Carlos Tablante 26 de agosto de 2020
@TablanteOficial
El
día de su renuncia a la vicepresidencia del CNE írrito, cargo en el que
permaneció apenas dos meses, Rafael Simón Jiménez invitó a los periodistas a
investigar el contrato otorgado por el CNE a la empresa EXCLÉ Soluciones
Biométricas CA para la adquisición de las máquinas y del software que se
pretende usar en la farsa electoral del 6 de diciembre.
Han
pasado dos semanas y poco se sabe del contrato en cuestión, aprobado por el
directorio anterior presidido por Tibisay Lucena. Curiosamente, Jiménez también
pidió que la prensa entrevistara sobre el tema al ex rector Luis Emilio Rondón
González.
La
información confirmada hasta ahora, aportada por el propio Jiménez, es que las
máquinas se comprarían en China a través de EXCLÉ C.A., conocida contratista
del régimen desde 2004. Se trata de una compañía argentina sin experiencia
importante en el manejo de procesos electorales, que solo se ha limitado a
trabajos secundarios en su país de origen.
Su
trayectoria como proveedora del régimen chavista incluye al CNE en el que
controla el sistema de identificación biométrica utilizado en pasadas
elecciones, y se extiende al Banco del Tesoro, Banco Bicentenario y Banco de
Venezuela. Cuando la Alcaldía del Municipio Libertador estaba en manos de Jorge
Rodríguez (2009), EXCLÉ obtuvo el contrato del sistema de recaudación de
impuestos. Desde esa época data la estrecha relación de los supuestos dueños de
EXCLÉ, los hermanos Guillermo y Eduardo San Agustín, con el actual
Vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo.
En
un grotesco conflicto de intereses, por decir lo menos, EXCLÉ obtiene así el
control absoluto del sistema electoral a través de las máquinas y el software
de votación sustituyendo a Smartmatic luego que esta denunciara el fraude de
las últimas elecciones.
El
contrato debe cubrir la necesidad total de máquinas ya que las anteriores “se
quemaron” en un incendio que aún no ha sido investigado. Es decir, hablamos de
por lo menos 40.000 máquinas para cubrir los 14.500 centros del país. Expertos
estiman el valor de cada unidad en 500 dólares. A ello hay que sumar el costo
del software, cuyo monto se ignora. Como ya es costumbre en la críptica
“administración” del régimen, se desconoce el proceso mediante el cual se
seleccionó a EXCLÉ C.A. como proveedora y – como ya es normal en esta
cleptocracia- tampoco se ha hecho público el contenido del contrato, cuestiones
de transparencia básica en cualquier gobierno democrático que por supuesto, no
es el caso.
Mientras
se agrava la crisis humanitaria de un país donde el personal sanitario y los
enfermos por la COVID-19 están indefensos, no hay medicinas, ni agua, ni luz,
ni gasolina y los alimentos están fuera del alcance de las mayorías… de nuevo
preguntamos: ¿Cuál es el monto del contrato con EXCLÉ? ¿Quién lo aprobó y cómo?
Se habla de 100 millones de dólares…¿Hubo licitación?; ¿Cuál es el precio
verdadero por máquina y cuántas se comprarán?; ¿Cuánto cuesta el software?;
¿Cómo se realizan las operaciones financieras de la compra a pesar de las
sanciones?; ¿En qué moneda y con cuáles bancos?; ¿Con qué empresas se está
triangulando la negociación?
Es
evidente que se trata de una nueva trama de corrupción y fraude de la caja
negra en la que se convirtió el CNE hace tiempo. Con el sistema electoral hecho
a la medida del cliente, es decir, del autócrata Maduro, ahora los rectores
suplentes, teniente coronel Carlos Enrique Quintero Cuevas y Abdón Rodolfo
Hernández Rodríguez, verdaderos jefes del organismo, tienen el control total
del CNE y por lo tanto la vía libre para la trampa.
Resulta
insólito que un militar activo – ex jefe de Informática de la Dirección de
Inteligencia Militar – como el teniente coronel Quintero, sea un súper-rector
con más de 14 años en la institución, además de una pieza clave del engranaje
de Jorge Rodríguez, y tenga el control de los sistemas de auditoría e
informática, gestionando directamente el contrato con la empresa EXCLÉ.
El
diputado Guillermo Palacios nos ha confirmado que solicitará una investigación
en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional en los próximos días.
Frente
a quienes pretenden cerrar la vía electoral, el deber de los demócratas es
abrirla y garantizar que sea transparente, auditable y verificable, como
siempre hemos exigido. Para esto es indispensable denunciar y aclarar cualquier
irregularidad ya que, por supuesto, la principal intención del autócrata Maduro
es aplastar y liquidar la Constitución, en un continuismo que confirma su
ilimitada ambición de poder, principal causa de la tragedia que padece
Venezuela.
Debemos
resistir y luchar con la fuerza de la unidad hasta lograr una rebelión cívica y
democrática a través del voto.
Carlos
Tablante
@TablanteOficial
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