.
Disuasión
antes de las elecciones
Eduardo
Trujillo, abogado experto en derechos humanos y también profesor investigador
del centro para la materia de la Universidad Católica Andrés Bello, comentó que
la ley habla de aspectos “ya cubiertos en la Constitución” del país, donde se
consagran el derecho a la igualdad ante la ley y la prohibición de todo tipo de
discriminación.
El
texto no sólo “se aleja un poco del contenido histórico real” del fascismo como
movimiento totalitario en la Italia de la primera mitad del siglo XX, sino que
además se convertirá en “un elemento disuasivo de la participación política y
puede ser un efecto del proceso pre-electoral que tiene hoy Venezuela”, expuso
Trujillo a la VOA.
Su
principal inquietud sobre la declaración de inexistencia de personas jurídicas
que violen los fundamentos de la nueva ley es “quién o con qué intencionalidad”
determinará que un acto, expresión o comportamiento de una persona natural o
jurídica tiene esa connotación.
El
abogado constitucionalista Tulio Álvarez, por su parte, consideró “risible” que
el gobierno califique a sus contrapartes de “fascistas” en esa ley y en sus
discursos públicos, ante sus políticas “absolutamente alejadas del ejercicio
democrático”.
“Esta
ley busca desviar la atención de la violación de los Acuerdos de Barbados y del
tema electoral”, como ha denunciado la oposición tradicional de cara a la
elección presidencial del 28 de julio, añadió Álvarez en conversación con
la Voz de América.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico