En octubre de 2023, Estados Unidos acordó levantar algunas sanciones sobre el petróleo, gas y oro de Venezuela, algunas de las industrias más grandes del país, pero también las más perjudiciales a nivel ambiental.
El retiro de las sanciones podría permitir a países vecinos con minería ilegal, como Surinam, Brasil, Guyana y Colombia, legalizar el oro extraído al margen de la ley a través de los nuevos canales legales de Venezuela.
Los derrames de los campos petroleros y de gas pueden continuar como ya venían dándose, dada la negligencia del gobierno venezolano para el mantenimiento de infraestructura, como la reparación de oleoductos y el reemplazo de tanques desgastados.
El mes pasado, Estados Unidos acordó levantar algunas sanciones sobre Venezuela a cambio de un plan de ruta para la realización de unas elecciones presidenciales libres y democráticas, programadas tentativamente para la segunda mitad del 2024. El acuerdo requirió meses de negociaciones con el régimen de Nicolás Maduro e involucró el retiro de sanciones sobre algunas de las industrias más grandes de Venezuela, incluyendo el petróleo, el gas y el oro.
El objetivo de la decisión política estadounidense es dar al país la oportunidad de convocar a unas elecciones libres y justas tras años de corrupción y mala gestión económica. Pero más allá de esas amplias implicaciones políticas, también hay impactos ambientales que valdría la pena considerar.
El deteriorado sector petrolero y de gas de Venezuela es una fuente constante de contaminación a lo largo de la costa del Caribe. La minería ilegal de oro está destrozando la selva y destruyendo las tierras ancestrales de las comunidades indígenas. A medida que se retiren las restricciones, ¿empeorará el daño a los ecosistemas?
Estados Unidos otorgó una licencia de seis meses a Venezuela autorizando “transacciones que involucren el sector petrolero y de gas”, con la condición de que la renovará siempre y cuando el régimen de Maduro cumpla con sus compromisos en la ruta hacia unas elecciones libres y democráticas. También dio una autorización similar a la empresa minera estatal venezolana, Minerven. Tanto la industria del oro como la del petróleo y el gas ahora son libres de vender a cualquier país dispuesto a comprar. Las sanciones a Minerven habían sido impuestas en 2019 por realizar “operaciones de oro ilícitas”.
La mayor parte de la minería en Venezuela ocurre en el Arco Minero del Orinoco, una zona que se extiende a lo largo del centro del país, gran parte de ella selva protegida y territorio indígena. El Arco Minero se abrió en 2016 por decreto presidencial —ilegal, según múltiples expertos — y desde entonces ha caído bajo el control de las fuerzas armadas, bandas criminales y grupos guerrilleros. Miles de campamentos mineros y piezas de maquinaria pesada destinadas a la extracción aurífera han sido documentados en imágenes satelitales que rastrean la deforestación.
La instrumentalización de pequeñas redes criminales en lugar de empresas mineras formales le ha permitido al gobierno —que está en apuros económicos debido a la corrupción, la inflación y las sanciones— comercializar el oro por debajo con países que no respetan las restricciones comerciales occidentales, como Turquía, Irán y los Emiratos Árabes Unidos. El levantamiento de sanciones no cambiará necesariamente ese modelo de negocio ni siquiera el número de mineros que trabajan en la zona, pero podría facilitar la venta a nuevas refinerías de oro, dice SOS Orinoco, una organización no gubernamental.
Eso significa que la deforestación ocasionada por la minería ilegal probablemente no se disminuirá a corto plazo, al menos no en Venezuela. Pero los países vecinos con problemas similares de minería ilegal, como Surinam, Brasil, Guyana y Colombia, podrían comenzar a lavar o legalizar su oro a través de los nuevos canales legales del país. El levantamiento de las sanciones podría tener un efecto dominó a largo plazo en la región, influyendo en las operaciones de los grupos criminales y cómo circula el oro ilegal a nivel internacional.
“Al levantar la sanción sobre el oro venezolano, Estados Unidos se convierte en copartícipe del saqueo de la Amazonía venezolana y elige ignorar un ecocidio que ahora se vuelve imparable al ser explotado por todos los grupos criminales transnacionales de la región, por lo que será imposible de ocultar”, dijo SOS Orinoco en un comunicado.
Una plataforma petrolera en mar venezolano. (Foto cortesía de Repsol/Flickr)
Con la industria del petróleo y gas natural, los impactos ambientales son más difíciles de pronosticar. Los derrames —de los cuales hubo al menos 86 el año pasado— se han vuelto más frecuentes a medida que la compañía estatal de petróleo y gas Petróleos de Venezuela (PDVSA) no ha realizado el mantenimiento básico de su infraestructura. No solo es la cantidad de producción lo que determinará la frecuencia de futuros derrames, sino también la neglicencia del gobierno, según el Observatorio de Ecología Política de Venezuela (OEP), una organización de la sociedad civil.
“Eliminar las sanciones no necesariamente mejoraría la gestión ambiental de PDVSA”, explica Emiliano Teran del OEP, diciendo que la corrupción y la ineficiencia deben abordarse independientemente del contexto económico.
El retiro de las sanciones podría impulsar la producción de petróleo y gas de Venezuela y ayudar a la economía del país, pero no significa que PDVSA hará un mejor trabajo de mantenimiento de tuberías, ni de sustitución de tanques petroleros desgastados. Tampoco significa que divulgará datos de derrames de petróleo y estudios sobre el impacto ecológico de estos, lo que permitiría a los científicos evaluar los próximos pasos para los esfuerzos de conservación. Esa información ha estado oculta por el gobierno durante años.
El régimen de Maduro ha creado la imagen de que no cumple promesas hechas en la mesa de negociaciones internacionales. Hace dos semanas, el Tribunal Supremo del país suspendió los resultados de las elecciones primarias del partido de oposición, poniendo en riesgo el levantamiento de las sanciones. Se esperaba más discusión en una reunión entre líderes latinoamericanos y la administración de Joe Biden este mes durante la cumbre de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas (APEP). Sin embargo, no se dijo nada específico al respecto en la declaración conjunta oficialde la cumbre.
La mayor parte de la minería en Venezuela ocurre en el Arco Minero del Orinoco, una zona que se extiende a lo largo del centro del país, gran parte de ella selva protegida y territorio indígena. El Arco Minero se abrió en 2016 por decreto presidencial —ilegal, según múltiples expertos — y desde entonces ha caído bajo el control de las fuerzas armadas, bandas criminales y grupos guerrilleros. Miles de campamentos mineros y piezas de maquinaria pesada destinadas a la extracción aurífera han sido documentados en imágenes satelitales que rastrean la deforestación.
Una refinería de petróleo en Venezuela. Foto cortesía de PDVSA.
La instrumentalización de pequeñas redes criminales en lugar de empresas mineras formales le ha permitido al gobierno —que está en apuros económicos debido a la corrupción, la inflación y las sanciones— comercializar el oro por debajo con países que no respetan las restricciones comerciales occidentales, como Turquía, Irán y los Emiratos Árabes Unidos. El levantamiento de sanciones no cambiará necesariamente ese modelo de negocio ni siquiera el número de mineros que trabajan en la zona, pero podría facilitar la venta a nuevas refinerías de oro, dice SOS Orinoco, una organización no gubernamental.
Eso significa que la deforestación ocasionada por la minería ilegal probablemente no se disminuirá a corto plazo, al menos no en Venezuela. Pero los países vecinos con problemas similares de minería ilegal, como Surinam, Brasil, Guyana y Colombia, podrían comenzar a lavar o legalizar su oro a través de los nuevos canales legales del país. El levantamiento de las sanciones podría tener un efecto dominó a largo plazo en la región, influyendo en las operaciones de los grupos criminales y cómo circula el oro ilegal a nivel internacional.
“Al levantar la sanción sobre el oro venezolano, Estados Unidos se convierte en copartícipe del saqueo de la Amazonía venezolana y elige ignorar un ecocidio que ahora se vuelve imparable al ser explotado por todos los grupos criminales transnacionales de la región, por lo que será imposible de ocultar”, dijo SOS Orinoco en un comunicado.
Con la industria del petróleo y gas natural, los impactos ambientales son más difíciles de pronosticar. Los derrames —de los cuales hubo al menos 86 el año pasado— se han vuelto más frecuentes a medida que la compañía estatal de petróleo y gas Petróleos de Venezuela (PDVSA) no ha realizado el mantenimiento básico de su infraestructura. No solo es la cantidad de producción lo que determinará la frecuencia de futuros derrames, sino también la neglicencia del gobierno, según el Observatorio de Ecología Política de Venezuela (OEP), una organización de la sociedad civil.
“Eliminar las sanciones no necesariamente mejoraría la gestión ambiental de PDVSA”, explica Emiliano Teran del OEP, diciendo que la corrupción y la ineficiencia deben abordarse independientemente del contexto económico.
El retiro de las sanciones podría impulsar la producción de petróleo y gas de Venezuela y ayudar a la economía del país, pero no significa que PDVSA hará un mejor trabajo de mantenimiento de tuberías, ni de sustitución de tanques petroleros desgastados. Tampoco significa que divulgará datos de derrames de petróleo y estudios sobre el impacto ecológico de estos, lo que permitiría a los científicos evaluar los próximos pasos para los esfuerzos de conservación. Esa información ha estado oculta por el gobierno durante años.
El régimen de Maduro ha creado la imagen de que no cumple promesas hechas en la mesa de negociaciones internacionales. Hace dos semanas, el Tribunal Supremo del país suspendió los resultados de las elecciones primarias del partido de oposición, poniendo en riesgo el levantamiento de las sanciones. Se esperaba más discusión en una reunión entre líderes latinoamericanos y la administración de Joe Biden este mes durante la cumbre de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas (APEP). Sin embargo, no se dijo nada específico al respecto en la declaración conjunta oficialde la cumbre.
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