En funciones dentro de la Dirección de Ciencia y Tecnología del gobierno mirandino, bajo el mandato de Henrique Capriles Radonski, periódicamente organizábamos charlas sobre temas diversos para profesores y alumnos de los liceos estadales. Una de ellas versó sobre educación sexual. Al terminar el evento, dos niños, Juan de 13 años y Yuleisy de 12, se me acercaron para que los llevara a hablar en privado con la expositora. La jovencita estaba embarazada y querían orientaciones.
¿Un caso único en Venezuela? Por el contrario, una situación presente en la sociedad venezolana desde tiempo inmemorial. Según el representante nacional del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa, por sus siglas en inglés), en los últimos 50 años la frecuencia de embarazos adolescentes se ha mantenido casi constante, llegando a 97,7 embarazos por cada 1.000 adolescentes de 15 a 19 años en 2022 (alrededor del 20% de nacimientos ese año), siendo 43,6 por cada 1.000 la media regional.
Esta cuantificación esconde el segmento de 10 a 14 años, donde se ubica Yuleisy, lo que agrava aún más las estadísticas.
Según lo expresado por la oficial del programa de Educación Sexual Integral-Unfpa, durante la pandemia se incrementó el número de embarazos en niñas menores de 15 años, producto fundamentalmente de abuso sexual.
El embarazo temprano en Venezuela se debe a múltiples factores, entre ellos, pobreza, ausencia de educación sexual integral, falta de acceso a métodos anticonceptivos, barreras culturales. Una madre adolescente tiene más riesgos de complicaciones durante el parto y de traer al mundo a un niño de bajo peso. Una vez llegado el bebé, sobreviene la brecha educativa; por lo general, esas niñas no regresan a la escuela. Tratando de sobrevivir con el bebé, buscan trabajos precarios, los únicos posibles dada su escasa formación.
Es también un freno a la transformación social que implica el avance y modernización de un país. Porque un país que avanza incorpora a la mujer en la fuerza de trabajo, estimula su progreso intelectual, le da autonomía financiera y física, reduce el ciclo de la pobreza y mitiga las pérdidas económicas para el estado.
Es de notar que en los muchos textos consultados para escribir esta nota no encontré ni una sola referencia a la responsabilidad de los varones en el embarazo de las niñas. Es como si ellas hubieran llegado a ese estado por fecundación virginal.
Cuentan para eso con el respaldo del hegemón de turno, quien en 2020 exhortó a la mujer venezolana a parir sin descanso: «¡A parir, pues, a parir! Todas las mujeres, a tener seis hijos, ¡todas! Que crezca la patria». O sea, parir y llenarse de hijos es asunto de mujeres. Un llamado irresponsable, entre otras razones porque han sido sus políticas económicas desastrosas y el saqueo de las arcas públicas las causantes de que la patria se vacíe y pierda su bono demográfico, como consecuencia del éxodo de venezolanos en busca de un mejor futuro (casi 8 millones o 25% de la población, concentrado mayoritariamente en gente en edad productiva, 18 a 64 años).
En 2018 el comité de estadística de embarazo adolescente, creado unos años antes, presentó el PRETA, Plan Nacional para la Reducción del Embarazo a Temprana Edad, un plan que pondría a Venezuela en el camino correcto de dirección estratégica, lineamientos claros y responsabilidades asignadas para reducir los embarazos adolescentes.
En el marco del plan PRETA, en 2021 se publicó una resolución ministerial (Gaceta Oficial 42.063) que regularía «los procesos de incorporación de la educación integral de la sexualidad en el subsistema de educación básica» (art. 1), con lo cual niños, niñas y adolescentes obtendrían «su salud integral y bienestar característico de la Revolución Socialista Bolivariana» (sic, art. 2-3).
Que a estas fechas mantengamos tan alto índice de embarazos adolescentes es la mayor prueba del fracaso del plan. No podía ser de otra manera, si las orientaciones pedagógicas sobre educación integral de la sexualidad vienen incrustadas en un sistema escolar con notorias deficiencias.
Además de esas normativas, actualmente en la Asamblea Nacional reposa un proyecto de Ley de Prevención, Reducción y Erradicación del Embarazo a la Temprana Edad y en la Adolescencia, en espera de su discusión y aprobación. Ojalá tenga mejor suerte que las normativas actualmente vigentes.
El próximo 26 de septiembre marca el Día Mundial de Prevención del Embarazo en la Adolescencia, fecha propicia para traer a la reflexión un tema de particular gravedad individual y social. Ojalá que el significado de ese día se mantenga a flote los siguientes 364 días del año, como recordatorio permanente de la obligación que tienen el estado (Constitución, capítulo V) y la sociedad de proteger a los más vulnerables, para que no haya más Juanes ni Yuleisys cerrándose opciones de vida prematuramente.
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