Por Guido Pizarroso Durán, 7/06/2011
La destrucción de la Amazonía es uno de los problemas ecológicos más graves del Continente suramericano, que hasta ahora solamente ha merecido acciones aisladas de emergencia. No existe una política integral de conservación que comprometa a los países amazónicos a actuar en consecuencia para proteger a uno de los centros de la mayor biodiversidad del mundo.
Solamente declaraciones, pronunciamiento y poses políticas se realizan en foros internacionales, mientras las acciones depredadoras están destruyendo uno de los más importantes pulmones del planeta. Brasil es uno de los países más depredadores y desgraciadamente Bolivia no se queda atrás. Las grandes represas que se están construyendo en la frontera con Bolivia van a significar el mayor quebranto ecológico que se haya perpetrado hasta ahora. A ello se suman los desbosques que avanzan aceleradamente incorporando grandes extensiones a la agricultura.
Bolivia solamente ha realizado tímidos reclamos a Brasil y ha dejado que la labor depredadora continúe. Lo cierto es que en Bolivia también se destruye.
Según la representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Bolivia, Yoriko Yasukawa, Bolivia no está ejecutando políticas concretas para reducir la deforestación. Estas declaraciones las realizó al presentar el informe denominado "Tras las Huellas del Cambio Climático en Bolivia".
Dijo que no bastan los pronunciamientos de defensa a los derechos de la madre tierra y que se debe pasar del discurro a la acción para generar resultados concretos y así proteger los bosques para generar recursos económicos en las comunidades indígenas que explotan la madera de manera sostenible.
Según reportes del organismo internacional, Bolivia destruye todos los años 300 mil hectáreas de bosque. La deforestación se la realiza para actividades agrícolas, siembra de coca y la tala indiscriminada de árboles de empresas madereras ilegales que operan de manera clandestina.
El año pasado se quemaron cuatro millones de hectáreas para los denominados "chaqueos" donde los incendios forestales causaron daños económicos. Yasukawa señaló que Bolivia trabajó en proyectos para enfrenar el cambio climático de manera aislada y el informe presentado tiene como objetivos recoger esas experiencias para posteriormente recoger información para elaborar políticas públicas de adaptación al cambio climático.
Mientras tanto, el Gobierno brasileño estableció mediante satélites que en los últimos meses, la selva amazónica presenta un aumento de destrucción de un 27% en relación con el mismo periodo del año pasado. Se han destruido mil 848 kilómetros cuadrados de selva solo en los últimos nueve meses.
Tanto los ambientalistas como los miembros del gobierno brasileño piensan que ese aumento pueda deberse a la posible aprobación del nuevo Código Forestal, que viene arrastrándose durante años ante la polémica entre ecologistas y terratenientes. El nuevo Código, prevé una amplia amnistía para los que, años atrás, habían destruido parte de ese santuario mundial, reserva natural del planeta, para comercializar su madera preciosa o para abrir caminos a la siembra de soya o al ganado.
Frente a esta situación, el Gobierno que encabeza Dilma Rousseff ha reaccionado movilizando al ejercito para proteger la selva, más por la preocupación de su imagen que por principios. Recordemos que la presidenta Rousseff, fue acusada durante su campaña electoral de ser poco sensible a los temas ambientales. Rousseff ha convocado un gabinete de crisis y ha dado una orden tajante: sofocar inmediatamente la destrucción ilegal de la selva, para lo que ha llamado al Ejército. La determinación del gobierno es atajar con todos los medios a disposición la destrucción de la Amazonia, según la ministra de Medio Ambiente, Izabella Teoxeira.
Pero mientras se moviliza al Ejército y se realizan estas declaraciones, avanza la construcción de las represas que Brasil establece en la Amazonía, cerca a la frontera con Bolivia. No solo eso, sino que también va a construir otras dos represas y plantas hidroeléctricas en la Amazonía peruana, con el consentimiento del gobierno de Perú y la tolerancia y silencio del gobierno boliviano.
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