Franklin Delgado 06 de septiembre de 2023
Cada
seis horas se registra una detención arbitraria en Venezuela por razones
políticas
Desde
el 2014 se han reportado 15.803 detenciones arbitrarias en Venezuela, todas por
razones políticas, lo que se traduce en cuatro diarias y una cada seis horas,
denuncia Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal.
Justo
esta cifra aportada por Himiob en entrevista para Unión Radio viene
al caso por los nuevos atentados contra la disidencia, como son los casos de
la detención del estudiante John Álvarez y el intento
de involucrar al periodista Carlos Julio Rojas en delitos contra el orden
público.
Pero
estos son dos nuevos casos que se unen a las reiteradas denuncias y casos se
repiten en Venezuela.
Tortura a estudiante de la UCV
Eduardo
Torres, abogado y activista sindical, denunció que el estudiante de la
Universidad Central de Venezuela (UCV) John Álvarez fue
torturado. “Fue golpeado con un bate, descargas eléctricas en la rodilla,
costillas y testículos”.
Según
testimonio del mismo Álvarez, lo ruletearon encapuchado por Caracas
funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), sin uniforme e
identificación, y lo obligaron a grabar unos videos para inculpar a otros
Álvarez
fue privado de libertad la noche del lunes. Funcionarios de organismos de
seguridad del Estado lo detuvieron por estar presuntamente relacionado con los
seis sindicalistas sentenciados recientemente a más de 16 años de cárcel, por
conspiración.
Es un
patrón sistemático ejecutado por presuntos miembros de cuerpos de seguridad del
Estado que, sin portar identificación a bordo de vehículos sin placas y
fuertemente armados, detienen a civiles o militares.
Los
desaparecen durante horas, días o meses, y luego de practicarles torturas, los
obligan a rendir falsos testimonios para incluir en alguna jugada judicial a
otros ciudadanos.
Después
son presentados en tribunales donde fiscales y jueces siguen con la comparsa
alegórica a la injusticia.
Involucran
a periodista
En el
mismo testimonio, el estudiante señaló que lo conminaron a grabar declaraciones
en contra del periodista Carlos Julio Rojas, de quien dijeron que
tiene organizado a los vecinos para crear conflictos en el centro de Caracas.
Ante
esto, el comunicador social y activista en la parroquia Candelaria, quien
también estuvo presente en la denuncia de Torres, acusó que desde el
oficialismo pretenden publicar un video que lo implicaría en algún delito tras
una confesión forzada”.
“Me
informan que régimen de Nicolás Maduro pretende lanzar video obtenido mediante
tortura a una persona donde ésta realiza acusaciones falsas en mi contra, hago
responsable a @CeballosIchaso1 (Remigio Ceballos), @TarekWiliamSaab de mi
libertad e integridad. ¡Ser periodista y líder social no son delito!”, escribió
Rojas en su cuenta en X.
En
vista del riesgo que corre la integridad de Rojas, salió al paso el Colegio
Nacional de Periodistas (CNP), que rechazó el uso que hacen de las
instituciones del Estado para censurar y liquidar la disidencia.
Sin
justicia
De los
156 presos políticos en Venezuela, 113 tienen más de 3 años en prisión
preventiva, esto pese a que la ley no lo permite, aseguró el
abogado y director de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob.
“La
ley establece que la prisión preventiva puede ser de dos años, prorrogable
a un año más como máximo, sin embargo, aquí hay personas con 5, 6 o 7 años
más”, sentenció Himiob la mañana de este martes en el espacio de Roman
Lozinski para Unión Radio.
En
este sentido, recordó que este lunes 4 de septiembre el periodista venezolano y
activista del partido Voluntad Popular Roland Carreño cumplió
1.043 días detenido en la cárcel de El Helicoide en Caracas, en medio de un
proceso judicial que ha sido interrumpido en reiteradas oportunidades.
Resaltó
que, aun cuando el tribunal ordena que los presos políticos sean sometidos a
tratamientos médicos o revisiones, muchas veces no se respetan estas
órdenes; y al menos 50 presos políticos necesitan atención
médica urgente. Tal es el caso de Javier Tarazona, pero no es
particular, a muchos se les impide recibir esta ayuda.
El
director del Foro penal manifestó que estos privados de libertad tendrán
que pasar más tiempo en prisión en un proceso que no se sabe cuánto tardará.
“Al
menos 42 presos políticos deben reiniciar sus audiencias después de 3 años o
más privados de libertad”, sostuvo.
Periodismo
en tiempos convulsos
Ante
todo este contexto, queda la inquietud, si no se puede ni disentir sobre el
estamento político, ¿cómo entonces afrontar un proceso electoral que lo tenemos
a la vuelta de la esquina?
El
secretario general del CNP-Caracas, Edgar Cárdenas, indicó que han venido
denunciando la política de agresión a medios de comunicación. “Tenemos casos de
hostigamiento, juicios abiertos en tribunales y cierres de emisoras de radio.
Solo en el 2022, 103 emisoras cerraron por órdenes de Conatel, y
ahora, que estamos en un año preelectoral, se intenta censurar y
limitar el acceso a la información”, expresó en relación a las agresiones
que ha sufrido la prensa venezolana.
“Ejercer
periodismo en Venezuela se ha convertido en un completo riesgo y el ciudadano
de a pie también está siendo atacado porque se busca criminalizar la opinión
pública. El derecho a la libertad de expresión es universal”, agregó.
Sin
embargo, tanto el CNP como la ONG RedesAyuda son optimistas, y por ello están
invitando a periodistas y estudiantes de comunicación social a participar en un
ciclo de talleres con el objetivo de adquirir nuevas herramientas que les
permitan hacer una cobertura responsable de cara a las elecciones
presidenciales de 2024.
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