En una semana se conmemora el Día Internacional del Trabajador, una fecha propicia para presentar ante los respectivos gobiernos del planeta las aspiraciones laborales de un mundo mejor. En nuestro caso la fecha es una requisitoria contra el autocalificado “presidente obrero” por deshonrar todas y cada una de las conquistas laborales, acumuladas en un siglo de luchas desplegadas frente a dictaduras y ante gobiernos democráticos.
Todo viene al caso ante un régimen que atribulado por sus desventuras políticas se autoinflige un “tiro en ambos pies”, como parafrasea el inefable mandatario en su proverbial uso del idioma, al pretender “pasar por bolas” un año más el anhelado aumento salarial que reclaman justificadamente los trabajadores de este país, ante la implacable inflación de tres dígitos acumulada desde marzo 2022, fecha del último aumento.
La tensión es tal que, en el mes de marzo de este año, en un comunicado de las organizaciones sindicales Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Confederación General del Trabajo (CGT) y la Alianza Sindical Independiente (ASI) proponían que el incremento salarial no sea inferior a 200 dólares mensuales, como resultado del Cuarto Foro de Diálogo Social Tripartito realizado en febrero de 2024, cuando se «aprobó el método de fijación del salario mínimo y un cronograma para su fijación».
Adicionalmente, en comunicado de la CTV se señaló que el plan de acción del Foro de Diálogo Social «prevee una agenda de reuniones bipartitas y tripartitas para que el gobierno cumpla los tres convenios». Debemos reseñar que hasta el momento no conocemos si se ha aplicado el publicitado método de fijación del salario mínimo y si se ha desarrollado la agenda de reuniones señaladas con resultados visibles.
Todo parece indicar que el mutis gubernamental es señal de que se repetirá el escenario del Primero de Mayo de 2023, cuando el gobierno venezolano decretó el ajuste del ingreso mínimo mensual y no del salario mínimo general: aumentó el bono de alimentación (de 1,82 dólares a 40) y anunció el pago de un bono contra la guerra económica de 20 dólares.
Efectivamente, el salario mínimo en Venezuela cumplió este 2024 dos años sin ser ajustado. Un monto que en el período se redujo 88% debido a la devaluación del bolívar -la moneda local- frente al dólar, divisa que predomina en la economía nacional. Por tanto, el salario mínimo se mantiene en 130 bolívares, lo que equivale a aproximadamente 3,60 dólares, según el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela. Este monto se complementa con diferentes bonos de protección social que el gobierno entrega discrecionalmente a jubilados y otros sectores de la ciudadanía venezolana.
Sin embargo, el gobierno no oficializa un nuevo aumento salarial. La administración de Nicolás Maduro definió cambios en el monto del Bono de Guerra 2024 en su último mensaje a la nación desde el Parlamento en enero, aprobando a partir de febrero el aumento a 60 dólares y se designó específicamente para los trabajadores que ganan 100 dólares. Ninguna de estas bonificaciones tiene incidencia en el cálculo de beneficios o prestaciones sociales como concreción de la política estatal de sustituir el salario por el ingreso sin incidencia alguna en la antigüedad del trabajador.
Uno de los pedidos más constantes en Venezuela es el aumento de la remuneración, así como la nivelación salarial que permita mantener un estilo de vida digno a los miles de trabajadores del sector público como privado, agravado in extremis en los ministerios, alcaldías, gobernaciones, empresas estatales e institutos autónomos, al suspenderse a priori la convención colectiva y sus beneficios sociales. Todo este contexto agravado ante los datos del Cendas-FVM, los cuales registran una canasta alimentaria para marzo de 2024 con un valor de 554 dólares.
Esta indefinición en las políticas salariales vislumbra un panorama desolador, al señalar cálculos de economistas que cerca del 90% de los trabajadores hacen labores en la economía informal o reciben dinero de familiares en el exterior para complementar sus ingresos.
Como vemos, la condición de vida es insostenible para el trabajador, los jubilados y pensionados, quienes ven con pesimismo si los resultados del Foro Social convocado por la OIT desde 2022 se concretarán en nuestro país, en riesgo por la actitud gubernamental de convertirlos en acuerdos pintados en la pared, solo como pretexto del régimen para blanquear su imagen de dictadura a nivel planetario.
Debemos resaltar que el responsable de la inaplicación de los acuerdos señalados es el Ejecutivo Nacional, correspondiendo al resto -empresarios y trabajadores actuar- en consecuencia en el logro del trabajo digno, extrañado en toda su dimensión de la realidad laboral en nuestro país.
Nada más oportuno este próximo Primero de Mayo de 2024 para manifestarlo ante el mundo, desde un país donde sus habitantes opinan que aumentará la diáspora de no cambiar el sistema dictatorial gobernante.
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