Horacio Medina 21 de abril de 2024
Con mucha serenidad, pero también con mucha firmeza, quisiera responder a la incompresible agresión contra Pdvsa Ad Hoc y la legítima Asamblea Nacional de 2015, efectuada por un supuesto dirigente sindical que, en entrevista publicada en el diario El Nacional, versión digital del día 13 de abril de 2024, atribuye a esas instancias complicidad con la dictadura para prolongar el sufrimiento de los extrabajadores petroleros vejados y maltratados desde el momento del masivo despido de 2002-2003. Como una supuesta razón que evidenciaría esa complicidad se señala: “La desatención y desidia” de parte de Horacio Medina y la Asamblea Nacional en responder a las demandas de los trabajadores, actualmente en pobreza extrema y condiciones de vida deplorables, al punto de hacerse de “la vista gorda ante la muerte y el dolor de nuestros niños, al negarles asistencia financiera, para sus tratamientos y operaciones necesarias”.
Muy
particularmente, se señala en la entrevista que Horacio Medina: «no ha hecho
más que doblar rodillas ante las exigencias de las multinacionales petroleras y
los tenedores de bonos, olvidando a quienes día a día se jugaron la vida en el
campo. La directiva de la AN vive cómoda en Washington y Miami, mientras
nuestra gente muere en el paso de El Darién”. Para enfrentar a esa
desatención y desidia, el autor de la agresión anunció que, “se unirá a
la demanda liderada por Iván Freites con el objetivo de buscar justicia y
reparación” e hizo un llamado a todos los compañeros trabajadores, a
sumarse a esta causa.
Nuestra
respuesta, sin embargo, no irá contra las alevosas afirmaciones del
entrevistado que, a no dudar, constituyen evidentes despropósitos auto
descalificantes. Trataremos, en su lugar, de explicar a la audiencia, realmente
interesada, lo que significa la situación que enfrentan los activos de Pdvsa en
Estados Unidos.
Comencemos
por referir que desde el año 2019 se han ejecutado, con grandes esfuerzos y
ante poderosos contendores, importantes estrategias de defensa de los activos
públicos venezolanos en el exterior, diseñadas por la legítima Asamblea
Nacional en el Estatuto que rige la Transición a la Democracia para Restablecer
la Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que ha
comportado: (i) Por una parte, una robusta defensa judicial
frente a una gran cantidad de solicitudes de arbitrajes y demandas intentadas,
en su mayoría, por acreedores arbitraria, injusta e ilegalmente expropiados,
confiscados o de alguna manera vulnerados en sus relaciones contractuales por
los gobiernos dictatoriales de Chávez y Maduro, que dirigen sus acciones
legales casi siempre con la finalidad de ejecutar sus acreencias en los bienes
y activos del Estado venezolano, entre los cuales, figura en primera línea la
empresa PDV Holding y Citgo. (ii) Y por la otra, un absoluto
respeto a la autonomía funcional de este grupo de empresas y a que, su giro
comercial siempre responda a estrictos criterios de eficiencia comercial, como
principal activo del Estado venezolano en el exterior.
Particularmente,
gracias al criterio comercial en las decisiones adoptadas, se ha logrado una
inobjetable recuperación operativa y financiera histórica de Citgo entre los
años 2022 y 2023, reduciendo casi en su totalidad el endeudamiento masivo a la
que fue expuesta por el régimen de Maduro, y acumulando significativas reservas
en efectivo.
Ha
sido en reacción a este escenario de recuperación que se han incrementado las
demandas que buscan la liquidación de los activos de Pdvsa y tener acceso a las
reservas de efectivo de Citgo, por parte de los demandantes, mientras estas se
encuentran protegidas en el marco del régimen de sanciones.
El
origen de todas estas demandas proviene de la misma fuente: Los nefastos
regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Este gran número de causas
judiciales han creado limitaciones importantes sobre los activos de Pdvsa, que
únicamente podrán ser solventadas a través de la vía judicial, en un primer
término, una transición política en Venezuela y una reestructuración negociada
global de pago de acreencias. Entre tanto, un equipo de profesionales y
técnicos, seguimos abocados a la defensa de los activos vitales para afrontar
ese proceso de transición democrática y tenemos muy claro donde están los
responsables y las amenazas.
Queremos
ser concluyentes cuando expresamos que juristas especialistas en la materia,
conocen esta realidad, por lo que resulta temerario y contraproducente demandar
soluciones, creando falsas expectativas que buscan confundir y dividir al
pueblo venezolano. En particular, tengo que referir la demanda que menciona el
entrevistado agresor, intentada contra Pdvsa, Citgo y otros, por un grupo de
extrabajadores y contratistas de Pdvsa donde figura como demandante primario
Iván Freites y otros bajo restricción de confidencialidad.
Debemos
insistir en precisar como elemento clarificador inobjetable que, el referido
accionante primario, Iván Freites, NO fue despedido en 2002 o 2003 y que, por
lo contrario, era pública y notoria su posición como dirigente pro régimen
chavista y que fue despedido muchos años después. Además recordamos que, el
sindicato que representa, está inscrito en una Unión, de carácter oficialista,
distinta a la Confederación de Trabajadores de Venezuela y que no participó en
ninguna de las acciones emprendidas por los trabajadores de PDVSA despedidos en
2002-2003.
En
consecuencia, la única respuesta a la incompresible agresión, contra Pdvsa Ad
Hoc y la legítima Asamblea Nacional de 2015, efectuada en la mencionada
entrevista, va dirigida, en primer lugar, a expresar nuestra profunda e
inconfundible solidaridad con todas las víctimas de los atropellos y desmanes
del régimen dictatorial de Chávez y Maduro. En segundo lugar, reiteramos
nuestra absoluta convicción que sólo restituyendo la democracia en Venezuela
será posible aproximarnos a la justicia y que esto ocurrirá a través de
fórmulas que, apoyándose en el pronunciamiento del Consejo de Administración de
OIT en 2005 que, como base, permitieron generar propuestas por parte de Gente
del Petróleo y Unapetrol, ante la Asamblea Nacional de 2015, a través de sendos
proyectos de ley que prevén mecanismos de reparación para los extrabajadores
petroleros.
Horacio
Medina
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