El apagón eléctrico llegó con el socialismo del siglo XXI en Venezuela, por @folivares10

Francisco Olivares 09 de septiembre de 2023

@folivares10

En Venezuela 31% de la población no tiene acceso al sistema eléctrico formal y trabaja a 30% de su capacidad instalada. En una investigación, coordinada por CEDICE, el ingeniero Jesús Armas presenta un diagnóstico de cómo la corrupción y la estatización de todo el servicio eléctrico nacional son las principales causales del deterioro del sistema, a pesar de tener un país de grandes reservas energéticas.

Mientras Venezuela vivía una grave crisis económica, política y social, en marzo de 2019 se produjo un hecho sin precedentes en un país que había sido una importante potencia petrolera y energética. Para asombro de una población que pensaba que ya no se podía estar peor, se produjo un “apagón eléctrico”, el más grande de toda su historia. Afectó a todo el país y dejó en la oscuridad a todo el territorio. Luego otros tres apagones consecutivos en casi todo el territorio revelaron la magnitud de la crisis del sistema.

El primero de ellos ocurrió el 7 de marzo de 2019 por tres días continuos a nivel general, y entre cinco y siete en algunos estados. La causa del apagón fue una falla en la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar de la represa del Guri, la más importante del país, en el estado Bolívar. A los ocho días comenzó el restablecimiento del servicio, pero con cortes continuos en la mayoría de las regiones. Pero el 25 de marzo se registró un segundo apagón donde nuevamente quedó sin energía la mayor parte del territorio por una nueva falla en la Central Hidroeléctrica. Una semana más tarde, el 29 de marzo sobrevino un tercer apagón, que duró más de 4 días y afectó a 23 estados y el 9 de abril se produjo un cuarto apagón en toda Venezuela. A pesar de que el sistema eléctrico del Estado (Corpoelec) ha privilegiado el envío de energía a Caracas, la capital también recibió su dosis de apagones aunque en menos dimensiones que el resto del país.

Desde entonces los apagones se han vuelto frecuentes y los cortes programados ahora son constantes con regiones que lo sufren a diario y hasta por varios días.

Las causas de la crisis eléctrica permanente que ahora viven los venezolanos puede encontrar una larga lista de factores como la falta de mantenimiento, la extendida corrupción, el desabastecimiento de combustible que sufre el país que afecta a las termoeléctricas, los bajos salarios, la inexperiencia de quienes son asignados por razones políticas para dirigir a Corpoelec y la fuga de especialistas que se han ido de la industria y migrado a otros países. Pero todos esos factores encuentran una causa común que ha sido la llegada al país del chavismo con la implantación del modelo de estatizaciones del socialismo del siglo XXI.

Así concluye esta serie de investigaciones auspiciadas por el Centro de Estudios Económicos (CEDICE), en alianza con la Asociación Civil Ciudadanía sin Límites. En esas investigaciones se abordó la crisis energética en el país en las áreas eléctrica, gas e hidrocarburos. El estudio señala que el declive energético que sufre el país tiene su origen en un sistema político y económico que ha hecho que el país pierda más del 75% de su Producto Interno Bruto (PIB) debido al alto grado de intervencionismo del Estado, lo cual ha impactado sobre la seguridad jurídica y los incentivos para invertir.

Como lo observa el presidente de CEDICE, Carlos H. Blohm, se trata de contribuir a contrarrestar las ideas estatistas que han sumido al país en una crisis económica, que hace difícil que como individuos se logre una existencia digna y libre. A través de este programa “Energía y Dignidad Humana”, con la libertad como herramienta para acabar con la pobreza energética se han desarrollado una serie de investigaciones con propuestas de políticas públicas que permitan la transformación de los sectores energéticos nacionales a fin de lograr mejor cobertura y dignidad a todos los venezolanos.

El ingeniero Jesús Armas, director de la asociación civil Ciudadanía sin Límites, quien realizó un diagnóstico de la historia del sistema eléctrico venezolano en este estudio, destaca que “si la iniciativa privada trajo la electricidad a Venezuela la estatización apagó las luces, con ello, deterioró la calidad de vida de millones de personas y disminuyó la productividad de la economía nacional”. En mayo de 2022 el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos identificó que 31,6% de la población venezolana no tiene acceso a electricidad de manera formal.

Eso ha ocurrido en un país con gran potencial energético, la nación con las mayores reservas de petróleo del mundo, con las octavas reservas más grandes de gas natural y con un potencial importante para las energías renovables.

En lo que a electricidad se refiere, Venezuela triplicó su consumo anual entre 1980 y el año 2000, de 30 a 88 teravatios hora (TWh). Esa expansión estuvo fundamentalmente asociada al aumento de las fuentes hidroeléctricas. Esta tendencia comenzó a declinar a partir de mediados de la primera década del siglo XXI cuando la capacidad de producción de electricidad de origen termoeléctrico casi se duplicó y la energía hidroeléctrica comenzó a escasear por la sequía, la corrupción y la ineficiencia, señala Armas.

El apagón estatista

Refiere el estudio de Armas, que la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 significó un cambio de paradigma político y económico: el “socialismo del siglo XXI” que impidió avanzar en la liberalización del sector eléctrico que venía consolidándose a partir del segundo período de gobierno de Carlos Andrés Pérez.

El nuevo proyecto de Pérez a partir de su ascenso al poder en 1989 que se conoció como “El Gran Viraje”, distaba mucho del que guió a su primer gobierno. En ese período se inició una reestructuración del sector eléctrico con un nuevo marco legal como Ley de Privatizaciones (1992), apertura progresiva del sector a la libre competencia (decreto No. 2383, de 1992), separación de los negocios de generación, transmisión, distribución y comercialización (decreto No. 1558, de 1996) y la creación de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (decreto No. 2383, de 1992).

Sin embargo las presiones políticas de sus opositores, el llamado “Caracazo”, y un juicio en su contra por la utilización de recursos de la “partida secreta”, destinada a apoyar el proyecto democrático en Nicaragua, terminaron sacándolo de la Presidencia y truncaron su proyecto económico liberal. De allí que las reformas que intentó promover no tuvieron mayores avances. La única privatización que se concretó fue la de los activos de Cadafe en Nueva Esparta, con el Sistema Eléctrico del Estado Nueva Esparta (Seneca) que se convirtió, junto a C.A. La Electricidad de Caracas, en una de las empresas con mejor calidad de servicio del país.

Una de las medidas fundamentales que tomó el gobierno de Hugo Chávez que afectó el sistema eléctrico venezolano fue en 2007 con el decreto No. 5330 de Ley Orgánica de Reorganización Sector Eléctrico que ordenó la creación de la Corporación Nacional de Electricidad (Corpoelec), monopolizó el sector eléctrico y fusionó todas las empresas públicas y privadas.

El auge eléctrico

Venezuela disfrutó de un gran desarrollo en el servicio eléctrico a partir de la construcción de importantes fuentes hidroeléctricas. La más importante, la Central Hidroeléctrica Raúl Leoni, ubicada en la represa del Guri, al sur del país, fundada en 1974, y renombrada como Simón Bolívar en 2006, un proyecto se comenzó a planificar desde 1947.

Sin embargo, esa tendencia de crecimiento comenzó a cambiar con la llegada del chavismo a partir de 1999 con las medidas de expropiación y estatizaciones que impulsó Chávez.

Refiere el estudio de CEDICE y Ciudadanía sin Límites que en 2010, luego de expropiarse las empresas privadas, se promulgó la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico que estableció a Corpoelec como el operador y prestador único, encargado de todas las fases del negocio eléctrico, que contempla la generación, transmisión y comercialización en todo el territorio nacional. Armas indica que “este modelo ha traído muchas consecuencias negativas como el racionamiento eléctrico, problemas de mantenimiento, los casos de corrupción y desequilibrios financieros de la empresa”.

Declive socialista

Para 2018 la capacidad nominal instalada total del país era de 36 mil 732 megavatios (MW), de los cuales, 53,7% corresponde a generación termoeléctrica, 46% a hidroeléctrica, más una muy pequeña generación eólica inferior al 1%.

Sin embargo, ya desde 2008 comenzaron los problemas para satisfacer la demanda. A pesar de que la capacidad instalada estaba en 36 mil 732 megavatios en 2019, la capacidad efectiva de las centrales térmicas solo alcanzaron a generar aproximadamente 3 mil megavatios y las hidroeléctricas 11 mil megavatios. El parque termoeléctrico es el que ha sufrido el mayor declive operativo que ha dejado a buena parte del país, en especial al occidente, en un grave estado de vulnerabilidad y al sistema general en una condición muy frágil frente a cualquier falla o disminución de la generación hidroeléctrica. Las termoeléctricas dependen especialmente de hidrocarburos para operar.

El estudio señala que los gobiernos del chavismo han sobreexplotado la represa de Guri y violado los límites de capacidad del sistema de transmisión Guayana-Centro, con el objetivo de garantizar el suministro de energía a Caracas y tratar de satisfacer la demanda nacional. Como se ha señalado, apenas está operativo 30% de la capacidad instalada nacional.

De allí que el sector energético enfrenta un dilema: sin hidrocarburos el parque termoeléctrico no puede funcionar y sin electricidad no se puede aumentar la producción de petróleo.

El director de Ciudadanía sin Límites explica que el sistema troncal de transmisión también presenta graves fallas. Para transmitir la electricidad producida, tanto por las hidroeléctricas en el estado Bolívar y en la región andina como por las termoeléctricas, se desarrolló un sistema troncal interconectado formado por líneas de 765, 400 y 230 kilovoltios (kV).

Pero la falta de mantenimiento ha dejado a este sistema de transmisión en muy mal estado. No se inspeccionan las torres ni las líneas de transmisión; tampoco hay un inventario de repuestos. Muchas torres están hoy invadidas por la maleza; de hecho, una de las explicaciones del gran apagón de 2019 es que ocurrió un incendio en la vegetación que afectó a una de las principales líneas de transmisión. En definitiva, para Armas todo el sistema de transmisión es muy vulnerable.

Altos costos y pocos ingresos

Finalmente, el último problema clave del sector, que identifica Armas, es su inestabilidad financiera. Los problemas financieros que enfrenta Corpoelec tienen su raíz en la combinación de grandes pérdidas de distribución (alrededor del 35%) con unas muy bajas tarifas a los usuarios formales. Los subsidios del Estado al sector fueron de 13 mil 900 millones de dólares en 2013 y de 11 mil millones en 2014, que representaron 5,5 y el 4,3%, respectivamente, del PIB. Se trata de una carga fiscal muy importante. Sin embargo, los subsidios han sido insuficientes para cubrir los costos de satisfacer la demanda eléctrica.

El estudio destaca que los escasos ingresos de Corpoelec se han traducido en bajos salarios para sus empleados, lo que sumado a la politización de la empresa ha ocasionado que mucho personal técnico haya dejado la organización.

La consecuencia del estado actual del sistema eléctrico es mantener sometido a la población a continuos racionamientos que ponen en riesgo los sistemas de salud, de distribución de agua potable, transporte público y educación, entre muchos ámbitos de la vida social y económica. Al menos 233 personas murieron entre 2019 y 2021 en hospitales en Venezuela, debido a las fallas eléctricas que constantemente se registran en el país, reveló la Encuesta Nacional de Hospitales (EHN), que cuenta con el aval de la Academia Nacional de Medicina.

Más estatizaciones

En 2023 está prevista la aprobación del proyecto de Ley de Energías Renovables y Alternativas, inspirado también por un espíritu estatizador. El artículo 10 de esta ley declara “de interés público y carácter estratégico para la Nación el desarrollo, promoción, regulación y aprovechamiento de las energías renovables y alternativas”. De la misma forma, plantea que las organizaciones del Poder Popular tendrán participación protagónica en la gestión de las energías renovables. Además, esta ley promueve la creación de conglomerados industriales y zonas económicas para producir equipos de generación de energías renovables, el fomento estatal y el uso de los subsidios como política clave. “En definitiva, esta ley es un claro obstáculo a la participación privada”, señala el ingeniero Armas.

No hay rectificación

El manejo de recursos públicos sin contraloría y con fines políticos ha devenido en la alta corrupción que ha vivido el país que se estima en aproximadamente 63 mil millones de dólares. Las diversas denuncias de los años del chavismo en el poder dan cuenta de numerosos casos en los que el gobierno “distribuyó contratos” para recuperar el sistema eléctrico con millones de dólares sin licitación que enriquecieron a los altos funcionarios de su gobierno con obras que nunca se construyeron. Muchos de estos casos condujeron a investigaciones internacionales, por corrupción y lavado de dinero.

Transparencia Venezuela estima que la corrupción se llevó 61% de la inversión eléctrica en 15 años (entre 1999 y 2016). En ese tiempo se destinaros 37 mil 691 millones de dólares para obras de la industria eléctrica con sobreprecios estimados en 23 mil millones de dólares.

En 2019 había 19 casos investigados en Estados Unidos, sobre una de las más grandes redes de corrupción detectadas con conexiones en varias naciones. En junio de 2019 se presentaron en el Distrito Sur de Florida cargos por lavado de dinero contra el ex ministro de Energía Eléctrica y expresidente de Corpoelec, general Luis Motta Domínguez, acusación que también recayó sobre el exviceministro de Finanzas e Inversiones del mismo ministerio, el militar, Eustiquio José Lugo Gómez. Casi en paralelo, la Oficina del Tesoro para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a ambos generales.

Otros de los casos sonados fue la contratación de la empresa Derwick Associates, a la que se le adjudicaron proyectos aunque no tenían experiencia previa en el área. De los 40 proyectos energéticos aprobados entre 2010 y 2014 analizados por Transparencia Venezuela, 17 no se terminaron. Ninguno está funcionando a plena capacidad y se identificó un cobro excesivo por miles de millones de dólares.

De las obras que no fueron concluidas destaca el caso de la Central Hidroeléctrica Tacoma. El consorcio Odebretch-Impregilo-Vincler fue el encargado de llevar a cabo esta obra, que no solo tuvo un incremento en su costo de 239% respecto al costo inicial previsto, sino que, a pesar de que su culminación estaba prevista entre 2012 y 2014, en 2023 aún no está terminada y por ende no aporta energía al sistema eléctrico.

Otros de los casos sonados fue la contratación de la empresa Derwick Associates, a la que se le adjudicaron se le adjudicaron proyectos sin experiencia previa en el área. De 40 proyectos energéticos aprobados entre 2010 y 2014 analizados por Transparencia Venezuela, 17 no se terminaron. Ninguno está funcionando a plena capacidad y se identificó un cobro excesivo por miles de millones de dólares.

Abrir las puertas

La investigación de CEDICE, en el capítulo dedicado a la energía eléctrica, presentado por el especialista Jesús Armas, concluye que Venezuela requiere de una profunda reforma de la gobernanza del sector eléctrico como base para la transición energética.

Para ello es necesario promover la participación del sector privado en las etapas de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica.

Se advierte que para hacer esta reforma, se requiere que los planificadores y ejecutores de políticas públicas estén atentos a los riesgos de llevar a cabo un proceso de apertura en un contexto institucional débil.

De allí que hay que aprovechar las oportunidades que permitan avanzar en todas las reformas posibles y los procesos de privatización o de asignación de concesiones deben ser muy transparentes. Estos procesos deben ser llevados por organismos independientes de acuerdo con las buenas prácticas de licitaciones públicas.

Resalta que este punto muy importante para no repetir errores como los de algunos países de Europa del este, en donde, tras la transición a la democracia, oligarcas asociados al sistema político socialista capturaron muchas empresas del Estado.

El estudio de Armas considera que Venezuela debe trascender el modelo estatal y definitivamente abrir las puertas hacia una cooperación entre los sectores público y el privado que permita que el negocio de la energía sea integral y no solo pensado para los hidrocarburos. “Solo así se podrá tener un sector energético capaz de mitigar el cambio climático y ofrecer oportunidades de progreso a los venezolanos”, ratifica Armas.

Tomado de: https://eko.red/blog/el-apagon-electrico-llego-con-el-socialismo-del-siglo-xxi-en-venezuela

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