Por Carlos Romero M., 09/06/2017
En la convocatoria para la supuesta Constituyente se plantea, como uno
de sus objetivos programáticos, la ampliación de las competencias del
Sistema de Justicia con la finalidad de erradicar la impunidad de los delitos
que se cometen contra las personas y contra la Patria y la Sociedad, entre los
cuales se menciona el terrorismo, la corrupción y la promoción del odio social,
entre otros.
La Ministra Iris Varela, también candidata a la supuesta Asamblea
Nacional Constituyente[1], advierte que la “Asamblea
Nacional Constituyente (ANC), convocada por el Presidente de la República,
Nicolás Maduro Moros, hará justicia en los crímenes de violencia fascista, como
el horrible asesinato del joven Orlando Figuera”.[2]
Hermann Escarrá reconoce que la situación de violencia en el país es
grave, que ello genera intimidación y miedo, lo cual le lleva a plantear la
Constituyente como un espacio de diálogo a escala superior, para acordar la
convivencia social y la normativa jurídica que las rige, afirmando que en la
ampliación de la justicia, es importante aumentar las penas de los delitos
contra las mujeres y los niños[3].
Por su parte, Aristóbulo Istúriz reconoce la debilidad de la justicia
venezolana al señalar: “El sistema
judicial ha sido una debilidad que tiene nuestra Constitución, hemos dejado
débil al Estado frente a la justicia, todo el peso tiene que pasar por la
Fiscalía, (…), el fiscal debe ser parcial y no darle utilidad política a los
juicios que haga contra el gobierno, (…), en estos momentos lo que exigimos a
la Fiscalía es garantía de justicia y enfrente a la impunidad”[4].
Istúriz destaca el fracaso de la justicia en este modelo político del
Socialismo del Siglo XXI. Recordemos que en 1999 la Asamblea Nacional
Constituyente declaró la Emergencia Judicial y confiscó el poder judicial, en
consecuencia desde entonces y hasta la fecha, los resultados que advierte
Istúriz son el mejor ejemplo del reconocimiento del fracaso de un modelo
político. El comentario de Isturíz permite validar que vía
constituyente no hay garantías para lograr una justicia que funcione, ya eso lo
vivimos.
Entonces, ¿se necesita de una Asamblea Constituyente para poder
erradicar la impunidad y que la justicia funcione? No. Reformar el
Código Penal o bien la Ley Orgánica contra la Corrupción o incluso la Ley
Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, entre otros instrumentos jurídicos,
es una responsabilidad directa de la Asamblea Nacional. En el
pasado, cuando la Asamblea estaba bajo el dominio del oficialismo, se hicieron
reformas a muchos instrumentos jurídicos, entre ellos, los mencionados en este
párrafo. ¿Por qué ahora si es necesario una Constituyente y antes no?
El abogado Jesús Silva, lejos de evaluar la constitucionalidad de la
convocatoria, lo que hace es proponer un artículo para esa supuesta
constituyente, que claramente refleja su intención de castigar y anular la
disidencia política. Para el abogado, la oposición ha ensayado una
violencia política con la finalidad de socavar y derrocar al gobierno nacional,
la cual califica como terrorismo y que según su opinión, debe ser abordada por
la venidera Asamblea Constituyente, pues es preocupante sus niveles de
impunidad. En consecuencia, Silva advierte que esa supuesta Constituyente
peligrosamente tendría en sus manos la oportunidad de criminalizar la actuación
política de los venezolanos[5].
La propuesta que hace el abogado Silva, que a continuación se
transcribe textualmente, demuestra per se que es innecesaria una Constituyente
para incorporar una norma como esa. Además, resulta evidente que su
intención es criminalizar las protestas e intimidar a los ciudadanos.
“Todo individuo o grupo de personas que
públicamente apoye, convoque o incite a manifestaciones o protestas que
reiteradamente resulten en violencia o incluyan armas, ocasionen muertos,
heridos o destrozos a la propiedad, con el propósito de ejercer presión sobre
instituciones del Estado para que hagan o dejen de hacer determinados actos,
serán procesados por el delito de terrorismo y no podrán aspirar a cargos de
elección popular ni ejercer la función pública”.
El mismo Silva, en el artículo de opinión donde expresa su idea sobre
la constituyente y el sistema de justicia, reconoce que existe una Ley Orgánica
contra la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo, y reclama
que la misma no ha sido jurídicamente aplicada contra las manifestaciones
violentas y con armas que frecuentemente convocan los dirigentes opositores.
Entonces, si el problema es la aplicabilidad de la Ley contra la
oposición, la Constituyente con su propuesta de ampliación del sistema judicial
para luchar contra la impunidad pareciera ser un cheque en blanco para terminar
definitivamente de someter a la oposición democrática tipificando algunas
actuaciones de terrorismo o de odio social.
Esta amenaza que se puede leer entre líneas de la convocatoria a la
supuesta Constituyente, se convierte en un nuevo elemento para advertir el
peligro que ella representa en esta materia judicial para la libertad política
de los ciudadanos.
Resulta esencial comprender que esa convocatoria a espaldas de la
voluntad del soberano, con unas bases comiciales y con un contenido
programático unilateral, ha sido impulsada fuera del marco constitucional.
Desde octubre 2016 la Asamblea Nacional declaró con argumentos
políticos y jurídicos, registrados en sus distintos Acuerdos, la ruptura del
orden constitucional y democrático; pero además, esa misma Asamblea,
detentadora de la legitimidad de origen, también declaró que el Presidente era
el principal responsable político de esa ruptura constitucional y democrática.
En ese sentido, la Conferencia Episcopal Venezolana ha sido insistente
en advertir que la imposición por parte del gobierno de implantar el Plan de la
Patria, cuyo contenido propone un sistema totalitario de gobierno, es la
principal causa de la crisis venezolana, por lo tanto coincide con la
responsabilidad política a que hizo mención en diciembre 2016 la Asamblea
Nacional.
El Presidente Maduro está actuando fuera del marco constitucional y a
espaldas de la soberanía popular, por lo tanto sus actuaciones ilegítimas no
pueden ser acatadas por los ciudadanos, pues al hacerlo, estaríamos
convalidando el desconocimiento al orden constitucional y democrático
venezolano.
El régimen ha jugado tanto con la palabra diálogo, que proponerla como el
objetivo de la Constituyente no logra ningún nivel de credibilidad. En tal
sentido, no es posible olvidar aquel proceso de diálogo de diciembre de 2013
con alcaldes y gobernadores y mucho menos, el que se experimentó en 2016, que
la misma Conferencia Episcopal en su Pastoral de mayo de 2017 reconoce que el
responsable de ese fracaso fue el gobierno que no cumplió con sus compromisos.
La realidad política del país nos está llevando a unir el 350 frente a
la supuesta Constituyente y concretar la desobediencia desde el artículo 333 de
la Constitución, que nos llama a restituir el orden constitucional que hoy se
ha vulnerado.
¿Qué podemos hacer los ciudadanos? La Conferencia Episcopal Venezolana
en su Exhortación Pastoral del 13 de enero de 2017, nos invita con una
reflexión a buscar esa respuesta, a saber:
Frente al mal nadie puede permanecer
como simple espectador. El llamado es a ser protagonistas del presente y del
futuro de nuestro querido país.[6]
06/06/2017
[3]El Universal. Escarrá: Constituyente posibilitará
ordenar aspectos de la República. 11 de mayo 2017. Online en: http://www.eluniversal.com/noticias/politica/escarra-constituyente-posibilitara-ordenar-aspectos-republica_652188
[4]Analitica.com Según Istúriz la Constituyente comunal
fortalecerá la justicia en el país. 24 de mayo de 2017. Online en:
[5]Silva, Jesús. A la constituyente, propuesta contra el
terrorismo. Noticiero digital. 2 de junio de 2017. Online en:
[6]Exhortación Pastoral: “Jesucristo luz y camino para
Venezuela” de la CVII Asamblea de la CEV. 13 de enero 2017.
Escrito para @PolitikaUCAB
Carlos Romero M.
@carome31
Carlos Romero M.
@carome31
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