Marta de la Vega 25 de septiembre de 2023
En la
Alemania nazi fueron llamados «juristas del horror» a los abogados y juristas
que participaron de manera activa en la creación y justificación de leyes y
políticas del régimen presidido por Adolf Hitler para intentar legitimar sobre
la base de una legalidad parcializada y condicionada por imperativos
ideológicos de exclusión y despojo, leyes antisemitas, políticas de persecución
y exterminio de sectores de la población considerados indeseables o subhumanos,
como los judíos, romaníes o gitanos y otros grupos que no calificaban como de
raza aria, supuestamente superior, o no se alineaban con los propósitos de
supremacía nacional impuestos desde el poder dominante.
Estos
juristas fueron cómplices del proyecto nazi y jugaron un papel decisivo en la
maquinaria del Holocausto y otros crímenes atroces. Redactaron leyes
discriminatorias y crearon sistemas legales para detener y perseguir a grupos
específicos de ciudadanos, justificaron brutales acciones policíacas con base
en una interpretación perversa y retorcida de la ley.
Entre ellos, los más destacados fueron Carl Schmitt, defensor de la supresión del parlamento como correa de transmisión entre la sociedad y el Estado, además de sostener la legalidad de las purgas políticas del régimen nazi; y Roland Freisler, un juez que presidió juicios sumarios para condenar a muerte a muchos opositores políticos.
En un
contexto político totalitario y genocida, ellos son ejemplos extremos de la
corrupción de sus actuaciones que desembocaron en la «banalidad del mal», al
confundir legalidad y legitimidad.
En la
Venezuela de Hugo Chávez y Nicolás Maduro se ha denominado «jueces del horror»
a jueces y magistrados corruptos, acusados de tomar decisiones judiciales
parcializadas y politizadas, cuyo impacto negativo ha sido clave en la
inoperancia del sistema de justicia, en la parcialidad de las decisiones y
falta de transparencia y en la violación reiterada de los derechos humanos en
el país.
No
podemos olvidar a los jueces Calderón y Nieves, por ejemplo. Ni tampoco a
los civiles condenados recientemente a 16 años de prisión
por reclamar derechos gremiales y laborales. Hoy 21 de septiembre de 2023,
mientras se aplican injustas y brutales sentencias amañadas contra quienes han
disentido y sin que se les haya demostrado delito alguno, irónicamente
Venezuela es ratificada en la directiva del Instituto Iberoamericano de Altos
Estudios Judiciales.
Es
evidente la falta de independencia en los tribunales. Quienes entre los jueces
mostraron resistencia o intentaron tomar decisiones basadas en la ley y la
justicia enfrentaron represalias atroces, como fue el caso de la jueza
María Lourdes Afiuni, destituida de su cargo, sometida a terribles
torturas, a cárcel y al silencio impuesto por quienes la juzgaron por crimen de
«corrupción espiritual», puesto que no encontraron prueba alguna para
inculparla.
Los
numerosos casos de corrupción en el sistema judicial venezolano debilitan
gravemente la confianza en la justicia y van de la mano con los intereses
particulares de la camarilla militar civil criminal y mafiosa que domina las
instituciones y busca imponerse a costa de la perversión de la función
judicial. Son conocidos los sobornos aceptados por jueces y magistrados a
cambio de tomar decisiones favorables para individuos o empresas.
En la
madrugada del 20 de septiembre fueron sentenciados a altas penas de prisión los 10 presos políticos militares de la «Operación
Constitución». La jueza Grendy Duque, una vez más, violó los derechos humanos
de los indiciados, omitió más de la mitad de las pruebas, ignoró sentencias
absolutorias anteriores y violentó el debido proceso al incorporar a un testigo
por vía telefónica junto con los fiscales Farik Mora, Carlos Dueñas y Jhonatan
Rangel. Solo obedecen órdenes del Ejecutivo. Sumisos rastrera
y vilmente. No administran justicia ni aseguran imparcialidad.
La
politización del sistema judicial destruyó el Estado de derecho y en lugar de
la transparencia son un mecanismo de control social y de represión contra los
opositores del régimen para atemorizar y quebrar la disidencia.
Continúan
cometiéndose en Venezuela violaciones graves a los derechos humanos. La cifra
de asesinatos sigue siendo alarmante, pues la transformación de FAES (Fuerzas
de Acción Especial) en DAET (Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas) son
un mero cambio de nombre. ¿Hasta dónde vamos a aguantar el
horror?
Marta
de la Vega
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