Amnistía Internacional 19 de agosto de 2020
@AmnistiaOnline
Mientras
que el número diario de casos de COVID-19 reportados en Venezuela se ha
acelerado al ritmo más rápido en las últimas semanas, las autoridades están
fracasando en las medidas para proteger a la población y, en particular, a los
médicos, enfermeras y trabajadores de hospitales y clínicas que están siendo
gravemente afectados, e incluso están encarcelando a quienes denuncian sus
pésimas condiciones laborales, declaró hoy Amnistía Internacional.
"Las
autoridades venezolanas o bien niegan el número de trabajadores de la salud que
han muerto a causa de COVID-19, o bien no disponen de información precisa sobre
las precarias condiciones de los hospitales y la necesidad imperiosa de una
mejor protección tanto del personal como de los pacientes. En cualquier caso,
el gobierno está siendo totalmente irresponsable", dijo Erika
Guevara-Rosas, directora para América de Amnistía Internacional.
“Las autoridades venezolanas o bien niegan el número
de trabajadores de la salud que han muerto a causa de COVID-19, o bien no
disponen de información precisa sobre las precarias condiciones de los
hospitales y la necesidad imperiosa de una mejor protección tanto del personal
como de los pacientes. En cualquier caso, el gobierno está siendo totalmente
irresponsable”
Erika Guevara Rosas,
directora para América de Amnistía Internacional
"Mientras
el gobierno de Nicolás Maduro ha pedido a la población que aplauda a las y los
trabajadores de la salud en las últimas semanas, lo que realmente necesitan no
son aplausos, sino medidas gubernamentales concretas para conseguir los
recursos que necesitan para trabajar con seguridad y permitir que sus voces se
escuchen sin represalias".
Según
la organización Médicos Unidos de Venezuela, 71 trabajadores de la salud
murieron entre el 1 de julio y el 16 de agosto, y 37 de esas muertes se
produjeron solo en los primeros 16 días de agosto. Este total representa casi
el 30% del total de muertes por COVID-19 reportadas por las autoridades en
Venezuela, que son 288. Sin embargo, las autoridades no están desglosando las
muertes por sector y muchas muertes de trabajadores de la salud no se cuentan
en el registro oficial.
“Mientras el gobierno de Nicolás Maduro ha pedido a la
población que aplauda a las y los trabajadores de la salud en las últimas
semanas, lo que realmente necesitan no son aplausos, sino medidas
gubernamentales concretas para conseguir los recursos que necesitan para
trabajar con seguridad y permitir que sus voces se escuchen sin represalias”
Erika Guevara Rosas,
directora para las Américas de Amnistía Internacional
Amnistía
Internacional ha reunido información que indica que el 16 de agosto había 691
pacientes hospitalizados por síntomas de COVID-19 sólo en los principales
hospitales de la ciudad de Caracas, el doble de la cifra de la semana anterior.
Esto plantea dudas sobre la veracidad de las cifras oficiales diarias de casos
en todo el país, ya que el gobierno informó de sólo 1,148 nuevos casos de
COVID-19 en todo el país el mismo 16 de agosto.
Venezuela
se destaca como un claro ejemplo de represalias del Estado contra personal de
salud. Desde que Amnistía Internacional comenzó a monitorear la situación de
las personas trabajadoras de la salud en todo el continente americano a
principios de abril, Venezuela es el único país que ha llegado a encarcelar a
quienes se han expresado públicamente sobre los riesgos para su seguridad y la
de los pacientes.
Aunque
en muchos países de la región se han producido represalias contra las personas
trabajadoras de la salud que actúan como denunciantes, según la información de
que dispone Amnistía Internacional, Venezuela es el único país de la región que
ha detenido a trabajadores de la salud y los ha llevado ante tribunales militares
y civiles. Hasta la fecha, Amnistía Internacional ha recibido información sobre
al menos 12 trabajadores de la salud que han sido detenidos y detenidas durante
la pandemia, incluidos muchos cuyo debido proceso ha sido violado al no ser
informados de los cargos que se les imputan. Amnistía Internacional ha
informado desde hace años sobre la política de represión aplicada por el
gobierno de Maduro para silenciar y controlar a la población, que incluye
detenciones arbitrarias y tortura dirigidas a un amplio conjunto de personas
que alzaron sus voces.
En
últimos años, aproximadamente el 50% de los médicos venezolanos abandonaron el
país, según la Federación Médica Venezolana (FMV), dejando a Venezuela con
escasos recursos humanos para hacer frente a la pandemia. La salida de tanto
personal médico se produce en el contexto de la emergencia humanitaria y la
crisis de derechos humanos que ha hecho huir a 5,2 millones de personas del
país.
Las
personas trabajadoras de la salud que se quedaron en Venezuela ganan entre 4 y
18 dólares americanos al mes, y muchos han tenido que caminar para ir a
trabajar, a veces más de 10 km, ya que no pueden pagar el transporte. Según el
grupo de la sociedad civil Monitor Salud, el 68% de 296 trabajadores sanitarios
de la ciudad de Caracas encuestados de marzo a junio llegaron al trabajo sin
comida en el estómago para empezar con un su turno arduo. El promedio de gastos
de subsistencia de comestibles y servicios básicos por mes para cada venezolano
se estima en 513 dólares, según la organización nacional de investigación
CENDAS.
La
legislación laboral venezolana establece que los trabajadores deben ser
protegidos de los riesgos en el trabajo, pero de acuerdo con la ONG local
PROVEA, los trabajadores están siendo dejados completamente expuestos sin
equipo de protección personal (EPP). En los casos en los que se suministra EPP
a los trabajadores, se les está obligando a reutilizar los cubrebocas durante
períodos prolongados de tiempo, lo que los hace ineficaces. También ha habido
alarmantes informes sobre delegados oficiales asignados a ciertos estados que
visitan hospitales vestidos con equipo de protección completa, mientras las
personas trabajadoras de la salud se quedan con muy poco equipo.
A
mediados de julio, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) donó 20
toneladas de EPP para 31 hospitales de todo el país. Si bien esta es una
importante contribución a la protección de los trabajadores de la salud de
Venezuela, hay 240 hospitales en todo el país y las autoridades tienen la
responsabilidad de garantizar el equipo de protección para todos los
hospitales. Además, el personal de los hospitales de los estados donde se dice
que se entregaron las donaciones de la OPS no informó de ningún cambio en sus
condiciones de trabajo diarias después de que las donaciones llegaron al país.
Es imperativo que los grupos de la sociedad civil tengan información más
precisa sobre estas donaciones humanitarias, a fin de activar un mecanismo de
vigilancia independiente para asegurar que la ayuda llegue a donde más se
necesita.
El
gobierno venezolano debe hacer más para diagnosticar y evaluar adecuadamente
las necesidades del país de recibir cooperación internacional en forma de
donaciones, así como tomar medidas concertadas de reasignación de recursos para
asegurar que las personas trabajadoras de la salud tengan acceso a guantes,
batas quirúrgicas y mascarillas. El gobierno también debe asegurarse de que
haya suficientes productos de limpieza y desinfectantes en los hospitales.
Cerca de la mitad de los hospitales del país no tienen agua o sufren escasez de
agua, y según las organizaciones de trabajadores, muchos de ellos no han sido
desinfectados adecuadamente ni una vez durante la pandemia.
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