Marta de la Vega 27 de abril de 2024
@martadelavegav
El
coronel Marino José Lugo Aguilar fue hallado muerto el 17 de abril de 2024,
aparentemente ahorcado después de su reciente detención por el SEBIN y sometido
a “interrogatorios” durante tres días en el Helicoide por la DGCIM en relación
con la trama de corrupción vinculada con Rafael Ramírez, Tarek El Aissami y
otros altos funcionarios de la empresa estatal petrolera PDVSA, de la que fue
director de mercado nacional. Había sido detenido por la policía anticorrupción
de la Policía Nacional Bolivariana. El personal de estos organismos ha sido
capacitado en Rusia y Cuba.
Según testimonio de Alberto Ravell, la médica forense Lisbeth Moreno confirmó la muerte del coronel Lugo a manos de sus torturadores. El militar llevaba tres días en interrogatorios forzosos por parte de los funcionarios de los organismos mencionados. La forense señaló que el detenido murió por polifracturas, ahogamiento y un paro respiratorio ocurrido a las 9 de la mañana. Es, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Prisiones, el decimocuarto detenido por razones políticas que, desde 2015, muere en custodia del Estado venezolano y el tercero, con Leoner Jesús Azuaje Urrea, presidente de Cartón de Venezuela, vinculado al PSUV, encontrado muerto por supuesto suicidio en su lugar de reclusión en el Helicoide bajo las órdenes del SEBIN, el 20 de abril de 2023, con graves signos de tortura comprobados por análisis médicos forenses.
Ambos,
entre los indiciados en el caso de la corrupción “criptopetrolera” liderada por
El Aissami. Juan Almeida, el hacker chavista operador de El Aissami y vinculado
al mismo entramado, de 43 años, también apareció muerto el 15 de mayo de 2023
bajo custodia de las fuerzas de seguridad del Estado. Todos jóvenes, sus
muertes responden a un patrón sistemático de represión extrema convertido en
política de Estado que contraviene varios tratados internacionales y el
artículo 43 de la Constitución vigente. Terrorismo de Estado, a fin de provocar
pánico y aplastar cualquier disidencia o conducta considerada traición a la
“revolución” incluso entre sus propios seguidores. La asamblea legítima de 2015
se pronunció respecto de la muerte de Almeida y solicitó aplicar el Protocolo
de Minnesota. Dado que en Venezuela no hay gobierno democrático ni
independencia del poder judicial, es un procedimiento recomendado por la ONU
para que la investigación recopilada cumpla con los requisitos que sirvan de
evidencia ante órganos imparciales de justicia.
No
olvidemos los asesinatos por torturas que conmocionaron al país como el de
Fernando Albán, quien fue detenido en el aeropuerto Simón Bolívar al regresar
de la sede de la ONU en Nueva York donde denunció violaciones a los derechos
humanos en Venezuela. Fue vinculado al atentado con drones a Maduro en una parada
militar, en agosto; concejal del partido Primero Justicia a punto de terminar
su mandato, fue lanzado del décimo piso de la sede del SEBIN el 8 de octubre de
2018, aunque se quiso simular su suicidio. Terrible también el caso del capitán
retirado de la Marina Rafael Acosta Arévalo, llevado agonizante en silla de
ruedas a un tribunal militar, donde murió ante el juez como resultado de las
atroces torturas a las que fue sometido después de haber sufrido desaparición
forzada desde Guatire en el estado Miranda, cerca de la capital, del 21 al 26
de junio de 2019. Irónicamente su muerte ocurrió mientras se encontraba en
Caracas la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, la expresidenta de
Chile Michelle Bachelet.
Siguiendo
el informe de Amnistía Internacional “Morir ante un juez: detención arbitraria,
desaparición forzada, tortura y muerte de Rafael Acosta Arévalo”, el capitán
Acosta murió el 28 de junio en la sala en donde se llevaría a cabo la audiencia
de presentación sin que se le hubiera prestado ningún auxilio médico en los
momentos previos a su fallecimiento. Esta información contradice la versión
oficial de las autoridades venezolanas, quienes difundieron que la víctima
habría muerto en el Hospital Militar Vicente Salias. A pesar de la opacidad en
relación con esta tragedia, los hallazgos de la organización de derechos
humanos refieren que uno de los dos imputados, y después condenado, declaró que
condujeron al secuestrado a un sótano en uno de los centros clandestinos de
detención en donde fue torturado repetidamente.
El
periodista y dirigente vecinal Carlos Julio Rojas, quien estuvo hace un tiempo
arbitrariamente detenido y preso en la cárcel de Ramo Verde, liberado con
medidas cautelares, fue llevado contra su voluntad en un vehículo sin placas
por dos hombres vestidos de negro y rostros ocultos con capuchas, no
identificados, mientras caminaba con su esposa en la noche del 15 de abril de
2024 en la zona de La Candelaria en Caracas. Luego apareció con “orden de
aprehensión” acusado como “instigador” y “operador” logístico del presunto
magnicidio contra Nicolás Maduro del 25 de marzo pasado en la Plaza Diego
Ibarra del centro de Caracas.
Siguen
detenidos después de su desaparición forzada Rocío Sanmiguel, abogada experta
en la fuente militar y defensora de derechos humanos, presidenta de la
organización civil “Control ciudadano”. Los dirigentes de Vente Venezuela
Dignora Hernández y Henry Álviarez, secuestrados a plena luz del día, sin
hablar del secuestro, tortura y vil asesinato en Santiago de Chile del teniente
primero Ronald Ojeda, pese a ser asilado político del Estado chileno. Es apenas
un muestrario rápido de indefensión ciudadana ante crímenes de Estado en total
impunidad. Ante la inminente estampida del apoyo chavista a su candidato y la
derrota de este, aumenta la persecución. Los organismos represivos
complacientes del tirano inventan nuevas conspiraciones, órdenes de captura y
manipulación del discurso público para blanquear sus crímenes.
Sebastiana
Barráez relató el 16 de enero de 2024 en Infobae otro ejemplo
de arbitrariedad. Otilio Peñaloza Moreno, amigo de Diosdado Cabello y del
ministro de tierras Wilmar Castro Soteldo, es poderoso dueño de extensas fincas
como el hato “Peñalero”, de 14.000 ha., en el Estado Apure y se vale de militares
para obtener privilegios. Se presentó con la guardia nacional y civiles armados
a sacarle el ganado a once familias en el pequeño fundo “El Cordereño” en el
municipio Muñoz y a quitarles el terreno porque “su hija lo compró”.
Este
es el país al que nos ha llevado la camarilla criminal destructora de las
instituciones que ejerce el poder con absoluta discrecionalidad desde hace
cinco lustros. Es la cleptocracia mafiosa a la que nos enfrentamos cívicamente
hoy para recuperar la decencia, la libertad y la democracia.
Marta
de la Vega
@martadelavegav
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