Desde su ajustado triunfo en el referendo del pasado 15-F, el Presidente de la República inició una ofensiva orientada a cercar y asfixiar los Derechos de Propiedad en el país.Las principales víctimas de esa embestida han sido los productores agrícolas. Sin embargo, se trata de una escalada global cuyo propósito consiste en reducir a su mínima expresión la libre iniciativa y la libre empresa en toda la nación, con el fin de arrinconarla en un espacio marginal de la actividad económica.
Los ataques a la propiedad privada, enarbolando el lenguaje de la lucha de clases y con la supuesta finalidad de fortalecer la propiedad colectiva y estatal, no sólo destruyen el capital y las empresas particulares, dos activos esenciales del país, sino que también aniquilan el empleo productivo, los sindicatos, los gremios, el derecho a huelga y a la clase trabajadora como factor clave del desarrollo con equidad.
Las estatizaciones, al alejar las inversiones domésticas y foráneas, reducen drásticamente la capacidad de generar empleos estables y bien remunerados. En las empresas que han sido confiscadas o expropiadas para pasar a manos de sector público, los sindicatos han perdido su autonomía, convirtiéndose en apéndices del Gobierno, tal como ocurría en los países comunistas de Europa Oriental o en Cuba, donde todos los sindicatos son "oficialistas". En esas empresas los trabajadores carecen de la posibilidad de discutir sus contratos colectivos, pues han quedado seriamente debilitados y sin ninguna capacidad para negociar las condiciones contractuales.
También ha desaparecido el derecho a huelga y a obtener mejoras progresivas, tal como lo señala la Constitución. Esas empresas están operando con muy bajo rendimiento para los trabajadores, y con un alto costo para la nación y la sociedad, pues el Gobierno las mantiene a expensas de los tributos internos y de los ingresos petroleros, a pesar de que estos han mermado de forma significativa. Los empleados del Metro de Caracas, a quienes se les niegan los beneficios del contrato previamente firmado, ejemplifican el atropello contra la clase laboral.
Con el acorralamiento al sector privado, se está eliminando una de las características fundamentales de la economía abierta, competitiva y eficiente: que los trabajadores discutan y acuerden con los empresarios las mejoras salariales con base en la producción y la productividad. Desde que los trabajadores se organizan en sindicatos y gremios, estas agrupaciones actúan como instrumentos de movilidad social y mejoramiento de sus condiciones de vida, tanto en el lugar de trabajo como en su entorno social.
Con el asalto a la propiedad y a la iniciativa privada, se afecta a los empresarios nacionales y foráneos, e, igualmente, se le infringe un duro golpe a la clase trabajadora. Esta no podrá valerse de su capacidad organizativa y negociadora para obtener ingresos y condiciones laborales que mejoren su contexto individual y familiar.
La democracia y la libertad se hallan vinculadas con el pleno disfrute de la propiedad privada. Todo ataque a la propiedad representa, igualmente, un retroceso de la libertad y del sistema democrático. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, suscrita por Venezuela en 1948, lo recoge como un derecho fundamental. Lo mismo sucede con la Constitución Nacional.
La grave situación de ese derecho básico en Venezuela tendría que alertar a la comunidad nacional y a los organismos internacionales, acerca de la condición de indefensión en que se encuentran los empresarios, los sindicatos, los gremios y, en general, los trabajadores del país. Estos, organizados en sindicatos y gremios, deben exigirles a los órganos del Poder Público encargados de velar por el respeto a la Carta Magna, que conminen al Gobierno a cumplirla en el ámbito laboral.
Los Estados propietarios monopolistas de los medios de producción conducen a las naciones a la pobreza, al desempleo y a la ruina generalizada, en medio de un ambiente opresivo. Mientras que los países más prósperos son los que cuentan con un sector privado (compuesto por empresarios y trabajadores organizados) vigoroso, que coopera estrechamente con el Estado para alcanzar las metas nacionales de progreso y bienestar.
El 1 de mayo debería unir a trabajadores y empresarios en la defensa de los derechos de propiedad, o sea, de la democracia.
cedice@cedice.org.ve
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