Editorial
El Nacional
Finalmente hemos llegado al
momento que, a lo largo de más de una década, los economistas y otros expertos
han estado anunciando: el colapso de la economía venezolana. Hay que decir que
las advertencias no solo se produjeron desde los sectores críticos al gobierno.
También desde adentro muchos lo advirtieron. Algunos viceministros, que
mantienen relaciones con empresas del sector privado, lo han comentado entre
susurros, a pesar del temor que tienen al Sebin y a los cubanos que les
vigilan: se aproximaba el momento en el cual el dilema sería inevitable: o
entrar en default –es decir, no cumplir con el pago de la deuda externa–, o
pagarla y extender y profundizar la crisis de hambre que agobia, socava y
destruye las vidas de los venezolanos.
Necesario es recordar que los
llamados de atención también se produjeron desde fuera de Venezuela. Técnicos
de organismos multilaterales; analistas de calificación mundial; economistas de
Brasil, Argentina, México y Colombia, muchos de ellos simpatizantes de la
izquierda; presidentes o altos funcionarios de los gobiernos; estudiosos de
centros académicos de indiscutibles capacidades técnicas, se cansaron de pedir
al gobierno de Venezuela que corrigiera el rumbo. No fueron escuchados.
El que haya incluido en el
titular de este artículo la expresión “tsunami económico” no es gratuito. Al
contrario, es atroz y doloroso. Las declaraciones de Susana Rafalli, vocera de
Cáritas, debe ser la más alarmante denuncia que se haya producido en nuestro
país en los últimos tiempos. No hay en sus palabras nada que no sea esencial:
se refieren a las secuelas del hambre. Al hambre real que asola Venezuela ahora
mismo. Nadie puede permanecer indiferente a lo que significa que entre 5 y 8
niños mueran cada semana por hambre. Que 4,5 millones de venezolanos coman 1
vez al día y, algunas veces, 2. Que la calidad de la alimentación sea cada día
peor. Que la desnutrición infantil alcance ya a 15% de los niños. Que 33%
presente retardo en el crecimiento. Que, en materia de salud, se esté
produciendo nada menos que una regresión sanitaria, toda vez que al país han
vuelto enfermedades, en forma de epidemias, que habían sido erradicadas durante
el siglo pasado.
Quiero decir con esto: lo del
tsunami no es un aviso: el tsunami está en acción. Mata, empobrece, enferma,
desnutre, hambrea, extenúa, asola, ensombrece; despoja las energías, las
expectativas; aniquila el futuro de los niños y jóvenes venezolanos.
Esta política del hambre, que
es la base sobre la que se construye ese perverso mecanismo de dominación
humana, política, electoral y policial que son los CLAP, configura un delito de
lesa humanidad. Las muertes, las enfermedades, el auge de las discapacidades,
el hambre convertida en una epidemia de carácter nacional, a escalas que no
existían, tiene responsables: los gobiernos de Chávez y Maduro, autores
exclusivos y sin atenuantes de toda esta tragedia.
Escribo este artículo en las
primeras horas del viernes 3 de noviembre. Hace unas horas Maduro ha anunciado
su intención de refinanciar la deuda. Estoy entre lo que dudan de que eso sea
posible. Salvo la anuencia o apoyo de algún otro gobierno delincuente, las
mafias que controlan el poder en nuestro país carecen de legitimidad y
credibilidad. La percepción de Venezuela en el exterior no es la misma que la
que se configuró el pasado 30 de julio, cuando, producto de un evento ilegal y
fraudulento, pusieron en marcha la ilegal, ilegítima y fraudulenta
constituyente: ha empeorado y empeora todos los días. Ese diverso, complejo e
inasible universo que llamamos la comunidad internacional, irreconciliable en
casi toda su agenda común, tiene un tema en el cual el criterio es amplio y
compartido: el de Venezuela es un gobierno de delincuentes, violador de los
derechos humanos, represor, torturador, que incluye entre sus integrantes a
personas vinculadas al narcotráfico.
Ese gobierno, que mantiene
ahora mismo una deuda cuyo monto preciso es desconocido, pero que sobrepasa los
120.000 millones de dólares, quiere refinanciar la deuda, al tiempo que
continúa comprando alimentos con sobreprecios, en una de las operaciones más
corruptas e inmorales que haya conocido la historia de Venezuela; al tiempo que
la producción petrolera disminuye mes a mes; al tiempo que la destrucción de
Pdvsa y sus operaciones se hace a diario más evidente.
El tsunami, concebido,
incubado y puesto en marcha por el mismo gobierno, podría generar nuevos
destrozos en forma de embargos y de imposibilidad de continuar con las
importaciones. Esto quiere decir que, a las graves responsabilidades de Maduro
y el alto gobierno, podrían sumarse otras de consecuencias todavía más
devastadoras.
Mientras todo esto ocurre, la
de un país arrasado por el hambre y la enfermedad programadas; la de un país en
manos de la delincuencia; la de una sociedad cercada y sin opciones ante un
régimen armado y corrupto; mientras todo esto ocurre, la oposición democrática
se concentra en sus avatares y diferencias, ajenos a la comprensión de que,
ahora más que nunca, es imperativo trabajar para el cambio del régimen.
06-11-17
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