Hace unos días la Asamblea Nacional controlada por el régimen aprobó, en primera discusión, una ley que supuestamente busca prohibir en Venezuela las expresiones fascistas y todas las formas organización política y social que se fundamenten en esta ideología.
El documento, presentado en plena campaña electoral y en medio de un claro desinterés de los venezolanos por los actos del oficialismo, es un compendio de peligrosas generalidades y lugares comunes que parecen querer polarizar el panorama político construyendo una falsa frontera ideológica entre quienes supuestamente aman a la patria, el régimen que nos gobierna, y sus adversarios políticos, ascendidos en la Ley, al rango de conspiradores violentos y promotores de una ideología intolerante con las libertades civiles.
El texto, todavía en «discusión» en la Asamblea Nacional, parece querer controlar la crítica al régimen en redes sociales y en los medios de comunicación que superviven en Venezuela, plantea una versión distorsionada de la historia reciente del país, aspira a criminalizar el derecho a la protesta que tienen los ciudadanos y pretende controlar a los partidos políticos, Organizaciones No Gubernamentales y toda forma de organización ciudadana.
En definitiva, es un instrumento que aspira imponer etiquetas a quienes disientan del régimen y facilitar aún más el camino para que las instituciones judiciales venezolanas, apéndices de un poder sin controles democráticos, tengan una vía más fácil y rápida para perseguir a quienes luchamos por el regreso de la democracia en nuestro país.
La llamada «Ley contra el fascismo, neo fascismo y expresiones similares«, se incorpora además, a otra batería de instrumentos legales existentes o a punto de ser aprobados por la AN, como lo son la Ley contra el odio y el proyecto de ley que busca limitar o suprimir el trabajo de las ONG en Venezuela, todo un arsenal de instrumentos desplegados por el régimen en sus horas más bajas de popularidad y confrontado con un pueblo que quiere el cambio.
Lo hemos afirmado antes y seguimos insistiendo, a pocas semanas de celebrarse las elecciones, en condiciones extremadamente complejas, los poderosos que nos gobiernan han preferido movilizar a los cuerpos de seguridad del Estado para que, amparados en absurdos instrumentos legales, traten de contener las ganas de democracia que hay en la calle. A falta de votos que los respalden, apelan a la amenaza, el miedo y la violencia del Estado y las instituciones de justicia, los únicos apoyos reales que les quedan.
Quienes creemos y trabajamos por la democracia rechazamos, de manera clara, las expresiones y prácticas fascistas (de derechas o de izquierdas), aborrecemos los golpes de Estado y su vocación por adocenar y militarizar la sociedad, no compartimos su disposición a intervenir y dirigir la vida social y personal de los ciudadanos, somos contrarios a su intolerancia con la diversidad y no aceptamos su deriva antidemocrática en nombre de supuestos ideales y valores que usan de manera interesada hasta desdibujarlos. La huella del fascismo en la historia de la humanidad es un tema complejo y doloroso que no puede ser despachado de un modo tan banal, atendiendo a limitados cálculos políticos. Usarlo como bandera en unas elecciones y como argumento paralegal para la persecución de los adversarios es un verdadero ejercicio de poder autoritario y fascista que, irónicamente, afirman querer combatir. Es necesario recordar quienes son los que están siendo investigados en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad.
Todos sabemos que estamos viviendo unos días muy complejos que marcarán el destino de millones de venezolanos en los próximos años. Hoy más que nunca es necesario seguir trabajando juntos, de manera coordinada, por el cambio pacífico y democrático que desean la mayoría de los venezolanos, a fin de cuentas, el mejor antídoto contra el fascismo es el retorno de la democracia a Venezuela.
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