AMADO FUGUET 04 de junio de 2017
@AMADOFUGUET
Desde
que se iniciaron las protestas hace dos meses, el cuadro reputacional de los
actores claves en la sociedad en el país ha tenido cambios sustanciales. Este
movimiento es generado por la percepción que tiene la ciudadanía sobre las
posiciones asumidas y las actuaciones públicas de estos factores sobre los
grandes asuntos públicos que han concentrado la atención nacional e
internacional.
Una de
las variables fundamentales cuando se construye un mapa de actores claves es la
reputación. Tiende a ser positiva cuando la mayoría le otorga reconocimiento a
determinado actor por sus posiciones y comportamientos en función de lo que esa
colectividad espera de él. Y se hace negativa para determinados sectores cuando
esa mayoría estima que éstos están expresando criterios y actúan contra lo que aspiran
y defienden.
Con la
buena reputación ante la mayoría se gana confianza y con la mala se pierde. Por
lo tanto, los que suman confianza acumulan credibilidad, y los que ven mermada
la confianza la reducen. Los primeros tienen entonces más poder de influencia y
los segundos menos. Aún a pesar de que éstos tengan mayores recursos y poder
para tomar decisiones.
Uno de
los grandes influyentes es la Iglesia. En los estudios de opinión pública
siempre aparece este sector en los primeros lugares como una de las
instituciones que generan confianza. Y en medio de la crisis ha fortalecido su
reputación, sobre todo porque desde principios de años fue marcando la agenda
de lo que sería el debate y la respuesta de las instituciones y la ciudadanía
ante la crisis. Desde enero fijó posiciones que se convirtieron en el preludio
de las manifestaciones que se escenifican en el país desde abril.
Igual
ha ocurrido con otros factores de la sociedad, como los estudiantes y las
universidades, quienes han venido acompañando durante años recientes a la
Iglesia en este cuadro de confianza. El movimiento estudiantil y las
comunidades universitarias han sido actores protagonistas y movilizadores en
las protestas. Tienen un liderazgo influyente que se ha fortalecido.
Dentro
del cuadro de actores de mayor confianza también hizo méritos la empresa
privada en los últimos tres años para ganar posiciones. La opinión pública fue
reconociendo que el sector productivo privado es fundamental para superar los
problemas de abastecimiento que afectan a la población, derrotando la fallida
tesis oficial de una supuesta guerra por parte de los empresarios para acabar
con la economía. Este sector, aunque ha mantenido un protagonismo prudente en
el liderazgo de las protestas, ha fijado duras críticas contra propuestas como
la constituyente.
En el
ámbito de los actores más políticos ha habido un cambio relevante. Luego de las
elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, la Asamblea Nacional había
ganado escalones en el ranking reputacional, partiendo de la promesa de cambio
en 2016, pero al no cumplirse las expectativas, perdió terreno. Igual ocurrió
con la MUD, sobre todo después de los episodios de diálogo que desfiguraron la
confianza que había construido durante la campaña electoral de 2015 y las
movilizaciones que se dieron en la búsqueda del revocatorio.
Las
encuestas más recientes reflejan un importante repunte de la Asamblea Nacional
y de la MUD, en lo cual han tenido que ver varios factores. Uno de ellos está
en las posiciones asumidas para denunciar el progresivo golpe de Estado que ha
devenido en la calificación al régimen como dictadura. Otro es la presencia
constante y a la vanguardia de los líderes -en lo cual sobresale la generación
de políticos emergentes- en las manifestaciones caracterizadas por una intensa
represión. Y también en una estrategia y un mensaje más coherente por parte de
la dirigencia opositora.
La
Asamblea Nacional ha resurgido, sobre todo porque en la medida en que ha ido
avanzando la crisis, ha venido acercándose más a la sociedad, con iniciativas
como el Frente Nacional de Defensa de la Constitución. Pero además ha logrado
ser reconocida como el gran interlocutor por parte de la comunidad
internacional.
Pero
hay un actor en el mapa de poder que ha ganado confianza en sí misma: la
ciudadanía. Su presencia en las calles, su involucramiento en el registro de
violaciones a los derechos humanos, su participación en la discusión pública y
su rechazo las trasgresiones a sus derechos políticos -el voto especialmente-
entre otros atributos, ha impulsado su reputación. Con ello, su poder de
influencia se ha incrementado, dentro y fuera del país. Ella misma se nutre
para movilizar y ejerce presión sobre otros actores.
- Reputaciones a la baja -
En
contraste, el Presidente, el Gobierno y los demás poderes públicos vinculados a
ellos, han perdido confianza sostenidamente ante una mayoría que tiene
aspiraciones distintas a las que promueven y narran estos actores.
Las
elecciones parlamentarias ya lo habían evidenciado. La población se expresó en
forma tan contundente que el mapa de poder se sacudió. Uno de los poderes
públicos más relevantes, la Asamblea Nacional, quedó en manos políticas
distintas a las que hasta entonces la conducían.
Y en
la medida en que agudizaban los problemas de la población, el crédito del
gobierno como solucionador de los problemas fundamentales, como la escasez, la
inflación y la delincuencia, se fue diluyendo cada vez más. Más aún, la mayoría
le ha endilgado al gobierno la responsabilidad definitiva de los problemas que
le están golpeando en la cara: el hambre, la desnutrición, la falta de
medicamentos, la precariedad de la atención en los centros de salud, entre
tantas otras calamidades.
Este
descalabro reputacional se ha venido profundizando desde el momento cuando el
TSJ tomó la famosa decisión de eliminar los poderes a la Asamblea Nacional y
que fue denunciada como un golpe de Estado.
Ese
episodio, la represión violenta a los manifestantes en las protestas, y la
propuesta para realizar una Constituyente sin aprobación del soberano, han
tenido un impacto negativo en la percepción del público, arrastrando a
distintos actores del elenco oficial: El Ejecutivo, el TSJ, la FANB, el CNE y
la Defensoría del Pueblo.
La
pérdida de la ya decaída confianza en estos actores, se vio acentuada cuando
surgieron las sorpresivas posiciones y actuaciones que ha tenido la Fiscalía
General de la República, lo que ha significado la principal ruptura dentro de
los actores claves del poder. Esta institución, de por sí, es tal vez la única
dentro del sector oficial, que ha revertido en buena medida la desconfianza por
parte de otros actores de la sociedad, a pesar de sus actuaciones precedentes.
Esta
pérdida reputacional en las filas del poder oficialista, también la ha tenido
internacionalmente. En forma notoria la comunidad internacional ha hecho saber
su posición crítica. Organismos regionales, mundiales, parlamentos, gobiernos,
ONG, medios de comunicación y figuras influyentes han denunciado al régimen, de
tal forma que el reconocimiento que una vez llegó a tener la revolución en
determinados ámbitos internacionales, ha caído estrepitosamente.
- La ANC con falla de origen -
La
Asamblea Nacional Constituyente, en este momento, no existe como institución.
Pero en el escenario de que llegara a instalarse, vendría con una partida de
nacimiento sin la legitimidad y la legalidad que debería tener para tener
reconocimiento.
Una
institución que es promovida por otras que aparecen en las encuestas con los
menores índices de confianza entre los distintos actores clave de la sociedad,
parte con un desprestigio de origen.
Al no
contar con la legitimidad que solo sería posible con un referéndum consultivo,
sus actos no tendrán el reconocimiento debido por parte del soberano. Y por
supuesto, tendrá una base legal constitucional precaria.
Si
alguna institución necesita el más alto nivel reputacional posible, es una
Asamblea Constituyente. Al no tener consigo la confianza y el respeto de los
demás actores de la sociedad y de los ciudadanos, en lugar de solventar la
crisis, su posible existencia y sus actuaciones podrían profundizarla, con
consecuencias nefastas para la sociedad en su conjunto.
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