María Luisa Paúl 19 de mayo de 2024
Provea
fue reconocida la semana pasada por la Oficina en Washington para Asuntos
Latinoamericanos por su valentía en la investigación de violaciones del régimen
de Maduro y el apoyo a las víctimas
En el
corazón de la capital venezolana, un grupo de derechos humanos ha
blindado las ventanas de su oficina para resistir balas y explosiones
de granadas. Es un duro recordatorio de los riesgos que entraña vigilar y
documentar los abusos cometidos contra decenas de miles de venezolanos,
que, según los investigadores, a menudo son perpetrados por el gobierno del
país.
Provea, abreviatura del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, ha sido declarada en los últimos meses “enemiga del pueblo” por funcionarios del gobierno, que la han acusado de conspirar contra el país. Hace dos semanas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo multilateral que trata de salvaguardar los derechos humanos en todo el continente americano, pidió al gobierno venezolano que permitiera a Provea continuar su labor sin interferencias, después de que la organización denunciara amenazas por parte de agentes del Estado.
Marino
Alvarado, coordinador del programa legal de Provea, dijo que a
medida que se acercan las elecciones de julio en Venezuela, al menos tres
activistas locales de derechos humanos han sido detenidos arbitrariamente.
Tras una de esas detenciones, las autoridades venezolanas también expulsaron del país a funcionarios de derechos humanos de
las Naciones Unidas.
Vigilar
esas injusticias puede parecer una tarea gigantesca para lo que él llamó un “pequeño
pero poderoso” equipo de 14 personas, que fue reconocido la semana pasada
por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos por
su valentía en la investigación de violaciones de derechos humanos, el apoyo a
las víctimas y la promoción de la democracia en Venezuela. Aún así, Alvarado
añadió: “A medida que la situación empeora en Venezuela, sólo nos
sentimos más comprometidos con nuestro trabajo.”
“La
gente necesita nuestra ayuda ahora más que nunca”, dijo
Alvarado. “Así que el gobierno puede ilegalizarnos y amenazarnos todo lo que
quiera, pero nunca dejaremos de defender a Venezuela, su democracia
y los derechos de su pueblo.”
Funcionarios
del gobierno venezolano no respondieron a las solicitudes de comentarios de The
Washington Post.
Provea
se fundó en Caracas en 1988 como organismo independiente de
vigilancia de los derechos económicos, sociales y culturales del país. Ese
trabajo ha causado “varios grados de tensiones” con las diferentes
administraciones a las que Provea ha tratado de exigir responsabilidades, dijo
Alvarado, que ha trabajado en la organización durante 27 años.
Pero
la situación ha cambiado drásticamente en la última década.
Aunque la Constitución venezolana establece que el gobierno debe investigar las
violaciones de los derechos humanos, Alvarado afirmó que a menudo prevalece
la impunidad. Provea y otros grupos consideran ahora su deber rastrear
lo que los funcionarios no hacen, una labor que, según Alvarado, ha
desencadenado represalias en forma de detenciones, amenazas,
allanamientos y campañas de desprestigio.
Grupos
armados respaldados por Nicolás Maduro -conocidos como
“colectivos”- han acudido a la oficina de Provea para proferir amenazas en
múltiples ocasiones en los últimos años, dijo Alvarado. Las fuerzas
paramilitares y los servicios de inteligencia del país secuestraron
temporalmente a uno de los colegas de Alvarado en 2014. Al año siguiente, días
después de que Provea solicitara por primera vez protección a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Alvarado y su hijo de 9 años
regresaban a casa cuando fueron abordados por tres hombres armados, que golpearon
a Alvarado y hurgaron en su casa durante casi una hora.
Aun
así, Alvarado afirmó que la magnitud de los ataques y los riesgos nunca
habían sido “tan grandes como ahora”. Su organización ha rastreado casos de
activistas y ciudadanos de a pie encarcelados por hablar en contra del
gobierno, dijo.
Las
autoridades han detenido a miembros del personal de campaña de la líder
opositora María Corina Machado y han dictado órdenes de
detención contra periodistas que han destapado casos de corrupción
gubernamental. El martes, Foro Penal, una organización de derechos
humanos con sede en Caracas, dijo que Venezuela tiene 273 presos
políticos.
La carga
de trabajo para el personal de Provea ha “crecido exponencialmente”, dijo
Alvarado.
Desde
que Maduro asumió el poder en 2013, Provea ha identificado a más de 43.000
personas cuyo “derecho a la integridad personal” ha sido violado, incluidas
1.652 que fueron torturadas y 7.309 que fueron sometidas a tratos o penas
“crueles, inhumanos y degradantes”. La organización contabilizó más de 2.600
víctimas de violaciones de derechos humanos en 2023, un 20% más que el año
anterior. El trato inhumano, según la organización, ha causado al
menos 28 muertes dentro de los centros penitenciarios del país.
Maduro
y su administración han negado durante mucho tiempo perpetrar violaciones de
derechos humanos y mantener presos políticos.
Pero
desde 2019, la Misión de Investigación de la ONU sobre Venezuela ha
publicado una serie de informes que detallan graves
violaciones de los derechos humanos -incluidas ejecuciones
extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas-
ordenadas por Maduro y su círculo más cercano para silenciar, desalentar y
sofocar a la oposición, según los investigadores. Las víctimas, según el grupo
de la ONU, suelen ser sindicalistas, periodistas, activistas, estudiantes y
opositores al gobierno.
Venezuela es
también el único país de América Latina con una investigación abierta
en la Corte Penal Internacional por posibles crímenes contra la humanidad.
El 3 de mayo, expertos de la Organización de Estados Americanos -organismo
regional multilateral del hemisferio occidental- pidieron a la CPI que dictara
órdenes de detención contra funcionarios venezolanos. Esos funcionarios,
dijeron los expertos, no sólo han perpetrado violaciones de derechos humanos,
sino que también han establecido un sistema de impunidad que deja a “la gran
mayoría de las víctimas de crímenes de lesa humanidad sin ningún recurso a la
justicia.”
Los
grupos de derechos humanos intentan llenar ese vacío “haciendo el
trabajo que el gobierno debería estar haciendo, todo ello mientras son
perseguidos por el gobierno”, afirmó Génesis Dávila,
abogada de derechos humanos y fundadora de Defiende Venezuela, que
ha representado a víctimas ante la CPI. Pero afirma que el movimiento de
derechos humanos no ha hecho más que fortalecerse con los años, en gran medida
gracias a la colaboración entre grupos.
“Cuando
estamos en una situación en la que no hay voluntad política para hacer un
seguimiento de estos casos, no hay un sistema de justicia que funcione
y no hay equipos de investigación”, dijo Dávila, “el trabajo de las
organizaciones de derechos humanos en el registro de lo que sucede en Venezuela
se ha vuelto increíblemente importante.”
En una
declaración a The Post, un portavoz del Departamento
de Estado de EEUU se hizo eco de Dávila, diciendo que la agencia “elogia
a los defensores de derechos humanos y periodistas venezolanos por su
trabajo esencial en apoyo de una Venezuela más democrática a pesar de los
riesgos para ellos y sus familias. Seguimos pidiendo el fin del acoso, la
detención y el arresto de actores de la sociedad civil”.
En
Washington, elogios similares llenaron una sala del Hotel Hamilton la semana
pasada cuando Alvarado y Lissette González,
investigadora y coordinadora de monitoreo de Provea, aceptaron el Premio
de Derechos Humanos 2024 de la Oficina en Washington para Asuntos
Latinoamericanos por el trabajo de la organización.
Gónzalez
dijo que conoce bien el dolor de las familias de las víctimas: su padre, Rodolfo
González, de 63 años, fue detenido en 2014 tras participar en las protestas
estudiantiles que se produjeron en Venezuela ese año. Murió por suicidio
mientras estaba detenido al año siguiente. Nunca fue condenado ni se investigó
su muerte, según su hija.
Cinco
años después, la muerte de su padre llevó a Lissette Gónzalez,
entonces profesora de sociología, a cambiar de profesión y convertirse en
defensora de los derechos humanos. También escribió un libro sobre la
experiencia de su familia.
Aunque
ahora se dedica a recoger testimonios de las familias de las víctimas, aún
mantiene la esperanza de que las cosas puedan cambiar en Venezuela, dijo González
a las más de 400 personas reunidas para la ceremonia de entrega del premio.
“Hay
resistencia: la esperanza de cambio está en el aire”,
afirmó.
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