Por Fernando Pereira
“Nos enfrentamos a una
catástrofe generacional que podría desperdiciar un potencial humano
incalculable, minar décadas de progreso y exacerbar las desigualdades
arraigadas. La pandemia ha causado la mayor disrupción que ha sufrido
nunca la educación“. Esa contundente alerta sobre el efecto del cierre
prolongado de las escuelas fue expresada
recientemente por Antonio Guterres,
secretario general de la Organización de las Naciones Unidas.
Instó seguidamente a
todos los países a dar prioridad a la reapertura de sus escuelas en cuanto
tengan controlada la transmisión local del coronavirus.
Al mismo tiempo, la
Unesco expresó su temor por que 24 millones de estudiantes abandonen su
educación y exhorta para que se mantenga la continuidad en el
aprendizaje, sobre todo para los más vulnerables.
Ese llamado va en
concordancia con la voluntad expresada por más de 70 países de reabrir sus
escuelas a partir de septiembre, según la encuesta del Banco Mundial, Unesco y
Unicef sobre respuestas de los sistemas de educación ante el COVID-19 (junio
2020).
Las medidas son
diversas: incorporación progresiva por grados o grupos (Uruguay, Francia);
aulas con menos estudiantes y contratación de más profesores (Escocia);
asistencia por turnos (Alemania); control de temperatura, distanciamiento y
proporcionar equipos de protección a docentes y estudiantes que no lo posean
(Dinamarca, Finlandia, Corea, Singapur, Tailandia, Túnez); dejar que la
decisión de reapertura recaiga en estados y municipios (Brasil, Canadá,
Reino Unido, Estados Unidos); combinar lo presencial con clases a distancia
(Panamá, varias ciudades de Estados Unidos) y continuar con modalidad a
distancia exclusiva a través de la radio y TV (México).
Kenia es el único país
que tomó la drástica decisión de dar el año por perdido y que todos
sus estudiantes deban volver a cursarlo.
Encontrar un equilibrio
entre el aprendizaje y la seguridad es el desafío al que hacen frente todos los
países que no pueden desconocer la exacerbación de las diferencias entre un
sector de la población con acceso a los recursos de la educación a distancia y
otro que está al margen de los mismos.
¿Reabrir las escuelas
en Venezuela?
“Un regreso a
clases parcial, presencial y seguro que combine la educación a distancia que
estamos llevando adelante a través de Internet, teleclases, con la presencia
del muchacho”, expresó Maduro como una posibilidad para el mes de octubre.
Dijo que la
modalidad online podría incrementar la deserción escolar. “Sobre todo
en los más niños, en los liceos, sería doloroso porque después reponernos
cuesta mucho esfuerzo e inversión”.
Hay un reconocimiento
explícito por parte del ejecutivo de las limitaciones reales a las que está
sometida la mayoría de la población. El Observatorio Venezolano de los
Servicios Públicos presentó un reciente reporte sobre la percepción de los
usuarios a nivel nacional. Destacó que solo un 34% confirmó tener acceso
al servicio de Internet fijo en el hogar, de ellos casi dos terceras
partes indicó que su servicio no tiene capacidad suficiente para trabajar o
recibir clases en línea.
Coinciden estos datos
con los levantados por Consultores 21 que revelan un 38% de entrevistados
manifestó contar con Internet fijo. El celular (75%) y cable y la TV
(76%) son los medios más utilizados según el estudio Acceso a medios en
Venezuela, cuyo trabajo de campo fue realizado en marzo de 2020 (antes del
inicio del confinamiento).
El 80% de los centros
educativos son públicos y además de concentrar la mayor parte de la
población, tiene las mayores limitaciones para llevar adelante la
modalidad de educación a distancia.
¿Se cumplen las normas
de bioseguridad?
Ante el anuncio
realizado por Maduro el 21 de Agosto, ya los gremios de la educación han
manifestado su rechazo a un inicio presencial por los riesgos para la salud de
los docentes y estudiantes. Manifiestan que los educadores no cuentan con
los recursos suficientes para hacer frente a los requerimientos y los centros
educativos carecen, en muchos casos, de servicio de agua potable. Hay
temores reales a las consecuencias de no poder garantizar las medidas de
bioseguridad en los centros en momentos donde la transmisión no ha sido
controlada.
Pareciera que estamos
atrapados entre la desconexión de la mayoría de la población y la incapacidad
de garantizar las condiciones de bioseguridad en las escuelas. Urge buscar
acuerdos que permitan acceder a los recursos de la cooperación
internacional para minimizar el impacto de la pandemia en una generación que ya
venía siendo negativamente impactada por los efectos de la emergencia
humanitaria compleja.
28-08-20
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