Voz de América 12 de abril de 2024
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El
desacato a la decisión opositora sobre su candidatura es el más grave
incumplimiento de los compromisos de Barbados entre el chavismo y sus
detractores, opinan expertos. La compresión del cronograma y las trabas para
actualizar datos de miles de votantes también están bajo la lupa.
El
gobierno de Nicolás Maduro ha incumplido al menos tres puntos clave de los
Acuerdos de Barbados, firmados en octubre con sus opositores y con varios
países como testigos, de acuerdo con expertos investigadores de la política
electoral venezolana.
Delegados
del oficialismo y la Plataforma Unitaria de partidos que se le oponen firmaron el 17 de octubre en Barbados una
serie de compromisos de corte electoral y político que marcaba una ruta para
unas elecciones aceptadas por ambas partes.
Los acuerdos fueron respaldados con la presencia de delegados de alto nivel de Colombia, Estados Unidos, México, Brasil, Países Bajos y Rusia, entre otros.
El
antichavismo ha denunciado la violación de parte de los acuerdos una vez
convocada la elección por parte del Consejo Nacional Electoral y a medida que
avanza el cronograma. Andreas Motzfeldt Kravik, secretario de Estado de
Noruega, nación que facilitó el Acuerdo de Barbados, visitó Venezuela a principios de abril y
consideró que es "crucial" que se respete lo pactado.
Entretanto,
miembros de la comunidad internacional, entre ellos presidentes considerados
aliados de Maduro, como Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, y Gustavo Petro,
de Colombia, se han sumado al coro de voces que expresan su preocupación sobre
el cumplimiento de parte del chavismo de los compromisos de Barbados.
José
Vicente Carrasquero, politólogo, advierte que actores y testigos políticos
reflejados en los Acuerdos de Barbados comienzan a interpretar el
comportamiento del gobierno de Maduro “básicamente como una burla”.
El
irrespeto a varios numerales del Acuerdo puede afectar “el grado de
legitimidad” de la elección, prevista para el 28 de julio próximo, dijo.
Con el
concurso de Carrasquero y de los también expertos en ciencia política y
electoral en Venezuela Jesús Castellanos y Leandro Rodríguez Linárez, la Voz
de América enumera cuáles son los puntos de la discordia.
1.
Respeto a la selección del rival
El
primer acuerdo de las partes en Barbados fue reconocer y respetar “el derecho
de cada actor político de seleccionar su candidato de manera libre y conforme a
sus mecanismos internos”, según lo establecido en la Constitución nacional y
las leyes.
Este
punto ha sido “irrespetado gravemente” por el oficialismo al desconocer la
primaria opositora de octubre, ganada por la líder del movimiento Vente
Venezuela, María Corina Machado, inhabilitada por la Contraloría para ejercer
cargos públicos, valoró Castellanos.
Puntualizó
que el oficialismo venezolano “persiguió” jurídica y políticamente a miembros
de la comisión que organizó la primaria, ratificó la inhabilitación de Machado,
inhabilitó partidos opositores “por medidas del CNE” y “dificultó” postulaciones
de la sustituta de la ganadora de la primaria, la académica Corina Yoris.
Las
dos tarjetas disponibles para la oposición inscribieron a última hora dos
candidatos que no se tenían en cuenta en el lapso de postulaciones: Un Nuevo
Tiempo postuló a su fundador y gobernador del Zulia, Manuel Rosales, y la
Plataforma Unitaria hizo lo propio con el diplomático Edmundo González Urrutia,
que esperar sustituir pronto.
Rodríguez
Linárez, por su parte, estimó que el reemplazo de Rosales o González Urrutia,
que debe ocurrir antes del 20 de abril si la oposición desea que esos cambios
se reflejen en el tarjetón el día de la elección, depende de la voluntad
política del chavismo.
Advirtió
que las negaciones de las postulaciones de Machado o, en su defecto, de su
sustituta por consenso “no tienen explicaciones jurídicas ni políticas”,
citando lo dicho en iguales términos por el presidente de Brasil.
“Es
grave”, dijo Lula sobre la exclusión de Machado del tarjetón de candidatos.
2. La
fecha de la elección y el cronograma apretado
El
chavismo y la oposición acordaron en Barbados “proponer” que la elección se
celebrara en el segundo semestre del año. Este es un punto que se cumplió en el
papel, convocada la elección para finales de julio, pero la fecha no fue
pactada por ambos bloques.
Castellanos,
por su lado, consideró que planificar el proceso comicial en sólo 4 meses y
medio no beneficia que haya “mejores condiciones electorales”. La votación
ocurrirá 6 meses antes de la juramentación del presidente que sea elegido el 28
de julio, además.
Antes
de la convocatoria, el chavismo promovió conversaciones políticas en la capital
venezolana con candidatos, dirigentes políticos y partidos ajenos a la
oposición tradicional con la que negoció en Barbados, con el fin de presentar
una propuesta de fecha y condiciones electorales al CNE, cuyo resultado bautizó
como el Acuerdo de Caracas.
Rodríguez
Linárez, por su parte, advirtió que la fecha ha favorecido que no haya “un
escenario electoral limpio y transparente” en las distintas fases del
cronograma, por lo que consideró que es “factible” que se discuta seriamente la
posibilidad de postergarla.
En
2018, las controvertidas elecciones presidenciales se postergaron algunas
semanas tras un acuerdo entre el gobierno venezolano y el candidato
antichavista Henri Falcón: se movieron de la fecha inicial, el 22 de abril, al
20 de mayo. La oposición tradicional decidió no participar en esas votaciones
alegando su convocatoria ilegítima y fraudulenta.
Carrasquero,
por su lado, subrayó las denuncias de un “descarado desequilibrio legal a favor
del régimen” en las pautas del proceso decididas en el CNE.
3. La
actualización del registro de votantes
El
chavismo y sus opositores prometieron en Barbados que la actualización del
padrón de votantes, conocido en Venezuela como el Registro Electoral, incluyera
jornadas especiales de inscripción, campañas de información, continuidad del
proceso de cedulación en todo el país (con operativos especiales) y atención
especial para jornadas del padrón en el extranjero, “sin más limitaciones que
las previstas en la Constitución con la ley”.
La
jornada aprobada por el CNE “no garantiza la inscripción y actualización de
millones de venezolanos” en los términos planteados, en sólo 1 mes, con
retrasos y horarios limitados en la atención al elector en los puntos de
actualización de datos, evaluó Castellanos.
Calificó
de “extremadamente grave” la vulneración de los derechos de los venezolanos que
residen en el extranjero, donde el personal de consulados y embajadas exigen
“condiciones por encima de las ya restrictivas de ley”, como tener el pasaporte
vigente y contar con una residencia definitiva en al país anfitrión, “en clara
violación” de la Constitución.
“También,
destacan el tardío inicio de la jornada entre semana y media o dos de retraso
(desde el inicio de la jornada extraordinaria), el irrespeto del concepto de
días continuos -no prestan servicio sábados y domingos-”, indicó.
La
observación internacional, apenas en marcha
Los
Acuerdos de Barbados contemplan invitaciones a misiones técnicas de observación
electoral de la Unión Europea, el Panel de Expertos Electorales de la ONU, la
Unión Africana, la Unión Interamericana de Organismos Electorales y el Centro
Carter.
Esta
semana, comenzaron a llegar a Caracas misiones exploratorias para esa
observación de Europa y el Centro Carter. Elvis Amoroso, actual presidente del
CNE venezolano y ex diputado del partido de gobierno y ex contralor general del
país, advirtió a los observadores que pueden hacer veeduría electoral, pero
deben “respetar la normativa venezolana”.
Aún es
pronto para evaluar el punto sobre la observación electoral extranjera,
advirtió Castellanos. Rodríguez Linárez, por su lado, estimó que esas misiones
“no darán un giro muy importante” en comparación con sus actuaciones en
elecciones pasadas en Venezuela, matizando que sus actuaciones no tendrán mayor
influencia en el "desenlace" de la votación de julio.
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