Cohetes para terroristas

Editorial Washington Post. Viernes 31 de Julio.

¿Habrá consecuencias para el apoyo material de Venezuela a los insurgentes colombianos?

Cuando el gobierno colombiano develó extensas evidencias de que el gobierno de Venezuela había colaborado con un movimiento rebelde colombiano conocido por su terrorismo y tráfico de drogas, los otros gobiernos latinoamericanos y los Estados Unidos escogieron mayormente mirar hacia otro lado. Las evidencias estaban contenidas en computadoras portátiles capturadas en una controvertida incursión del ejército colombiano contra una base guerrillera en Ecuador. El presidente venezolano Hugo Chávez denunció los correos electrónicos y los documentos como falsificaciones, y las consecuencias potenciales de concluir que Venezuela estaba apoyando a una organización terrorista contra un gobierno democrático –que podría incluir sanciones obligatorias de los Estados Unidos y referir el caso al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas- eran más que lo que la administración de Bush estaba preparada para considerar.

Ahora Colombia ha hecho públicas evidencias que serán aún más difíciles de ignorar. En una incursión en un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), un grupo oficialmente designado como una organización terrorista por los Estados Unidos y la Unión Europea, las fuerzas colombianas capturaron sofisticados cohetes antitanques producidos en Suecia. Una investigación sueca confirmó que fueron vendidos originalmente al ejército venezolano por el fabricante de armas Saab. Lo que es más, los correos electrónicos de las FARC en las computadoras capturadas en Ecuador parecen referirse a estas armas; en uno, un operador de las FARC en Caracas informa de una discusión sobre el despacho de las armas en una reunión en 2007 con dos generales venezolanos, incluyendo al director de inteligencia militar, Hugo Armando Carvajal Barrios.

Colombia le pidió en privado al gobierno del Sr. Chávez una explicación de los cohetes hace varios meses; Suecia ahora también está pidiendo una explicación. Pero la única respuesta ha sido bravatas públicas por el caudillo venezolano, quien retiró a su embajador de Colombia el martes y amenazó con cerrar la frontera. Si lo hace, las autoridades anti-drogas estadounidenses pueden darse por satisfechas: un informe de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés) estadounidense emitido la semana pasada dice que Venezuela ha creado un “ambiente permisivo” para las FARC que le ha permitido al grupo aumentar masivamente su contrabando de cocaína a través de esa frontera. “Al permitir que los grupos armados ilegales eviten ser capturados y al proveerles apoyo material, Venezuela les ha echado un cabo salvavidas a los grupos armados ilegales colombianos, y su existencia continuada pone en peligro los progresos de Colombia en cuestión de seguridad logrados con la ayuda de los Estados Unidos”, informó la GAO.

Todo esto suena muchísimo como apoyo material al terrorismo –lo que trae la cuestión de si el Departamento de Estado volverá a revisar si el gobierno del Sr. Chávez o sus funcionarios principales deben estar en su lista de estados patrocinantes del terrorismo. El Departamento del Tesoro de la administración Bush le impuso sanciones el año pasado al General Carvajal y a varios otros funcionarios por apoyar el tráfico de drogas de las FARC. Pero eso difícilmente cubre el suministro de cohetes antitanque a una organización designada como terrorista. En este momento, el Departamento de Estado está ocupado aplicándoles sanciones a los miembros del gobierno de facto de Honduras, que es culpable de deponer a uno de los clientes y posible emulador de Chávez. Quizás pueda volcar su atención en breve a aquellos en el hemisferio que han sido pescados tratando de derrocar a un gobierno democrático suministrándoles armas avanzadas a los terroristas.

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/07/30/AR2009073003329.html?wpisrc=newsletter

NOTA: Traducción libre del Equipo Productor
GAO: Government Accountability Office (Oficina de Responsabilidad del Gobierno)