Trino Márquez 09 de noviembre de 2023
@trinomarquezc
La
respuesta del régimen a la Primaria opositora ha rayado en la histeria
extremista. De la denuncia de un supuesto fraude, pasó a la intimidación, y de
allí al uso de la Fiscalía y el Tribunal Supremo de Justicia como instrumentos
para retaliar de forma descarada a los miembros de la Comisión Nacional de
Primaria, de las Juntas Regionales que organizaron la consulta en la provincia
y a los directivos de Súmate. El Gobierno no toleró el éxito de una jornada
efectuada con el apoyo de miles de voluntarios, que de manera desinteresada
respondieron al llamado de la Plataforma Unitaria y de los candidatos que se disputaron
el voto de los ciudadanos.
A María Corina, triunfadora indiscutible de la consulta, la han descalificado e intentado anular porque, supuestamente, se encuentra inhabilitada para ser candidata, a pesar de que es suficientemente conocido que cuando, en 2015, la Contraloría General tomó esa arbitraria e injustificada medida administrativa, fue solo por un año y sin que tuviera consecuencias políticas de ninguna naturaleza, tal como lo precisó con suficiente claridad el contralor de la época, Manuel Galindo.
La
última maniobra del régimen para intentar de reducir al mínimo el impacto de la
Primaria ha sido inventar el fulano referendo sobre la Guyana Esequiba. Se
trata, desde luego, de un artificio con el fin de estimular el chauvinismo y la
cohesión del pueblo en torno de un gobierno aislado, impopular e inepto que
está tratando de llegar a 2024 lo menos averiado posible. Después de haber
abandonado totalmente la reclamación por la vía jurídica de ese territorio en
disputa desde hace más de cien años, y de que Hugo Chávez abriera las
compuertas para empoderar la República Cooperativa de Guyana, ahora Nicolás
Maduro pretende mostrarse como el campeón de la reconquista. Una suerte de Cid
Campeador suramericano.
A pesar
de todos los chantajes, represalias y giros estrambóticos que el régimen ha
dado para controlar los daños que la Primaria le ocasionó, los resultados están
allí: se movilizaron cerca de dos millones y medio de personas que desean un
cambio de gobierno pacífico, electoral y constitucional. Para liderar esa
transformación eligieron a María Corina Machado. Ese mensaje fue captado por la
comunidad internacional, especialmente por los países que facilitaron y
estuvieron presentes en la firma del Acuerdo Preliminar de Barbados, en el cual
el Gobierno selló el compromiso de realizar el año entrante unas elecciones
libres, competitivas y supervisadas por organismos especializados.
El
Acuerdo Preliminar fue suscrito con la aprobación de Nicolás Maduro. El presidente
de la Asamblea Nacional y jefe de la delegación oficialista, Jorge Rodríguez,
actúo solo en representación del Ejecutivo y, el particular, del jefe de
Estado. Aunque en el Acuerdo no se menciona explícitamente eliminar las
inhabilitaciones, quedó sobreentendido que unos comicios libres solo pueden
llevarse a cabo si la oposición es capaz de elegir sin coacción ni
discriminaciones al representante de su preferencia. No existen elecciones
libres allí donde el régimen selecciona al candidato de la ‘oposición oficial’.
Esa era una práctica común en las naciones comunistas de la órbita soviética,
pero no en las democracias occidentales. El documento firmado en Barbados se
inscribe en la tradición occidental, no en la de los países satélites.
Estados
Unidos –a través de su secretario de Estado, Anthony Blinken- ha
señalado en repetidas oportunidades que Nicolás Maduro está obligado a cumplir
el Acuerdo en todas sus partes –especialmente en lo referido a la liberación de
los presos políticos, que incluye a los norteamericanos detenidos- y a
rehabilitar los inhabilitados. Maduro no tiene ‘carta blanca’ para violar el
tratado, ha dicho Blinken. Esta declaración fue ratificada en Colombia hace
pocos días por Juan González, asistente especial del presidente Joe Biden para
asuntos de seguridad hemisférica. En esa intervención González ratificó que
Maduro dispone hasta el 30 de noviembre para honrar el pacto firmado. De lo
contrario, el Gobierno norteamericano tomará las medidas correspondientes.
Pareciera que Estados Unidos está dispuesto a hacer valer su condición de
garante del Acuerdo Preliminar.
Ahora,
Maduro se encuentra ante el dilema de cumplir con lo establecido, o quedar
rehén del ala más extremista, a la que no le importa romper con Estados
Unidos y que las sanciones vuelvan a aplicarse, esta vez con mayor intensidad,
con tal de permanecer empotrada en Miraflores por tiempo indefinido.
Si la
ruptura entre la Casa Blanca y Miraflores llegase a ocurrir, Maduro sería el
principal responsable de que no haya elecciones libres, de que se restablezcan
las sanciones con mayor crudeza y de los indecibles costos que tal
comportamiento le acarrearía a Venezuela, especialmente a los sectores más
pobres. De él depende el futuro inmediato del país.
Trino
Márquez
@trinomarquezc
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