Centro de Comunicación Nacional 10 de octubre
de 2019
@Presidencia_VE
La
Organización Internacional de Trabajo (OIT), organismo adscrito a la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), exhortó al régimen usurpador cesar
las persecuciones y hechos de violencia cometidos contra los trabajadores
sindicales.
La
OIT alertó en su más reciente informe actos recurrentes de acoso verbal,
seguimiento por parte de las autoridades, asesinatos y actos de agresión física
a dirigentes sindicales, sindicalistas y representantes del sector empleador.
El informe advierte sobre daños materiales a sedes de
sus organizaciones, los cuales se sostienen y quedan impunes o son
insuficientemente investigados; detenciones arbitrarias por parte de los
servicios de seguridad, encarcelamiento y enjuiciamiento penal y militar a
dirigentes de estas organizaciones; ausencia de consultas efectivas de los
aumentos del salario mínimo y las cuestiones relativas al cumplimiento de las
obligaciones con la OIT y, en general, a la exclusión del diálogo social.
“La Comisión recibió numerosos alegatos y testimonios,
tanto de parte de los querellantes como de organizaciones de trabajadores,
denunciando acciones contra dirigentes y organizaciones empleadoras, gremiales
y sindicales presuntamente incompatibles con el respeto de las libertades
civiles inherentes al ejercicio de la libertad sindical, tales como: violencia
física a personas y a sedes; hostigamiento con fines intimidatorios, y
persecución judicial arbitraria y sin las garantías del debido proceso”, agrega
el escrito.
Al respecto, la agencia de la ONU comprobó la
participación de funcionarios del régimen usurpador en hechos violentos. “En
algunas ocasiones las acciones denunciadas cuentan con la participación directa
de actores estatales. Así, en varias de las manifestaciones que incluyeron
declaraciones agresivas escritas y orales y actos de vandalismo participaron
agentes del gobierno regional, tales como gobernadores de estado y alcaldes
municipales”.
“La gran mayoría de estos actos de suma gravedad
quedan impunes, ya sea porque no se investigan, porque se investigan
insuficientemente, o porque su investigación es tan lenta que los procesos se
perpetúan, vulnerándose el derecho a la tutela judicial efectiva”, indicaron.
La OIT destacó, además, que los organismos de
seguridad de la dictadura de Maduro como el Sebin, Dgcim, Cicpc, GNB y Faes se
negaron a discutir con la Comisión acerca de estas denuncias. “La Comisión
lamenta profundamente la falta de cooperación de las instituciones
mencionadas”.
ACTOS DE ACOSO A LÍDERES EMPLEADORES Y SINDICALES
“La Comisión examinó numerosas denuncias relativas a
diferentes tipos de actos de hostigamiento a dirigentes empleadores y
sindicales, a saber: campaña mediática estigmatizadora contra los líderes de
Fedecámaras e instituciones y empresas afiliadas.
- Campaña mediática
estigmatizadora.
- Manifestaciones en
contra de Fedecámaras.
- Acciones
persecutorias a líderes empleadores y trabajadores.
- Detenciones
intempestivas y arbitrarias sin orden judicial.
- Aplicación de
medidas de política económica, en particular la toma de tierras.
OIT EXIGE A LA DICTADURA CESAR VIOLENCIA CONTRA DE LOS
TRABAJADORES
Ante todos estos crímenes impunes, la OIT exhortó a la
dictadura de Nicolás Maduro a cumplir una serie de medidas a más tardar el 1 de
septiembre de 2020.
“El cese inmediato de todos los actos de violencia,
amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agresión a
personas u organizaciones en relación con el ejercicio de actividades gremiales
o sindicales legítimas, y la adopción de medidas para garantizar que tales
actos no se repitan en el futuro”, aseveró el informe.
De igual forma, indican “la no utilización de los
procedimientos judiciales y las medidas cautelares y sustitutivas con el
propósito de coartar la libertad sindical, incluido el sometimiento de civiles
a la jurisdicción militar”.
“La liberación inmediata de todo empleador o
sindicalista que pudiese permanecer en prisión en relación con el ejercicio de
las actividades legítimas de sus organizaciones”, agregaron.
Además de “la investigación sin dilación y de forma
independiente de todos los alegatos de violencia, amenazas, persecución,
estigmatización, intimidación y otras formas de agresión que no hayan sido
debidamente dilucidados, con el fin de deslindar responsabilidades e
identificar a los autores materiales e intelectuales, asegurando que se toman
medidas adecuadas de protección, sanción y compensación”.
“La eliminación de todo otro uso de mecanismos
institucionales o formas de acción para injerir en la autonomía de las
organizaciones de empleadores y de trabajadores o en las relaciones entre
ellas”, sentenciaron.
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