OEA 03 de diciembre de 2020
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Fiscal de la Corte Penal Internacional criticada por
no abrir una investigación, a pesar de examinar la situación durante casi tres
años
El Secretario General de la Organización de
los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y el Asesor Especial sobre la
Responsabilidad de Proteger de la OEA, Jared Genser, publicaron hoy un
informe que reafirma que existe una base razonable para concluir que el régimen
de Nicolás Maduro ha estado cometiendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela
desde el 12 de febrero de 2014, y que condena a la Fiscalía de la Corte Penal
Internacional (CPI) por inacción ante estos crímenes.
El informe de
153 páginas, titulado “Fomento de la impunidad: el impacto del fracaso de la
Fiscal de la Corte Penal Internacional en abrir una investigación sobre la
posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela” amplía el informe de 2018 de un Panel de Expertos
Independientes convocados por la OEA, el cual concluyó que había una base
razonable para creer que se estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad en
Venezuela.
El nuevo documento señala que, desde la publicación
del informe de 2018, los crímenes de lesa humanidad en Venezuela han aumentado
en escala, alcance y gravedad, al tiempo que el país enfrenta una crisis
humanitaria causada por una agitación política y económica sin precedentes,
junto con una escasez de productos alimenticios y médicos. Partiendo del
trabajo de la Misión Independiente de Investigación de la ONU en Venezuela, la
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONGs,
académicos independientes y otras fuentes creíbles, el nuevo informe pinta un
vívido retrato de una Venezuela devastada por la violencia patrocinada por el
Estado y en la agonía de un desastre humanitario.
Entre otros hallazgos, el informe:
- Identifica 18.093
ejecuciones extrajudiciales realizadas por fuerzas de seguridad
del Estado o colectivos desde 2014.
- Identifica 15.501
casos de detención arbitraria u otras instancias de privación
severa de libertad desde 2014.
- Identifica
que decenas de millones de personas han sufrido o han sido objeto
de lesiones graves debido a la actual crisis humanitaria creada
por el régimen. Esto incluye informes, incluyendo de las Naciones Unidas,
que encontraron 7 millones de personas necesitadas y más de 100,000 niños
menores de 5 años afectados por desnutrición aguda severa. Una ONG con una
fuerte presencia local informó que 52 de cada 100 niños atendidos tienen
deficiencias nutricionales y el 24 por ciento de las mujeres embarazadas
estaban desnutridas. En las principales ciudades, la escasez de
medicamentos esenciales ha oscilado entre el 60 y el 100 por ciento. Y con
bajas tasas de vacunación y medicamentos limitados, ha habido brotes de
sarampión y difteria y al menos 400.000 casos de malaria, el más alto de
América Latina. Se reportan casi 1.000 muertos por falta de medicamentos
contra la malaria.
- Identifica 724
casos de desaparición forzada en 2018 y 2019.
- Identifica 653
casos documentados de tortura desde 2014.
- Identifica que
la violación y la violencia sexual han sido convertidas en armas
por el régimen, incluso como método de tortura.
- Destaca el fracaso
de la Fiscal de la CPI en realizar su examen preliminar de manera
expedita, así como en abrir una investigación a pesar de la abrumadora
evidencia de crímenes dentro de la jurisdicción de la Corte.
- Recomienda a la
Fiscal proceder lo más rápidamente posible para abrir una investigación
sobre la situación en Venezuela y, mientras tanto, solicitar acceso
inmediato, pleno y abierto a Venezuela, emitir una declaración pública
detallada sobre el deterioro de la situación en Venezuela y resaltar el
verdadero alcance y gravedad de la situación en Venezuela en su próximo
“Informe de Actividades de Examen Preliminar 2020”.
El informe también presenta presuntos delitos que no
formaban parte del informe de 2018, incluidos "actos inhumanos"
cometidos intencionalmente que han resultado en gran sufrimiento o muerte.
Estos incluyen acciones del régimen de Maduro que han facilitado y prolongado
el empeoramiento del desastre humanitario de Venezuela.
Las instituciones gubernamentales, incluidas las
fuerzas de seguridad y el poder judicial, han sido utilizadas como armas contra
sus ciudadanos. Para el pueblo de Venezuela, el estado de derecho en el país ya
no existe. Para los miembros del régimen, el Estado los faculta para operar con
total impunidad. La búsqueda de la justicia internacional es el único recurso
que queda.
El Secretario General de la Organización de
los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó que “se ha
permitido que el régimen venezolano opere con impunidad. Cada día de inacción
por parte de la comunidad internacional incrementa el sufrimiento del pueblo
venezolano. Llamamos a la Fiscal de la Corte Penal Internacional a actuar y mistrar
al mundo que los crímenes de lesa humanidad no quedarán sin castigo”.
“Nuestro informe da vida al extraordinario sufrimiento
del pueblo de Venezuela, infligido por Nicolás Maduro y su régimen. La única
conclusión razonable a la que se llega al examinar la escala y amplitud de los
abusos contra los derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, las
detenciones arbitrarias y la imposición de condiciones de vida diseñadas para
causar un gran sufrimiento o la muerte, es que estas acciones constituyen
crímenes de lesa humanidad en el marco del Estatuto de Roma, que estableció la
Corte Penal Internacional”, dijo Jared
Genser, Asesor Especial de la OEA sobre la Responsabilidad de Proteger. "Por
lo tanto, es tan inexplicable como impactante que, después de casi tres años
examinando la situación, la fiscal Fatou Bensouda no haya abierto una
investigación sobre los presuntos delitos", agregó.
A pesar del drástico deterioro de la estabilidad
nacional de Venezuela y los presuntos graves crímenes de lesa humanidad en
curso, la Corte Penal Internacional no ha tomado ninguna medida sustantiva para
exigir responsabilidades a los perpetradores. La fiscal Fatou Bensouda comenzó
a investigar el caso de Venezuela en febrero de 2018 y, en los casi tres años
transcurridos desde entonces, sólo ha completado dos de las cuatro etapas de su
"examen preliminar". En cambio, contrariamente a los objetivos
declarados de su Oficina de promover la prevención, la disuasión y advertir a
los perpetradores, no ha actuado como lo ha hecho repetidamente en otros casos.
Como resultado, el régimen se ha envalentonado para cometer más crímenes, en la
creencia de que puede actuar con impunidad.
El informe incluye:
- Un resumen
ejecutivo detallado.
- Un relato
actualizado de la crisis política en Venezuela.
- Un resumen y
análisis legal del examen preliminar de la Fiscalía sobre la situación en
Venezuela.
- Una evaluación en
profundidad de las principales investigaciones multilaterales sobre la
situación en Venezuela.
- Análisis
detallados de presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela,
incluyendo asesinato, tortura, encarcelamiento o privación severa de libertad,
desapariciones forzadas, violación / violencia sexual, persecución y otros
actos inhumanos.
- Un examen de la
responsabilidad penal de los funcionarios del régimen de Maduro.
El Estatuto de Roma, el cual estableció la Corte Penal
Internacional, define en su artículo 7 los crímenes de lesa humanidad y señala
que los actos allí detallados constituyen tal entidad “cuando se cometa como
parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con
conocimiento de dicho ataque”.
Venezuela firmó y ratificó el Estatuto de Roma y, en
consecuencia, la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción sobre los delitos
cometidos en el territorio de Venezuela o por ciudadanos venezolanos desde el 1
de julio de 2002.
Jared Genser es el Asesor Especial de la OEA sobre la
Responsabilidad de Proteger, nombramiento pro bono que ocupa desde octubre de
2020. El Secretario General Almagro le encargó al Sr. Genser publicar este
informe de manera pro bono en 2019, antes de su nombramiento como Asesor
Especial. La publicación de este informe ahora se incluye dentro del alcance de
sus nuevas responsabilidades, porque un componente importante del compromiso de
los estados con la responsabilidad de proteger es la promoción de la disuasión
y la necesidad de justicia y rendición de cuentas por crímenes pasados.
Tomado de: https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-122/20
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